​La agenda pública en Veracruz camina en dos vías paralelas, no se juntan.

En el primer riel, donde se transporta Juan Pueblo, existe más preocupación por hacer el inventario de necesidades del colectivo, diseccionado en colonia, fraccionamiento, barrio, ejido, congregación o ranchería y presentarlo con etiqueta de urgente al nuevo alcalde o alcaldesa en funciones en la búsqueda del bien común, como meta última de la política.

Otro riel transporta los hechos, declaraciones e interpretaciones de los hombres y mujeres del poder y una parte de la prensa, en un círculo rojo que sólo alimenta a los interesados y promoventes de estas acciones.

Los electores que salieron a pie de urna el domingo 6 de junio, de quienes, en el papel, son los mejores hombres y las mujeres, en el papel, son los mejores hombres y las mujeres más calificadas para ejercer el encargo de al frente de las 212 comunas repartidas en la geografía administrativa veracruzana.

En esta segunda semana de las administraciones cuatrianuales de alcaldes y alcaldesas, el denominador común en el discurso ha sido la denuncia verbal, la declaración, señalamiento flamígero y acusaciones al aire de o que se   robaron los antecesores.

Han existido casos tan escandalosos como los gastos realizados por la ex alcaldesa de Juchique, Lizbeth Portilla Gumercindo, quien, según denuncia mediática hecha por Cruz Cuevas Hernández, actual alcalde, despilfarró más de un millón de pesos en cosméticos, vinos de mesa Sangre de Toro, champaña Moët & Chandon y demás banalidades que debieran investigarse con urgencia por parte del Órgano de Fiscalización Superior.

En la Legislatura argumentan que salvo la veintena de carpetas que integró el ORFIS sobre desfalcos al erario en los ayuntamientos, sólo han sido declaraciones al aire, entrevistas banqueteras protagonizadas por los nuevos ediles que están apenas en la segunda semana de su encargo de cargo de cuatro años.

En Soconusco, a la única patrulla de la Policía Municipal le echaron azúcar al tanque de combustible, sabotaje que se extendió al camión recolector de la basura y a una maquina bulldozer Caterpillar, maquinaria propiedad de los habitantes de ese municipio sureño.

El morenista Cuauhtémoc Baruch dijo que integrará una carpeta de pruebas para ir a la Fiscalía General del Estado; sin embargo, el ex alcalde de Soconusco Rolando Sinforoso Rosas, quien llegó por Movimiento Ciudadano, no puede estar ajeno a los hechos.

Los días irán matizando estas conductas criminales de quienes dejaron el encargo que los ciudadanos les depositaron, con la premisa primaria de la confianza; rota por el descaro y el latrocinio.

La Comisión de Vigilancia en la LXVI Legislatura que preside el morenista Luis Arturo Santiago Martínez, deberá meter el acelerador en la urgencia al ORFIS para que estas conductas no queden sin castigo.

La experiencia nos reconfirma que pocos ex alcaldes, ex alcaldesas o ex funcionarios municipales pisarán la cárcel, acusados por daño patrimonial al erario; mucho menos la retribución de la masa financiera robada.

A menos, claro, que la cuatrote lleve a los hechos la premisa de ´no robar´ como un ariete judicial que reduzca a los ladrones a una fría celda de cuatro metros cuadrados.

Total, Juan Pueblo aguantará otros cuatro años para presenciar una nueva hornada de políticos enriquecidos al amparo del poder, cobijados por la complacencia del ORFIS, FGE y Congreso.

Otro asunto, más urgente aún, es la inflación disparada que convierte esta cuesta de enero en la más empinada de los últimos 22 años, donde el limón rebasa los cien pesos el kilogramo en algunas regiones del país y con el anuncio hecho por los industriales del ramo respecto al incremento inminente del kilo de tortilla y el pan dulce y el pan dulce y de sal.

En la otra arena, en el riel de los poderosos se libra una batalla por la polémica aplicación del artículo 331 del Código Penal del Estado de Veracruz, y prevé la imposición de pena privativa de libertad y multa a quien “(…) amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”, aplicado penalmente, aplicado penalmente como delito de ultrajes a la autoridad.

La CNDH, dirigió la Recomendación 146/2021 al gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la libertad personal, derivadas de la detención arbitraria y la imputación indebida de hechos por parte elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) y de personal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) contra seis jóvenes xalapeños detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en diciembre pasado.

Cuitláhuac García Jiménez dijo quejo que atenderá la recomendación 146/2021, acuse de recibo que llegará a los legisladores de la 66 Legislatura veracruzana, cuyos integrantes deberán discutir si derogan el polémico artículo 331 del Código Penal del estado del estado de Veracruz o le hacen remiendos legales.

Habrá que esperar el talante del legislador en pos de leyes más justas.