​El pasado miércoles 9 de abril, la secretaria de Energía, Luz Elena González, presentó un ambicioso esquema de inversión pública y coordinación institucional que busca sentar las bases energéticas del llamado Plan México, una estrategia nacional de desarrollo impulsada desde el Ejecutivo federal. Durante su intervención, la funcionaria señaló que tanto la Secretaría de Energía (Sener) como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) participarán en el plan de forma inmediata y con impacto en el corto plazo.

Uno de los pilares fundamentales de esta estrategia es el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional, que contempla inversiones en generación, transmisión, distribución y justicia energética. Todo ello está articulado con las necesidades energéticas de los Polos de Desarrollo promovidos por el gobierno federal como parte de su apuesta por una industrialización regional con rostro social.

Se mencionó que, entre 2025 y 2028, se desarrollarán 42 mil 221 obras de electrificación, orientadas a llevar energía a comunidades históricamente marginadas. Estas obras beneficiarán directamente a más de 557 mil habitantes, con una inversión total de 18 mil 916 millones de pesos. Esta intervención tiene una dimensión no solo técnica, sino profundamente social, ya que busca cerrar brechas de desigualdad energética que han persistido durante décadas en distintas regiones del país.

Aunado a la electrificación comunitaria, se contempla una inversión total de 620 mil millones de pesos, de los cuales 430 mil millones provendrán del sector público. Esta inyección de capital busca agregar 22 mil 674 megawatts (MW) de capacidad instalada a la red nacional, lo que representa un salto tanto cuantitativo como cualitativo en la infraestructura energética del país. A esta expansión se sumarán proyectos privados que añadirán otros 6 mil 400 MW, consolidando así un incremento total cercano a los 29 mil MW.

En materia de transmisión eléctrica, se estima una inversión aproximada de 224 mil millones de pesos, mientras que el componente de distribución recibirá recursos por 72 mil millones de pesos. Estas inversiones complementan el esfuerzo en generación y garantizan que la energía llegue a todos los rincones del país con eficiencia, estabilidad y confiabilidad.

Desde el punto de vista macroeconómico, la adición de cerca de 29 mil MW de capacidad energética incrementa la seguridad energética nacional, reduce la dependencia de fuentes externas y mejora notablemente las condiciones para la atracción de inversión extranjera directa, especialmente en sectores industriales con alta demanda energética, como el automotriz, farmacéutico, logístico y tecnológico.

Además, la escala de estas obras implica una creación sustancial de empleos directos e indirectos en sectores como construcción, ingeniería, transporte y servicios auxiliares, lo que se traducirá en una dinamización del mercado interno, particularmente en regiones donde se concentren los proyectos de electrificación y expansión.

Uno de los aspectos más relevantes es el efecto multiplicador que podría tener esta inversión. Se estima que una inversión total de 600 mil millones de pesos —considerando generación, transmisión y distribución— podría traducirse en un incremento acumulado del PIB cercano a 1.8 billones de pesos durante el periodo 2027-2031, siempre que se logre una implementación eficaz y se mantengan condiciones macroeconómicas estables.

Tan solo la inversión en obras de electrificación, estimada en 18 mil 916 millones de pesos, podría generar un impacto total de 56 mil 750 millones de pesos en el PIB, dada la alta elasticidad de la infraestructura energética respecto al crecimiento económico regional.

Sin embargo, este impacto dependerá de múltiples variables, como la eficiencia en la ejecución de los proyectos, los niveles de transparencia, la velocidad del gasto público y la coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno.

@EdgarSandovalP

Twitter-IG-TikTok​