​Al inicio de la pandemia del COVID 19, allá por el mes de marzo de 2020 los bancos hicieron el anuncio a través de medios masivos de comunicación y magníficas campañas publicitarias de su buena disposición de socorrer a sus clientes que habrían tenido que quedarse en casa y suspender su actividad económica en los vencimientos de los próximos pagos de sus créditos, así, llamaron programas de ayuda, a las medidas de diferimiento de los cuatro, seis u ocho próximos pagos de créditos personales, hipotecarios, de auto o tarjeta de crédito, esa ayuda terminó en trampa, pues dio lugar a más intereses, o capitalización de los mismos, naciendo así los “Intereses Covid”.

La medida fue básicamente un permiso de las autoridades hacendarias a las instituciones de crédito para dispensarlas temporalmente de ciertos pagos, que a su vez, estos cargaron a sus clientes; como es muy su costumbre, procedieron con abuso al no dejar leer -menos explicar- las letras chiquitas en cada uno de los casos, de tal manera que esos pseudo apoyos, fueron aplicados -incluso- a quienes en aquellos ayeres, debido a ahorros no tenían la necesidad de diferir los pagos, y aún así lo aceptaron creyendo de buena fe en su banco, todos terminaron pagando intereses covid, sobre un plan que se suponía no iba a generar esa carga, pues si no se podía pagar capital, ¡menos intereses!

Pues el colmo ha sido que hasta el Impuesto al Valor Agregado (IVA) han generado los dichosos intereses covid, hasta eso nos dejó la pandemia, pagar impuestos sobre la tragedia.

Hoy que cursamos el tercer trimestre del tercer año de la pandemia, seguimos pagando los platos rotos de la falta de programas reales, efectivos, “pagables”, en pocas palabras de apoyo verdadero a los clientes bancarios que durante muchos años, pagaron a manos llenas a los banqueros los intereses pactados por créditos diversos. 

¡No se vale!, no se vale que todo eso haya pasado con el consentimiento de las autoridades federales, competentes para revisar la actuación de los bancos, y afirmo que fue con el consentimiento, porque dejar de actuar, o ser omiso, es también ser cómplice, pues con el susto que traíamos de vivir una pandemia, pocas posibilidades tuvimos de reflexionar sobre si, esos planes eran en verdad la ayuda prometida. 

Ahora lo que debiera seguir es que aquellos cómplices y omisos ante el abuso bancario se hicieran responsables solidarios, exigiendo que se den convenios de pago justos, acordes al contexto económico que vivimos; pues los planes del 2020, la única ayuda que contenían eran la letras del título porque al final las deudas se encarecieron, incrementándose de tal suerte que tenemos conocimiento de casos en que los acreditados a tres años de aquella estafa, aún no cubren (ni acaban de entender lo que son intereses covid).

Es decir que se les pidiera (y revisara) a los bancos para que accedan a convenir o negociar el pago de las deudas, eliminando o congelando lo que llevamos de moratoria, en pocas palabras, debe tenerse en cuenta la crisis que nos dejó la pandemia y la falta de apoyos gubernamentales para quienes aún no recuperan su solvencia y al día de hoy no pueden pagar. 

No es justo que el tema central en la sobremesa de los hogares mexicanos la discusión gire en torno, a qué hacer, ¿comer o pagar? Todo ha subido y seguirá subiendo, y mientras la inflación no pare, y el dinero no recupere el valor adquisitivo no podemos negociar con promesas, porque las consecuencias pueden resultar más graves de lo que ya estamos viviendo. 

Es imposible pensar que solos vamos a poder resolver o recuperar la capacidad de pago, pues la ola de aumentos y encarecimiento del costo de la vida que trae la inflación y los imparables aumentos a las tasas de interés, están impactando de frente a la clase mas pobre, las mas vulnerables, a los que necesitamos un préstamo para comprar casa propia, o peor aún a quienes siguen recurriendo a préstamos de liquidez, que si bien son un alivio a corto plazo no son la solución.

¡No a los cobros injustos!, ¡no a planes engañosos de ayuda! Sí a la implementación de un verdadero esquema de apoyo, un plan de emergencia emanado del Gobierno, un plan de rescate que si bien, no ponga a las familias por encima de los intereses económicos de los bancos, por lo menos nos equilibre en fuerzas y no nos deje a merced de la depredación. 

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