​El asunto de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública en el país siempre ha sido problemático. No obstante, en estos últimos tiempos, pese a que contamos con instituciones y leyes en la materia, atravesamos por una crisis orquestada desde el gobierno en turno (claro, no solo en este tema), la cual, busca llevarnos al denominado “mundo ideal” de López Obrador.

Ya han transcurrido varios días desde que la sociedad civil ha estado reclamando que se termine la inoperancia del pleno del INAI que se ha dado a consecuencia de la falta de nombramientos para ocupar las vacantes en tal órgano. Hay que recordar que ya existía acuerdo para designar a dos personas, pero que el presidente vetó tales opciones.

El INAI lleva más de 400 días en espera de que la Cámara de Senadores designe a una comisionada y un comisionado, sin embargo, desde abril de este año ahora suman tres vacantes. Urge que se ocupen estos cargos para que el pleno pueda sesionar y, con ello, dar resolución a más de 7,000 recursos de revisión que la ciudadanía ha interpuesto por problemas con el acceso a la información gubernamental.

Al final de su periodo, la cámara alta no llegó a un acuerdo acerca de los nombramientos y los legisladores de MORENA sostuvieron su posición adversa e, incluso, admitieron que esas designaciones no se darían hasta que su grupo parlamentario llegara un consenso. En pocas palabras, hasta que la ola guinda quisiera. 

A pesar de que instancias internacionales, nacionales y diversas asociaciones civiles exhortaron al poder legislativo para que, de manera inmediata, hicieran los nombramientos que hacen falta, es algo que no llegó a consecuencia de la posición que la bancada morenista tomó, presuntamente, por órdenes de su líder en Palacio Nacional.

Esta última semana, múltiples organizaciones de la sociedad civil se unieron para pedirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que desecharan el proyecto de la ministra Loretta Ortiz porque atentaba contra el derecho de acceso a la información de la población. 

Dicho proyecto, en concreto, buscaba determinar que la Cámara de Senadores no había sido omisa al no designar a quienes ocuparían el espacio en el pleno del INAI y que, por el contrario, había cumplido con su responsabilidad al intentar realizar el proceso y que una cuestión diferente es que no se hubiera llegado a un acuerdo.

Hay que destacar uno de los argumentos en contra de la visión de Ortiz y es el del ministro Juan Luis González Alcántara, quien, de forma acertada, asevera que el Senado es omiso por el simple hecho de que la ley les mandata nombrar comisionados y no quedarse a mitad de camino en el proceso y solo intentarlo.

De acuerdo con el artículo 76 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el Senado es el colegiado que tiene el poder exclusivo de nombrar a los comisionados del órgano garante nacional, sin embargo, no señala una temporalidad. Ante ello, González Alcántara considera que más de 400 días para hacer los nombramientos es un tiempo que sobrepasa los alcances de lo razonable.

Esto es muestra que, como siempre, la élite política usa y manipula la ley a su conveniencia. Desde mucho tiempo atrás, es una práctica común, sin embargo, el grupo mayoritario de MORENA que juraba que no es igual a los de antes, resulta que tienen las mismas prácticas y las superan, porque no es por buena fe que aprovechen que, en el artículo 76 de la CPEUM, no se determina un plazo de nombramiento para hacer, en efecto, lo contrario.

Con toda la discusión en la SCJN, con ocho votos en contra, tumbaron la propuesta de la ministra Ortiz, lo cual, es aplaudido por quienes integran al INAI, por las organizaciones de la sociedad civil y por los sectores académico y periodístico. Esto es un pequeño paso en la lucha por el reconocimiento y la garantía del derecho de acceso a la información pública, no obstante, todavía falta camino por recorrer.

Queda pendiente para agosto la presentación de un nuevo proyecto a cargo de otro ministro de la mayoría que votó en contra. Asimismo, resta pensar en lo que la ministra Margarita Ríos expresó en la mesa de debate, es decir, lo referente al funcionamiento y operatividad del pleno. 

Al parecer, la ministra y otros de sus colegas buscan brindar la alternativa de que el pleno del INAI pueda llevar a cabo sus sesiones solo con cuatro integrantes, en tanto que el Senado cumple con su facultad de designar titulares para las vacantes y, así, garantizar que la población no vea violentado su derecho a la información.

Veremos cómo avanza el asunto, sin embargo, no hay que olvidar que tendríamos que continuar con la demanda ante el Senado de que queremos nombramientos ya.