La última semana se dio un revuelo en el Congreso de la Unión debido a las reformas que ya había anunciado el titular del ejecutivo, en particular, por la concerniente al amparo y a las pensiones.
Por un lado, la mayoría de las personas especialistas consideraron que la reforma de la ley de amparo era un ataque directo a la ciudadanía, ya que piensan que busca mantenerla en la indefensión ante los actos del gobierno, sobre todo, por lo que refiere a las “megaobras”.
Se ha dicho que limitar la posibilidad de un amparo, en específico, por medio de la imposibilidad de detener obras o leyes de manera cautelar, es una total afrenta a la defensa de derechos fundamentales. Esto significaría permitir que se cometan errores y, si se llegan a probar, pues ya estarán hechos y no habrá marcha atrás.
Pese a lo anterior, analistas, como Viri Ríos, se han pronunciado a favor de esta reforma. En su caso, argumenta desde “X” (antes Twitter) que el amparo se ha convertido en una herramienta que permite el abuso, puesto que es una vía legal para anteponer los derechos individuales sobre los colectivos. Por esto, Ríos estima que, hoy en día, los efectos del amparo pueden llegar a perjudicar el derecho al transporte, la vivienda y el espacio público de la colectividad.
Esta disyuntiva nos plantea la siguiente interrogante: ¿Es mejor tener a la disposición una vía para defender los derechos colectivos o eliminarla porque puede ser empleada por intereses individuales?
Ahora bien, por lo que refiere a la reforma de pensiones, esa es otra historia, ya que se había quedado atorada en su paso de la comisión al pleno en la Cámara de Diputados, debido a que, aunque se aprobó en la primera, al momento de su transición, misteriosamente, el dictamen fue modificado.
Se había quedado en el entendido de que se pretendía tomar las Afores de quienes tuvieran más de 70 años y no las hubieran reclamado o estuvieran inactivas. Sin embargo, cuando pasó al pleno, esta excepción desapareció y solo se mencionaba que las Afores de todas las personas mayores de esa edad se ingresarían al Fondo de Pensiones para el Bienestar, sin importar si estaban activos o no.
Se regresó el dictamen a la comisión para que subsanara este supuesto error que identificó un legislador panista. Ante lo cual, el coordinador del grupo parlamentario de MORENA, Ignacio Mier, declaró que se trataba de un error humano. La cuestión es que, por un lado, la comisión asegura que la equivocación fue de la Mesa Directiva de la cámara y, por otro, esta última afirma que provino de la comisión.
La oposición acusa que la Cuarta Transformación quiere robarse el dinero de los trabajadores y que son recursos privados que han costado juntar durante toda una vida. Además, sostiene que AMLO pretende arrebatar estos ahorros para introducirlos a las arcas del gobierno morenista.
Por su lado, desde el partido guinda aseguran que no es un robo y que solo se busca beneficiar a los trabajadores, en especial, después de las consecuencias de las reformas que se dieron con Zedillo y con Calderón.
Al mismo tiempo, el presidente de la República denuncia que la banca mexicana y los grupos neoliberales están haciendo una campaña en contra de esta reforma debido a que ven afectados sus intereses. ¿Nos dice la verdad? Es una realidad que los bancos se verían perjudicados, pero ¿es tan buena la propuesta de López Obrador?
Para dilucidar esto, es necesario poner algunos puntos sobre la mesa. Primero, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, asevera que los complementos para las pensiones serían financiados por medio de diferentes fuentes. Entre estas destacan los adeudos públicos al SAT e ISSSTE; claro, los recursos no reclamados de las Afores; las incautaciones del INDEP; la liquidación de Financiera Rural, y las utilidades de Mexicana de Aviación, el Tren Maya, el AIFA, entre otras.
Esto nos arroja una alerta, ya que ella y el gobierno morenista asumen que estas últimas empresas tendrán las utilidades suficientes para aportar a esta misión, empero, es un hecho que representan más pérdidas que ganancias.
Se sabe que, por un lado, Mexicana de Aviación necesita que el gobierno le inyecte dinero para funcionar y no se proyecta, ni a mediano plazo, que obtenga ganancias. Por otro lado, es muy cierto que el Tren Maya no tiene mucho tiempo operando y ya presenta fallas y ya ni hablemos de la poca productividad del AIFA.
Podríamos decir que, es un sueño loable el buscar que las personas trabajadoras tengan una jubilación justa. No obstante, no termina de cuadrar la forma en la que se pretende lograr esto porque, como se ha dicho antes, ni con la sustracción de las Afores inactivas alcanzaría y dudo mucho que, entre adeudos, el INDEP y Financiera Rural se llegue a la meta.
Lo anterior, suponiendo que, en verdad, busquen el beneficio para la población y que no se embolsen los recursos para las causas morenistas. De igual forma, ante esta movida, hay que puntualizar que es necesario establecer mecanismos de acción, de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización.
Por lo pronto, será en la tarde de este lunes cuando el dictamen, ahora sí, pase a discusión del pleno de la Cámara de Diputados y, en caso de ser aprobado por la mayoría morenista, pues se iría al Senado.