​La justicia sólo puede venir del poderoso se dice eufemísticamente en la resolución de un conflicto determinado.

Si nos atenemos a la disección del aforismo, es cierto. La justicia debe provenir de un poder establecido institucionalmente, no al contentillo de grupúsculos de poder o incluso más allá de la percepción mediática que busca influir en la opinión pública a favor o en contra de una postura, disciplina, ideología o personaje en particular.

El Tribunal Electoral de Veracruz es un tribunal jurisdiccional que aplica la justicia, a veces con ánimos populares, otras, en confrontación con cierto sector de la sociedad que califica sus dictámenes como injustos e impopulares.

Bastan dos votos de tres magistrados integrantes para mandatar la validez o nulidad en un proceso electoral, como sucedió finalmente con los votos de Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo Cigala Aguilar, magistrados que se impusieron a su presidenta Claudia Diaz Tablada, al pronunciarse por la anulación de la elección del domingo 6 de junio en el municipio de Veracruz.

Después de engrosar el expediente, los tres magistrados se mantuvieron en sus posturas iniciales, y por dos votos a uno, el TEV resolvió anular el proceso electoral en el municipio más importante de Veracruz.

En primer lugar, hay que decir que la resolución del TEV forma parte del camino que deber recorrer un proceso electoral para adquirir el cariz de validez o invalidez; es decir, forma parte de la democracia, así hayan transcurrido siete meses de la votación.

El Organismo Público Local Electoral no valida una elección, solamente organiza y ejecuta la participación de partidos, coaliciones y ciudadanos, quienes dan certeza jurídica son los tribunales.

Y en este recuento de los daños, el primer afectado en el OPLEVER, institución que cerró los ojos ante el estropicio que hizo el presidente del Consejo Municipal Electoral del Puerto de Veracruz, Roberto Castillo Gutiérrez.

En este dejar hacer, dejar pasar del OPLEVER, el Tribunal Electoral de Veracruz determinó la remoción de Roberto Castillo Gutiérrez del cargo de Consejero Presidente del Consejo Municipal 192 con sede en Veracruz, Veracruz, del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

Luego de revisar los expedientes de prueba, los dos magistrados que votaron por anular la elección, comprobaron las infracciones cometidas, debido a que se considera que éste incurrió en dos causas graves, esto es, en alteración de los paquetes a recontar en la reunión de trabajo del ocho de junio y en el indebido cotejo por la utilización de copias certificadas por notario público de actas de escrutinio y cómputo.

A partir del resolutivo del TEV, Patricia Lobeira Rodríguez no es más alcaldesa electa, sostiene Pedro Pablo Chirinos, representante jurídico de Morena ante el OPLEVER, quien dijo que la carta de mayoría que recibió del multicitado Roberto Castillo Jiménez, en su calidad de consejero presidente del Consejo Municipal 192, es inválida.

Pedro Pablo Chirinos sostiene que Morena irá hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el desahogo de por lo menos 20 recursos interpuestos por el partido magenta.

Morena busca castigar al alcalde saliente Fernando Yunes Márquez por la intromisión descarada en el proceso electoral del domingo 6 de junio; a decir del abogado Chirinos, las conductas, acciones u omisiones del alcalde pueden castigarse hasta con 15 años de prisión.

Ese destino podría esperarle al señor Castillo, quien debe a estas horas buscando un padrino para evitar el cadalso, porque históricamente los culpables siempre son los más débiles en la cadena del poder.

En este compás de espera, la resolución del TEV tendrá que ser revisada en expedientes por la Sala Regional del TEPJF que desahoga recursos de impugnación de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz y que se asienta en Xalapa, cabecera jurídica de la III Circunscripción Plurinominal.

Después, hasta el 31 de diciembre, los siete notables que conforman la Sala Superior del TEPJF, deberán arropar lo que hayan dictaminado los dos tribunales primarios, o echar abajo los resolutivos.

En esta terregosa democracia jurídica, va el primer strike cantado a la coalición Va por Veracruz, compuesta por el PAN, PRI, PRD, quienes deberán vigilar las dos pichadas siguientes.

Por lo pronto, el candidato de Morena, Ricardo Exsome Zapata, está convertido en emulo de Marianito Rivera, el rey de los salvamentos en la lomita de picheo.

Y parafraseando a los cuenqueños, beisbolistas por antonomasia, los panistas dirán, si es que la Sala Regional del TEPJF dictamina en concordancia con el TEV, “aguanta que va two out”, cuando recomiendan calma ante los acontecimientos venideros.

Remachando estas historias de justicia, poder, política y vendettas entre los poderosos, diríase para consuelo de los panistas que no es lo mismo platicar del toro que verlo venir.

La elección del 2024 pasa por el Puerto de Veracruz, de ahí que Morena busque cerrar los espacios al enemigo.

La justicia doblegada por la política, no sería ni la primera ni la última vez.

El poder se ejerce, dice el librito, no importa el sistema, es una cuestión presente desde que el hombre es hombre.

Así que, de imponerse la lógica jurídica, a partir del 1 de enero del 2022, la LXVI Legislatura podría mandatar la instalación de un Consejo Municipal que gobernará por seis meses, hasta que se resuelva quien gana la elección extraordinaria.

Habrá que esperar los tiempos de dictamen jurídico. Una larga espera para unos, días brevísimos para otros.

@ManoloVictorio.