​Esta semana nos topamos con un nuevo plan de parte de MORENA para eliminar el sistema de pesos y contrapesos en la vida política mexicana. Esto no fue sorpresa, ya que el presidente AMLO había hecho amenazas previas al respecto de ello, puesto que, ante la caída de su plan A y su plan B, ahora iría por el C, el cual, incluía la desestabilización del Poder Judicial.

Todo comenzaba por vociferar que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberían ser colocados por una elección ciudadana, con lo cual, el presidente pensaba que les quitaba los privilegios a los partidos políticos de imponer a su gente más allegada y a su servicio.

La situación aquí es que incluso él mismo ya ha metido las manos a la SCJN, pero no ha tenido el éxito deseado para doblegar a tal poder de la federación. Ahora, como le estorba, en virtud de que les han puesto freno a sus planes dictatoriales, también ya va por este poder, solo era cuestión de tiempo.

No se puede pasar por alto que, mientras Zaldívar fue presidente de la SCJN, no le molestaban los fideicomisos, tampoco le disgustan los que se tienen en el Ejército y, mucho menos, le preocupa todo el dispendio de dinero que se ha hecho y se seguirá haciendo para sus “megaobras”, pese a que ya han superado el presupuesto esperado. Los motivos reales de AMLO para atacar al Poder Judicial son otros.

Hay que recordar las batallas que ha emprendido el ejecutivo de la nación contra instituciones como lo son el INE y el INAI y, por supuesto, en contra de la autonomía e independencia de estas. Ante sus derrotas en sus intentos por cambiar la constitución en su favor, ahora, se va contra el Poder Judicial de la Federación (PJF).

Lo anterior, por medio de la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos que tiene dicho poder, aludiendo a que, con ello, se terminarán los privilegios de esta élite. En especial, de los ministros, no obstante, se le olvida mencionar el impacto directo que podría tener para el resto del cuerpo trabajador del poder judicial, quienes están a diario enfrentando la tarea de contribuir a la impartición de justicia.

El presidente ya ha salido a decir que da su palabra de que, con esta medida, los trabajadores no se verán afectados en sus prestaciones o derechos laborales. Sin embargo, es muy difícil creerle a AMLO, ya que, con anterioridad, ha dicho tantas cosas que, al final, resultan no ser verdad como, por ejemplo, que tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca cuando el sistema de salud mexicano se está desmoronando. 

Ya diversas investigaciones periodísticas han demostrado que las afirmaciones del presidente son imprecisas en muchos temas y, otras, no tienen ningún respaldo ni documental ni de pruebas reales. Ejemplo de ello son las aseveraciones referentes al abasto de medicinas en el país y a la cobertura de servicios de salud pública, ya que, en la realidad, esto solo se veía en donde ya operaba de manera funcional el IMSS Bienestar. Y, aun así, en los lugares donde hay este último, siguen existiendo carencias.

Volviendo al tema del Poder Judicial, se debe decir que la aplicación de justicia en el país, en efecto, presenta deficiencias, puesto que los asuntos sobrepasan la capacidad humana que tiene tal poder, además de que el sistema no termina por ser eficiente del todo. Los tiempos de resolución son lentos, pero puedes ver a gente al interior de las oficinas trabajando como hormiguitas y, de todos modos, la impartición de justicia no es expedita.

No es una problemática que se arregle con limitar derechos laborales o prestaciones, sino que va más allá de ello, es una situación que requeriría un conjunto de medidas para hacer eficaz el trabajo. Entre estas, destacarían la capacitación del personal, procesos eficientes, minimizar procesos burocráticos, el empleo de la perspectiva de género y la visión de derechos humanos, mayor presupuesto, más personal, menor corrupción, más transparencia, entre otras.

Además, que no es un problema que se deba enfrentar únicamente desde el Poder Judicial, sino que, incluso, se tienen que revisar las leyes, reglamentos y manuales que le dan directrices al actuar de dicho ente. Esto, a todas luces, no es una medida para beneficiar a la población, sino para castigar a un poder que debería ser autónomo y no ceder ante los caprichos presidenciales, como en los tiempos de partido hegemónico, en donde el viejo PRI tenía el control de todo.

De hecho, el propio presidente dijo en su conferencia mañanera del 20 de octubre que “¿Cuándo se había visto una rebelión del Poder Judicial en contra del Ejecutivo en la historia? Nunca. O sea, era el Ejecutivo el poder de los poderes”. Aunado a ello, alegó que la SCJN siempre estuvo subordinada al presidente, entonces, ¿será que eso quiere AMLO? Que el Poder Judicial se le someta.

Este domingo, se convocó a una marcha en el país para defender al PJF, en la que no solo se sumaron las y los trabajadores que hacen carrera en tal poder y sus familias, sino también la ciudadanía y, claro, la misma oposición. El paro de labores continuará un par de días más, veremos qué sucede esta semana en el Senado.