​La reciente escalada bélica entre Irán e Israel reactivó una alerta generalizada para todo el mundo que impacta directamente en el sistema económico internacional. El riesgo geopolítico en Medio Oriente y su impacto en los precios del petróleo tiene repercusiones económicas que cruzan sus fronteras.

En un mundo hiperconectado y aún dependiente de los hidrocarburos, el conflicto no es un evento lejano para México. Afecta directamente el precio de la mezcla mexicana, las finanzas públicas y, eventualmente, la inflación nacional.

Desde que comenzaron las tensiones a finales de abril, el precio internacional del Brent y del WTI han mostrado una tendencia alcista. El mercado anticipa un posible cierre del estrecho de Ormuz —paso por donde transita cerca del 20% del petróleo global—, lo que restringiría la oferta y, por tanto, elevaría los precios. En consecuencia, la mezcla mexicana de exportación también ha subido: de niveles cercanos a 68 dólares por barril en marzo, se ha acercado a los 80 dólares, estando actualmente en 63 dólares.

A primera vista, esta parece ser una buena noticia para las finanzas públicas, dado que el gobierno mexicano calculó en los Criterios Generales de Política Económica 2025 un precio promedio de la mezcla en 56.7 dólares por barril. Cada dólar adicional implica ingresos petroleros extraordinarios. Si el precio se mantiene por arriba de lo estimado, Pemex recibirá mayores transferencias y el Gobierno Federal captará más recursos por derechos de extracción y por excedentes petroleros.

Sin embargo, este beneficio es ambiguo. Por un lado, la recaudación petrolera aumentaría, lo que permitiría mayor margen fiscal o incluso disminuir la presión sobre el déficit público. Por otro lado, un petróleo más caro encarece los combustibles y los insumos energéticos. Aunque el Gobierno sigue subsidiando parcialmente los precios de la gasolina —particularmente a través del IEPS—, el costo fiscal del subsidio aumenta si no se permite que el precio al consumidor suba. Es decir: o se traslada el aumento de precios al consumidor, generando inflación, o se absorbe el costo fiscalmente, reduciendo el beneficio neto de los mayores ingresos petroleros.

Además, no todo lo que brilla es oro negro. La economía mexicana es exportadora neta de petróleo, pero también importa gasolina y gas natural. En ese sentido, el impacto inflacionario podría trasladarse a bienes intermedios, al transporte de mercancías y, en última instancia, al precio al consumidor. Si bien Banxico ha logrado moderar la inflación en los últimos meses, este nuevo choque externo puede alterar las expectativas inflacionarias y posponer cualquier discusión sobre recortes a la tasa de interés.

Otra implicación clave es que este tipo de ingresos extraordinarios suelen ser volátiles. Si el conflicto entre Irán e Israel se enfría o si los países productores aumentan la oferta para estabilizar el mercado, el precio podría moderarse rápidamente. Apostar por un gasto permanente con ingresos transitorios sería un error fiscal clásico. México ya ha vivido antes los efectos del “síndrome holandés”: cuando el auge petrolero induce gasto público excesivo que luego no puede sostenerse.

El aumento en el precio del petróleo podría representar un respiro fiscal para México en el corto plazo, pero también conlleva riesgos inflacionarios y de sostenibilidad presupuestaria. La prudencia es clave: evitar que el ingreso extraordinario derive en gasto permanente, vigilar los subsidios energéticos y mantener la autonomía del Banco de México como ancla frente a los posibles efectos inflacionarios.

La guerra no sólo destruye en el campo de batalla. También sacude las finanzas de países tan lejanos como el nuestro. Y si algo enseña la historia económica mexicana, es que los shocks petroleros no se administran con euforia, sino con responsabilidad.

@EdgarSandovalP

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