​“La fiscalización, en su esencia, es una forma de control del poder. No solo revisa el destino de los recursos, sino también las decisiones que los orientan.”

La ética pública no suele ser un tema que despierte pasiones, pero es, paradójicamente, uno de los pilares más frágiles y más necesarios del Estado moderno. En tiempos donde la transparencia se mide en discursos y no en prácticas, la auditoría pública se enfrenta a una exigencia inédita: pasar de ser un mecanismo de revisión contable a convertirse en un garante moral e institucional de la integridad del gasto público.

En los últimos años, el tema de la ética pública ha cobrado relevancia mundial. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha insistido en que la integridad es un componente esencial de la gobernanza y no un simple accesorio normativo. Países como Chile y Canadá han fortalecido sus sistemas de fiscalización incorporando códigos de conducta, comités de integridad y capacitación continua para sus auditores. En México, la Auditoría Superior de la Federación ha dado pasos en esa dirección, con la adopción de su Política de Integridad 2023, que busca prevenir conflictos de interés y reforzar la independencia técnica. Pero la distancia entre el papel y la práctica sigue siendo amplia.

La fiscalización, en su esencia, es una forma de control del poder. No solo revisa el destino de los recursos, sino también las decisiones que los orientan. Por eso la ética pública no puede reducirse a la honestidad individual, sino ampliarse a la cultura institucional. La independencia, la objetividad y la rendición de cuentas no se decretan; se construyen con rutinas, con sistemas de incentivos adecuados y con una clara separación entre la técnica y la política.

Un ejemplo ilustrativo es el caso de Finlandia, donde la Oficina Nacional de Auditoría Pública (VTV) fue reestructurada en 2023 tras detectarse irregularidades internas. La respuesta institucional no fue solo sancionar, sino crear un marco de transparencia interna que obligara a los propios auditores a someterse al mismo escrutinio que aplican a otros. Esa práctica, que podría parecer obvia, marca la diferencia entre la fiscalización como ejercicio burocrático y la fiscalización como acto de servicio público.

En México, donde la confianza institucional apenas supera el 30 % según el INEGI (Encuesta Nacional de Cultura Cívica, 2023), la ética en la auditoría no puede ser un adorno discursivo. Es una necesidad estructural. Sin confianza, el ciudadano percibe la rendición de cuentas como simulación, y el control interno se convierte en rutina sin impacto social. La auditoría pierde entonces su función pedagógica: la de enseñar, con el ejemplo, que el dinero público debe rendir cuentas públicas.

El reto para los órganos de fiscalización no es menor. Requieren blindar su autonomía presupuestal y operativa, reducir las interferencias políticas y profesionalizar a su personal con base en mérito, no en cuotas. Pero también necesitan dar un paso más allá: incorporar la auditoría ética como categoría formal, siguiendo la línea de la INTOSAI y la EUROSAI, que recomiendan evaluar no solo los procesos financieros, sino los valores y principios que guían la gestión pública.

Fortalecer la ética pública no implica perseguir culpables, sino formar instituciones confiables. Significa entender que el control no es castigo, sino una forma superior de responsabilidad. Significa también reconocer que la integridad tiene un efecto multiplicador: un auditor íntegro genera confianza en el servidor auditado, y la confianza, a su vez, genera legitimidad en la ciudadanía.

La fiscalización del futuro —esa que Veracruz y México necesitan— no se mide solo por el número de observaciones solventadas, sino por la calidad moral de las decisiones que se toman en su nombre. La ética no sustituye a la técnica, pero sí la guía. Y sin ética pública, ninguna técnica basta.

@EdgarSandovalP

Twitter-Ig-TikTok​