​Ha sido una semana intensa para la vida democrática de este país.

El arbitro electoral defenestrado, atacado, sentado en el diván de la diatriba y la descalificación, resolvió atajar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio por Guerrero y de Raúl Morón Orozco por Michoacán.

Los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional tienen la posibilidad de hacer valer sus derechos políticos ante los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en busca de una legítima aspiración a un puesto de elección popular. Es parte de la democracia republicana.

El imperio de la ley debe imponerse a las ambiciones particulares que se escudan en la democracia del pueblo para repetir una cantaleta subversiva, peligrosa, que socava las instituciones al lanzar la advertencia respecto a que si Félix Salgado Macedonio no es el candidato de Morena en Guerrero no habrá elección.

Lanzar una amenaza de desaparición del Instituto Nacional Electoral, en la segunda semana de campañas electorales, suena a una fórmula autoritaria y chicharronera de dinamitar a quienes no comulgan con la ideología, sólo porque los personeros del INE aplicaron la ley a rajatabla.

La solución no es tampoco contratar un call center para encuestar a los guerrerenses, encajonándolos a la maniqueísta idea si quieren o no a Félix Salgado Macedonio en la boleta electoral, a contracorriente de los movimientos femeniles que han etiquetado al “Toro” Salgado como un presunto violador de mujeres.

El dictamen que emita el TEPJF será inapelable. Se tendrá que obedecer el mandato del poder jurisdiccional.

Movilizar a la colectividad para enderezar juicios políticos a los consejeros del INE, los mismos que organizaron la elección del 2018 donde emanaron los hoy depositarios del poder ejecutivo y legislativo, es cambiar de caballo a la mitad del río, a sabiendas que no existe la espiral del retorno, que debe acatarse el calendario electoral y esperar los tiempos para la renovación del Consejo General.

Insistir en el discurso revanchista, abonar el terreno de la división, tratar de decapitar en la narrativa a las instituciones, no ayuda en nada, a menos que se quiera que el árbitro electoral vuelva a ser el titular de la Secretaría de Gobernación como era antes del nacimiento el Instituto Federal Electoral, el 4 de abril de 1990.

Llegó la hora para que los actores políticos se serenen; pero, sobre todo, se apeguen a letra de la ley.

Los discursos incendiarios que intentan volver al pasado, al México bronco, deben ser desplazados por la tolerancia, cimiento principalísimo de la democracia donde caben todos los actores políticos, sean del color que sean porque los triunfos electorales no están patentados por la vena presidencial ni las derrotas en las urnas están etiquetadas a quienes representan 38 años de neoliberalismo rapaz y corrupto.

El compromiso, la decisión radicará en el universo potencial de votantes llamados a concurrir el domingo 6 de junio, el conglomerado de 93 millones 984 mil 196 ciudadanos registrados con corte al 9 de abril de 2021 tendrá la última palabra traducida en el voto doblado y depositado en urna.

Mientras llega esa fecha, encuentros y desencuentros, coincidencias y divergencias en el modelo de país que se tiene en el ideario de partidos y candidatos, sólo forman parte de la elasticidad de la democracia mexicana.

Que la sangre no llegue al río, diría la frase común.

… De otro costal.

Han transcurrido diez días en el calendario electoral. Candidatas y candidatos a obtener una de las 20 curules en la cámara de diputados federal, no hacen ruido, caminan en silencio, no se ven, no se notan.

No sea que cavilen la máxima del actor Alfredo Adame de “chingarse” los recursos de campaña en estos dos meses de proselitismo por la geografía veracruzana, dividida en 20 distritos electorales.

@ManoloVictorio