​En el mundo financiero, casi todo se resume en una cosa: confianza. Quien presta quiere saber si le pagarán, y quien pide prestado necesita demostrar que puede y quiere cumplir. En esa intersección, entre expectativas y certezas, nacen las calificaciones crediticias: un sistema ordenado para medir la probabilidad de incumplimiento de un país, una empresa o un gobierno estatal. Pero ¿qué son exactamente, y por qué deberían importarnos a los ciudadanos de a pie?

Una calificación crediticia es, esencialmente, una opinión técnica emitida por una agencia especializada sobre la capacidad de un ente (gobierno, empresa, banco, etc.) para cumplir con sus obligaciones financieras. Es decir, cuánto riesgo representa prestarles dinero. Las agencias como HR Ratings, Fitch, Moody’s o S&P Global utilizan escalas que van desde las máximas (como AAA) hasta las especulativas (como B o CCC), pasando por grados intermedios como A o BBB.

Tener una buena nota puede traducirse en menores tasas de interés al contratar deuda, mayor disposición de recursos externos, y sobre todo, mejor reputación institucional. Por el contrario, una baja calificación puede generar desconfianza, costos financieros más altos y restricciones severas para acceder a crédito.

Veracruz es un digno caso de estudio, hasta el grado que si tenemos una ley de disciplina financiera a nivel nacional es gracias a los manejos financieros de Duarte, dejando una calificación de B- a inicios de 2018, ahora en junio de 2025 recibió una mejora en su calificación crediticia por parte de HR Ratings, pasando de A- a A, con una perspectiva estable. 

Esta decisión no fue casual ni simbólica: fue el resultado de políticas fiscales más disciplinadas, eliminación del endeudamiento de corto plazo, control del gasto y mejora en la recaudación estatal.

Durante años, Veracruz fue sinónimo de desorden financiero. Entre 2012 y 2018, el estado cayó en una espiral de deuda, opacidad y falta de liquidez. La contratación de créditos para pagar la nómina o cubrir gastos operativos era habitual. La reputación crediticia del estado se deterioró hasta llegar, en 2018, a niveles cercanos al grado especulativo (B-), un reflejo de su fragilidad institucional.

Pero a partir de 2019, con una nueva administración y una reestructuración interna, el gobierno comenzó a implementar cambios que hoy muestran resultados: no contratar deuda nueva, gestionar pasivos heredados, y aumentar los ingresos propios mediante fiscalización. Todo esto se tradujo, desde la óptica de la calificadora, en una mejora real de su perfil de riesgo.

¿Y eso en qué se traduce? Para empezar, en mayor capacidad de maniobra presupuestaria, menor necesidad de pagar intereses altos, e incluso en un posible aumento del apetito de inversionistas para financiar proyectos públicos desde infraestructura carretera hasta sistemas de salud bajo condiciones más favorables.

Para aspirar a un nivel superior como A+ o incluso AA-, Veracruz deberá no solo sostener la disciplina actual, sino consolidar una estructura financiera resiliente, aumentar su recaudación interna y reducir su exposición a riesgos fiscales futuros.

La lección que deja Veracruz es clara, mejorar la calificación crediticia es posible, pero requiere voluntad política, control técnico y tiempo. Para los ciudadanos, puede parecer algo lejano, pero no lo es, una mejor calificación puede significar más inversión pública, mejores servicios, y gobiernos menos dependientes de la deuda. Al final, todos pagamos o ahorramos según cómo nos ve el mercado, y el mercado, en este caso, ha empezado a mirar a Veracruz con mejores ojos.

@EdgarSandovalP

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