​Ulpiano, uno de los padres del Derecho, definió la justicia como la continua, permanente e invariable voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde.

Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia, refería Paul Auster.

El concepto (in) justicia -según sea el caso, a favor o en contra- sigue vigente después de cinco meses de la detención de seis jóvenes en una plaza comercial de Xalapa, hecho que desprendió la recomendación 146/2201 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos hacia el poder ejecutivo de Veracruz enviar una iniciativa de derogación del delito de ultrajes a la autoridad al poder legislativo.

“Nos interesa mucho que se dé cabal cumplimiento a lo que estipula la ley respecto a los derechos humanos, si tenemos que corregir, corregimos, no vamos a permitir que suceda, ni porque sean mínimas e incluso que se investiguen las probables [anomalías], que se investiguen, no tenemos ningún problema en eso, por eso vamos a dar cumplimiento, he mandado ya el oficio de respuesta en términos generales, que aceptamos y porqué aceptamos y ya estaremos en marcha con varias de las recomendaciones”, dijo el Gobernador en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el 12 de enero pasado.

En la exposición de motivos de la iniciativa se confirmó que, desde el 21 de diciembre del 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, derivado del expediente CNDH/2(2021/10689/Q emitió la recomendación 146/2021, en el que le pidió tomar acciones.

El lunes 31 de enero pasado, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez envió la iniciativa a la LXVI Legislatura, en atención a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en propuesta al Congreso de Veracruz desaparecer el delito de ultrajes a la autoridad.

Antonio Luna Rosales, diputado por el distrito XIII (Emiliano Zapata), dijo que, efectivamente, la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales presidida por el también morenista Luis Fernando Cervantes Cruz, tiene ahí la iniciativa; sin embargo, ésta -a su dicho- no tiene fecha fatal para su discusión en el pleno, así que puede discutirse “la próxima semana, el mes que entra, en mayo…o hasta el 04 de noviembre del 2024”, día en que fenece la actual legislatura.

En el camino de la ley, las instancias se cumplen a cabalidad. El delito de ultrajes a la autoridad está en la cancha del Congreso de Veracruz.

Hasta ahí no debiera existir problema alguno, ni desencuentros y encontronazos.

Los 50 legisladores tendrán que cumplir con su trabajo, tan tan.

Sin embargo, a la par de la vía legislativa, corre el discurso político-partidista.

Mientras Cuitláhuac García Jiménez andaba en gobierno itinerante en la zona norte del estado, un grupo de políticos encabezados por Dante Delgado Rannauro, Julen Rementería, José Yunes Zorrilla e Indira Rosales San Román le apedrearon el rancho en la Plazoleta Lerdo, en exigencia de la liberación de los mil 33 detenidos y encerrados en las cárceles veracruzanos, acusados por ultrajes a la autoridad.

Anunciaron defensorías gratuitas, enmarcadas en el “Movimiento por la Justicia” en juicios de liberación de los ciudadanos encarcelados bajo la acusación de ultrajar a la autoridad.

Los teólogos de los antiguos asesores de la ciencia política dicen que una crisis es una pérdida de poder, vacíos que son llenados por agentes ajenos a la cuatrote en este tema que lleva ya cinco meses en la agenda mediática.

Y como el gobernador aprendió este precepto de la ciencia política, devolvió el saque bajo el argumento que junta más gente un atropellado a su alrededor que el senador Dante y su comparsa pluripartidista y variopinta.

Les espetó sus pobrísimos resultados en las urnas donde perdieron hasta la vergüenza, situación que la fría numeralia avala los dichos del inquilino de Palacio de Gobierno.

Los dirigentes, parlamentarios y cabezas visibles de los partidos políticos tienen todo el derecho de expresar la conformación de esta corriente “Movimiento por la Justicia”, en mantenimiento de la génesis ideológica reyesherolista de lo que opone fortalece en la vida pública, gobernanza y aplicación de la política a la praxis del quehacer gubernamental.

Al gobernador Cuitláhuac García Jiménez le atañe, igualmente, el derecho de replicar los que dicen sus adversarios, reduciéndolos a un “¡Ayy nanitas!” como definición conceptual de un grupúsculo de corruptos, ladrones, violadores del estado de derecho y defensores de delincuentes -según su óptica- a la que faltaron Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares, ex gobernadores que antecedieron al maestro de la Universidad Veracruzana.

A quienes ejercemos este ejercicio, a veces inútil, de interpretar la realidad, también nos ampara el articulo madre de las primeras 28 garantías individuales, que es la libertad de expresar las ideas, pensamientos y doctrinas, sin menoscabo de nuestra máxima garantía que es la libertad.

Respecto a eso podría concluirse este nuevo capitulo que el discurso político-partidista seguirá desbordado, irá al alza, escalará en más insultos y diatribas, mientras que doña Cecilia Josefina Guevara Guembe, presidenta de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura no toque la campanita en el atril más alto de nuestra patria chica y llame a una sesión plenaria para la discusión -urgente- del delito de ultrajes a la autoridad.

Ahí está el meollo de estos dimes y diretes: en el Congreso.

Sin embargo, con esta calma paquidérmica, principal distintivo de los 50 legisladores, podríamos esperar que se cumpla el vaticinio del diputado Antonio Luna Rosales y se patee el bote en la discusión de la posible derogación del articulo 331 del Código Penal hasta el 4 de noviembre del 2024.

@ManoloVictorio