​Con agrado recibimos el pasado veintiocho de marzo noticia de la aprobación por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados de la propuesta legislativa que reformará y adicionará los artículos 111 bis y 106 fracción XXII de la Ley de Instituciones de Crédito, porque con esta se pretende perseguir e imponer sanciones a los Montadeudas. 

Como se les conoce a los agiotistas de la red, entes no regulados por nadie hasta el momento, que sin ser bancos, ni financieras, han sembrado el terror en nuestro país al llevar a cabo cobros ilegales por préstamos de dinero en efectivo. 

Para recordar el tema de los montadeudas basta decir que son aquellas razones sociales o empresas con nombres cortos, que hacen las veces de financieras sin serlo, pues actúan en contravención a lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Artículo que habla de la prohibición a las personas físicas o morales para captar dinero del público o llevar cabo operaciones de crédito si no se encuentran autorizadas para ello, entiéndase -autorizadas- por los órganos y las leyes regulatorias del sistema financiero mexicano.

Una modalidad de préstamo informal que se ha distinguido por cometer graves abusos en contra de quienes por necesidad acceden a la descarga de aplicaciones móviles para obtener liquidez o financiamientos que van desde 500 pesos a 20 mil.

Contacto que inicia en las redes sociales como Facebook, Instagram o twitter en donde se anuncian como el remedio milagro a los problemas de liquidez pues piden requisitos tan mínimos que cualquiera con un teléfono en la mano puede acceder a ellos. 

El problema es salir, dijo el otro; porque el requisito clave solicitado es la instalación en tu teléfono móvil de un software que va a copiar fotografías, videos, conversaciones, contactos, nombres, números telefónicos y demás información que se encuentre almacenada en el dispositivo. 

Información que será usada para extorsionar a los acreditados con exponerlos al descrédito público, falseando información haciéndolos pasar por delincuentes, causando molestia a sus amigos, conocidos o familiares hasta obtener el pago de la deuda. 

Cuidado, porque esas deudas llegan a incrementarse en mas del 250 por ciento, al cobrar intereses diarios.

Deuda injusta a la que se terminará sucumbiendo para frenar el hostigamiento y acoso de los prestamistas de la red a su círculo cercano, pues hasta el día de hoy no hay autoridad ni ley que logre pararlos. 

Esta historia bastante conocida, fue en aumento en los últimos años, sin que nada ni nadie pudiera frenar a los conocidos montadeudas, pues permanecen en un limbo legal que los cobija con la impunidad. 

Incluso llegó a saberse por las noticias que las personas que habían sido detenidas en la ciudad de México mediante el desmantelamiento de centros de llamadas telefónicas por la policía, habían sido dejadas en libertad por la falta de ley que tipificara el delito. 

Por eso, las noticias que nos llegan del Palacio Legislativo de San Lázaro son muy buenas, pues por primera vez se habla de un modo tan directo sobre el asunto, con una intención clara de reprimir los abusos. 

El dictamen básicamente habla de prohibir de manera expresa a las instituciones crediticias reguladas la acción de pedir información y acceso a lo datos personales y privados de sus clientes con motivo de la celebración de una operación de crédito.

Y por otro lado elevar sanciones a quienes no están regulados, apartado en donde se incluye ya a quienes otorguen préstamos mediante el uso de plataformas digitales, aplicaciones, redes sociales o servicios por internet.

Interesante resulta la propuesta de cancelar la deuda si el crédito se otorga por un ente no regulado.

Se avanza y es bueno, pero sin duda el Dictamen que se encuentra en espera de fecha para ser discutido en el pleno requerirá una vez aprobado, de la concurrencia de todas las autoridades y las voluntades para hacerla aplicable. 

Basta imaginar lo complejo que resulta en la práctica, atrapar a un ciberdelincuente, tan es así que días previos circuló información por parte de un organismo civil denominado Consejo Ciudadano acerca de que se había detectado ya, que los operadores de montadeudas se ubicaban en otros países y ya no en México, de donde solo obtenían a las víctimas. 

Complejo sobre todo cuando las autoridades van detrás (léase textual) es decir rezagadas, en comparación de la delincuencia y ahora de las tecnologías de la información. 

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