​Durante el ejercicio 2019, la Secretaría de Economía federal, jamás apoyó a las Mipymes.

A esta SE le corresponde el despacho, entre otros más, de promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa y la microindustria y actividad artesanal, así como regular la organización de productores industriales, de conformidad con el artículo 34, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (http://www.ordenjuridico.gob.mx).

Sin embargo, en el 2019, jamás se llevó a cabo ese apoyo.

Lo anterior se puede apreciar del informe del resultado de la Evaluación número 1370-DE, “Política de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas”, de la cuenta pública 2019, emitido por la Auditoría Superior de la Federación (https://informe.asf.gob.mx/#0).

En esa evaluación, en el renglón de Política Pública de apoyo a las MIPYMES, se plasman las siguientes conclusiones (pag 144):

- No se realizó un diagnóstico que permitiera tomar en cuenta las necesidades particulares de cada segmento empresarial por tamaño y sector ni se cuantificó a la población que requería de atención;

- Se señalaron los responsables de la implementación de la política pública, la SE, la STPS, el INADEM, el BANCOMEXT, NAFIN, la CONAMER y la COFECE, no obstante, no se definieron criterios de coordinación entre las instituciones, que posibiliten la articulación de sus acciones para el logro de los objetivos;

- Los mecanismos de supervisión y monitoreo no fueron adecuados para documentar los avances logrados, evaluar las acciones, mejorar la operación, ni medir los resultados alcanzados por los operadores de la política, en términos de su contribución al cumplimiento de objetivos y fines;

- Las evaluaciones realizadas reconocieron las deficiencias de diseño, focalización y avances limitados en el cumplimiento de los objetivos; sin que alguno de los entes responsables realizara cambios sustantivos en su operación.

Por otro lado, en el renglón de Implementación de las estrategias de apoyo económico, financiamiento, capacitación, competencia económica y mejora regulatoria, se llegaron a las siguientes conclusiones (pag 251):

- El Gobierno federal no dispuso de información detallada de los recursos erogados en capacitación, competencia económica y mejora regulatoria;

- se identificó que todas la estrategias carecieron de un diagnóstico específico de necesidades de las empresas por tamaño y sector;

- los operadores no tuvieron identificada a su población potencial y objetivo dado que sus acciones fueron genéricas;

- en todos los casos presentaron deficiencias estructurales en sus sistemas de información, seguimiento y control;

- no fue posible cuantificar el impacto de sus acciones en la productividad y competitividad de las empresas apoyadas;

- aun cuando se recibieron reportes de las acciones realizadas con los recursos dispersados, los operadores no verificaron la confiabilidad de la información, ni se realizó un seguimiento del impacto alcanzado en los beneficiarios finales.

Nuestras autoridades federales “dando tumbos”

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