​El poder legislativo tiene cerca de 100 procesos de designaciones pendientes, entre los que se destacan, por supuesto, el del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), de lo cual, ya les he hablado. No obstante, esta última semana, ya se cubrió la vacante que dejó la ministra Loretta Ortiz en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en su artículo 100, el CJF es un órgano que forma parte del Poder Judicial de la Federación y que debe contar con independencia para emitir sus resoluciones. Está conformado por siete integrantes, los cuales, se determinan de diferente manera.

De entre las principales tareas que tiene este Consejo es la designación, ratificación y remoción tanto de magistrados como de jueces, sin embargo, también tiene otras obligaciones determinadas por la propia ley. Así, hay que tomar en consideración la relevancia que posee dicho Consejo para la autonomía del Poder Judicial en general.

Para tener un lugar en este Consejo se deben cumplir los requisitos especificados en el artículo 95 de la CPEUM, entre los que se destacan los siguientes: 1) la ciudadanía mexicana por nacimiento; 2) tener treinta y cinco años; 3) contar una antigüedad mínima de diez años con el título de la licenciatura en derecho; 4) ostentar buena reputación; 5) tener residencia en el país de, al menos, dos años antes y 6) un año antes de la designación, no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal ni titular del ejecutivo estatal.

La cuestión es que, ahora, el Senado nombró consejera de la Judicatura Federal a Celia Maya García, quien, evidentemente, es una morenista declarada o, más que nada, una obradorista. Esto porque fue candidata del PRD y de la coalición que había formado este partido con otros y, luego, se pasó al lado de Morena.

De hecho, Maya García, hace un par de años, fue candidata a la gubernatura de Querétaro por parte de MORENA. De forma abierta, se ha declarado afín a tal partido, sin embargo, afirma que sus afinidades partidistas no influirán en su trabajo judicial, empero, ¿esto será posible?, puesto que su cercanía con el movimiento guinda podría intervenir en la independencia del Poder Judicial.

Este suceso me recuerda a lo acontecido en Veracruz, cuando el Congreso del Estado incorporó al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) a David Agustín Jiménez Rojas, quien está ligado a MORENA. Es más, ha sido representante propietario de tal partido ante el Consejo General del OPLE Veracruz.

Aunque se ha intentado desvincular del partido alegando que esta representación se trató solo de un trabajo como abogado, no hay que olvidar que su relación con MORENA es estrecha. Por un lado, hace un par de años fue candidato suplente a diputado local en la lista plurinominal morenista en 2021 y, por otro, él mismo ha publicado su apoyo a líderes de este movimiento y hasta asiste a las marchas y mítines organizados por la Cuarta Transformación. 

En aquella ocasión, el congreso veracruzano de mayoría morenista le dispensó el requisito de no haber sido candidato de elección popular, al menos, tres años antes de su designación, en virtud de que se consideró que era un “bien mayor” el contar con su colaboración en el IVAI. Hoy en día, es el comisionado presidente de dicho ente.

A diferencia del veracruzano, en el caso de Celia Maya en la CPEUM, de primera vista, no se determina que sea un requisito que para integrar el CJF el no haber ostentado una candidatura de elección popular en un periodo cercano. Así que, por ello, la mayoría morenista no vio problemas para incorporar a su correligionaria a tal organismo. Lo que hay que destacar es que, en esta ocasión, el voto de MORENA no fue el único decisivo para la designación, ya que algunos legisladores de oposición también votaron a favor.

Los pesos y contrapesos del sistema político mexicano se han debilitado. Estos habían sido creados para evitar la existencia de una figura presidencial que buscara controlar todo como sucedió en el pasado y como se pretende que pase hoy. Gran parte de este debilitamiento se da por la falta de las designaciones, así como también, por los nombramientos afines al partido oficialista en poderes, órganos e instituciones que deberían ser autónomos.