​Actualmente alrededor de 8 millones de mexicanos, adultos mayores son beneficiarios del programa “65 y más”, el cual tiene como propósito contribuir al bienestar de la población de adultos mayores sin acceso a un sistema de protección social que les garantice una vejez digna y plena a través del otorgamiento de una pensión no contributiva.

De acuerdo con datos de la secretaria del bienestar tan solo el 23 % de las mujeres y 40% de los hombres tienen acceso a una pensión. Sin embargo, la complijadad social y problema principal es que el 26% de los adultos mayores, no tienen ni pensión contributiva ni apoyo de programas sociales, siendo el punto medular de la creación de este programa.

Se espera que para el 2024 se tenga un padrón con más de 10 millones de adultos mayores en el programa de “65 y más”, los cuales para ese entonces estarán teniendo un ingreso bimestral asegurado de 6,000 pesos, los cuales significará alrededor de 360 MMDP  pesos anuales que se traducen en poco más del 5% del presupuesto anual total de la federación. Si bien en terminos económicos representa una parte considerable del presupuesto y no muy viable o rentable, en terminos sociales resulta insuficiente y sumamente necesario.

Tradicionalmente, entre economistas estas transferencias son consideradas gasto corriente, lo cual en terminos coloquiales significa que es un dinero que no representará una retribución futura, siendo utilizado por la administracón pública para satisfacer sus necesidades de operatividad. Sin embargo esto no necesariamente es cierto, ya que los sueldos y salarios tambien están incluidos dentro del gasto corriente, y es mediante estos mismos sueldo que todos los trabajadores pertenencientes al sector público pueden realizar sus compras bienes y contratar diversos servicios.

El gasto corriente siempre ha sido muy criticado, porque al ser elevado y representar una parte considerable del presupuesto de egresos, derivará en dos cosas; la primera es un costo de oportunidad elevado, es decir que el dinero que se destina a la operatividad se podría destinar al fortalecimiento en la infraestructura pública y la segunda; los altos déficit que se podrían generar como sucedía en las decadas de los 70 y 80´s, donde se gastaba más de lo que se ingresaba a las arcas públicas, sin embargo, a lo largo de estos ultimos años hemos visto que al menos por el tema de los altos niveles deficitarios no habría problema, ya que se cuenta con lineamientos más claros y conductivos como la ley de disciplina financiera o la ley de austeridad que permite llevar de manera ordenada las finanzas públicas tanto a nivel federal, como a nivel entidad federativa, y ahora hasta municipal con la conducción y asesoramiento del gobierno del Estado, al menos para el caso de Veracruz.

Por lo cual la pensión a los adultos mayores no representa ninguna complejidad para las finanzas públicas nacionales, ya que ese recurso se gasta integramente en compras de bienes y contratación de servicios, lo que significa que aumentará la producción dinamizando así la economía y al ser un sector especifico no se generaría inflación ya que no sería de manera agregada.

La pensión de “65 y más” lo que si brinda, es una garantía y certeza social, ya que la población más vulnerable y que no se encuentran en circunstancias de poder trabajar tiene  un respaldo económico para hacer frente a sus necesidades y los empodera para no encontrarse en un estado de indefención ni social, ni económica.