​A casi nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la verdad no ha sido revelada en su totalidad y todavía quedan muchas interrogantes. Está por demás decir que las madres y los padres de esos estudiantes continúan sin saber el paradero de sus hijos.

Este es el segundo sexenio en el que el caso sigue sin resolverse y hay que destacar que, en esta ocasión, ya existió un cambio de partido tanto en el poder ejecutivo federal como en la mayoría de las entidades federativas. La falta de acceso a la información en casos de violación de derechos humanos (la negación al acceso a la información pública en sí misma, ya es una violación de un derecho humano) no es algo nuevo en el país, sin embargo, lastima mucho.

Menciono esto porque se contaba con un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que analizaba el caso Ayotzinapa para llegar a la verdad y buscar la impartición de justicia, sin embargo, aunque se prometió que tendrían todas las facilidades para llevar a cabo su trabajo, esto no ha sido así.

Este GIEI ya ha anunciado que se retira del país y que no puede continuar con sus labores de investigación al respecto del caso, ya que se le ha negado el acceso a la información de documentación en posesión de las fuerzas castrenses, lo cual, es una barrera para cumplir con su deber. Pese a que López Obrador ha dicho que han tenido total acceso a los documentos, el GIEI aseveró que este ha sido parcial.

El presidente de la República insiste, como siempre, que se hacen dichos señalamientos porque hay una campaña en contra de las fuerzas armadas. El mandatario federal, en cada momento, tiene su argumento de defensa de que todos están en contra de la Cuarta Transformación. Es más, no se debe pasar por alto que AMLO está complacido con quien dirige la SEDENA pese a la existencia de las investigaciones periodísticas que expusieron indicios de corrupción de este último.

Además, hay que destacar que cuando se increpó al respecto de la negación de acceso a la información al GIEI por parte de las instituciones militares, los titulares de estas no respondieron, ya que, en su lugar, salió al “quite” AMLO. Lo anterior, en virtud de que, al estilo de “El Estado soy yo” de Luis XIV, el presidente dijo que él respondería en su calidad de comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

Claro, López Obrador asegura que las acusaciones contra el ejército y la marina se presentan sin ninguna prueba concreta, no obstante, tanto la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), como múltiples organizaciones han brindado respaldo al GIEI, así que ya nos imaginamos que todos están en contra suya.

Cabe puntualizar que, AMLO, en situaciones previas, ha asegurado que la ONU suele actuar de manera parcial, sobre todo, cuando los gobiernos son originados a partir de movimientos populares. Empero, esto lo crítica solo cuando cree que ve algo en el vecino de enfrente, pero él, su gobierno y sus instituciones sí pueden ser parciales. Eso me recuerda a su aclaración de que la 4T no hacía espionaje, sino inteligencia.

Ahora bien, aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha pedido la información de la labor del GIEI y determinó que todavía quedan pendientes en el caso de Ayotzinapa, se ha hecho omisa y no mencionó nada al respecto de que el Ejército Mexicano le ha puesto el pie a esta investigación.

Esto no sorprende, ya que se sabe que la CNDH ha sido infestada de 4T, comenzando porque a la cabeza está María del Rosario Piedra Ibarra, persona que es cercana al presidente y, a todas luces, es morenista. Es una lástima que la CNDH se vea tibia por rendirle pleitesías a quien está en Palacio Nacional.

Es cierto que, en la actualidad, hay algunos elementos de la SEDENA detenidos, así como un prófugo en Israel. Sin embargo, aunque se sabía que el exprocurador, Murillo Karam, estaba privado de su libertad (cuestión que Encinas presume como avance en el sexenio obradorista), hay que puntualizar que, para el fin de semana, un juez había frenado el juicio contra este para su primer proceso.

Alejandro Encinas, como presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, aseguró que se atenderán las 30 recomendaciones que el GIEI hizo acerca de la investigación y que el compromiso de López Obrador es localizar a los estudiantes y resolver el caso. Todo suena bonito, pero del acceso a la información de datos en posesión del Ejército no se habla ni tampoco de prolongar los trabajos del GIEI en óptimas condiciones.