​“Transformar la basura en energía no es un gesto ecológico, sino una estrategia económica para el futuro de Veracruz.”

En México, el manejo de los residuos sólidos urbanos sigue siendo un espejo de las desigualdades estructurales y de las oportunidades desaprovechadas. Según cifras recientes del INEGI y la Semarnat, el país genera más de 108 000 toneladas diarias de basura, pero solo una mínima fracción llega a plantas de tratamiento. El resto termina en tiraderos a cielo abierto, rellenos sanitarios saturados o, en el peor de los casos, en ríos y costas.

Veracruz no escapa a este panorama. Con alrededor de 5 % del total nacional de generación de residuos, la entidad ocupa el cuarto lugar del país en volumen —solo detrás de Ciudad de México, Estado de México y Jalisco—. Sin embargo, no figura entre los primeros diez lugares en aprovechamiento o reciclaje. En otras palabras: genera mucho, transforma poco y contamina más de lo que capitaliza.

El rezago contrasta con el potencial. De acuerdo con estimaciones energéticas oficiales, Veracruz posee un potencial teórico de 130 petajulios anuales (PJ/año) en biomasa agroindustrial, lo que representa más de un tercio del total nacional. En términos prácticos, esa cantidad de energía podría alimentar a medio millón de hogares veracruzanos durante un año completo, si existieran los mecanismos adecuados para capturar, procesar y convertir los residuos orgánicos y urbanos en electricidad o biogás.

La paradoja es que, mientras los vertederos crecen, los municipios enfrentan crisis energéticas recurrentes y costos crecientes en recolección y disposición. Cada tonelada que se entierra es una oportunidad perdida de generar ingresos y reducir emisiones.

El actual modelo de manejo de residuos en Veracruz es esencialmente lineal: producir, consumir y desechar. Pese a algunos esfuerzos locales —como proyectos de biodigestores en la zona cañera o pilotos de compostaje en municipios turísticos—, el avance real sigue siendo marginal. La falta de infraestructura, financiamiento y articulación institucional impide escalar iniciativas exitosas hacia una política estatal integral de economía circular.

A esto se suma la ausencia de incentivos fiscales o tarifas preferenciales que impulsen la conversión energética. Mientras países como Suecia o Alemania transforman más del 50 % de sus desechos en energía, México apenas roza el 4 %. Veracruz, en esa estadística, muestra un amplio potencial.

Si Veracruz genera cerca de 5 650 toneladas diarias de residuos (estimado a octubre de 2025), y solo tratara el 2 % de ellas con una tasa de recuperación del 42 %, se estarían valorizando apenas 48 toneladas diarias. En términos energéticos, eso equivale a menos del 5 % del potencial estatal disponible.

El costo no solo es ambiental: también es económico. Cada tonelada no tratada representa gastos adicionales en transporte, disposición final y mantenimiento de sitios de confinamiento. Según cálculos del Banco Mundial, el manejo ineficiente de residuos puede costar entre 0.5 % y 1 % del PIB estatal en externalidades no contabilizadas.

Una ventana de oportunidad

El Estado podría convertir su rezago en ventaja si establece una ruta energética a partir de residuos. Ello implica tres acciones concretas:

1. Impulsar alianzas público-privadas para instalar plantas de biogás y gasificación en zonas industriales o agropecuarias.
2. Adoptar un sistema de tarifas verdes que incentive a los municipios a separar y valorizar sus desechos.
3. Integrar el tema energético-ambiental en los planes de desarrollo regional, no como política aislada, sino como motor económico de nueva generación.

El estado tiene el volumen, la biomasa y la urgencia ambiental para hacerlo. Transformar la basura en energía no es solo una estrategia ecológica: es una vía de desarrollo sostenible y una apuesta por el futuro energético de Veracruz.

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