Hace unos días se divulgó que el secretario de educación de Veracruz ganaba más que el gobernador con una cifra por encima de los 100 mil pesos mensuales, asimismo, se publicaron cantidades similares para otros integrantes del gabinete, no obstante, el caso que hizo más ruido fue el del encargado del tema educativo.
Cuitláhuac García salió a defender las finanzas de su gobierno y afirmó que las únicas personas que pueden percibir una cantidad superior son los titulares de las secretarías de salud, seguridad pública y de gobierno, en virtud de los temas que manejan. Además, aseveró que estaba seguro de que Zenyazen Escobar no tenía un ingreso mayor al suyo y que, en caso contrario, le solicitaría que devolviera el excedente, así como también, le haría la misma solicitud a quienes estuvieran en este supuesto.
El secretario Zenzayen, al ser entrevistado, ha señalado que existió una confusión al interpretar una respuesta de una solicitud de información, ya que se pedía el dato al respecto de un periodo de tres meses y, haciendo la suma, daba como resultado la exagerada cifra, pero que el monto que devenga mensualmente es inferior. Por su parte, José Luis Lima, secretario de finanzas, aclaró que ninguno de los secretarios gana más que el gobernador.
La cuestión aquí es que es muy sencillo confundirse, puesto que los formatos que, por ley, deben subirse a las páginas de las dependencias gubernamentales, a veces, resultan ser poco manejables para la mayoría de la población. Todavía es más complicado, en ciertas ocasiones, navegar por la misma Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) para obtener este tipo de datos.
Respecto a este asunto de los salarios que se puso en duda, si se entra a la página del gobierno del Estado se puede revisar el concentrado de las cifras para la oficina del gobernador con una división trimestral, ya sea visualizándolo en el sitio o descargando un archivo. Si bien la mayoría de los apartados funciona, puede pasar que como en el caso del periodo de octubre-diciembre 2021 se descargue un documento con tablas que solo contienen el número cero, sin nombres ni cifras, o para otro trimestre que se descarga un archivo con un enlace que está roto.
Si se prefiere consultar la información de forma directa en la plataforma antes mencionada, la persona que ingrese se va a enfrentar a un mar de secciones y botones para llegar a lo que está buscando. Por lo que refiere a los salarios de los cuestionados, en realidad, se confirma su versión de que el gobernador cobra (para el segundo trimestre de 2022) $58,347.00 y el secretario de educación $56,468.34 al mes, ya con los descuentos que se les hace. Así, se estaría dando cumplimiento al mandato de que nadie puede ganar más que el gobernador, salvo las excepciones presentadas.
Si se contrasta en la plataforma lo que percibe el gobernador y el secretario de educación, se comprueba que, en la mayoría de los trimestres, el gobernador está por encima de este segundo. Pese a lo anterior, para el trimestre que culmina en septiembre de 2019, Zenyazen Escobar, según la PNT, tenía un ingreso mensual neto de $60,540.00 y de acuerdo con la página del gobierno del Estado, para ese mismo trimestre, el de Cuitláhuac García era de $59,670.82, lo que indica que, al menos en dicha temporalidad, el secretario de educación ganaba más que el gobernador.
Aunque es una ínfima diferencia y, posiblemente, es un error al subir la información o de interpretación, puede provocar que las personas que consultamos la documentación pública tengamos confusión a la hora de entender y procesar los datos. Ello, claro, aunado a lo complejo que se convierte hacer una consulta en nuestros sistemas de transparencia y acceso a la información.
Ahora bien, en cuanto a las solicitudes referentes al salario del secretario de educación, existen dos vías de respuesta, por un lado, que es información que ya es pública y, por otro, le piden al solicitante que ingrese al portal de la PNT y siga una serie de pasos para obtener lo que desea. Sería más sencillo darle la cifra o proporcionarle una captura de pantalla y, por supuesto, también brindarle la posibilidad de verificar en la plataforma.
Esto demuestra que en lugar de facilitar el acceso a la información lo más posible, únicamente, se ciñen al piso mínimo que delimita la ley en la materia con el mero afán de cumplir y sin el compromiso real de la transparencia. Hay que recalcar que esto no es exclusivo de una dependencia, sino que pasa en diversas instituciones gubernamentales, tanto a nivel local, estatal o federal. Hay que decir que las autoridades no necesitarían salir a aclarar cuestiones si, de entrada, los datos fueran fáciles de entender, interpretar y reutilizar tanto en sus sitios web como en las respuestas que entregan por medio de la PNT. ¿Para cuándo un verdadero compromiso con la transparencia y el derecho de acceso a la información de parte del funcionariado público?