​El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) y el Congreso del Estado pregonaron felices la aprobación de la reforma de la ley en la materia presentada por el Pleno del IVAI, la cual, se ha anunciado como una reingeniería administrativa, sin embargo, es más que esto.

En efecto, se organizan de mejor manera las áreas del instituto. Además, en algunos casos, existe un cambio de funciones entre una dirección y otra. Un ejemplo de esto es que la Dirección de Capacitación y Vinculación pasa la estafeta a la de Asuntos Jurídicos sobre la verificación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. Así, la primera solo coadyuvará con la segunda, mas ya no será la responsable.

Se agrega que el pleno tiene la atribución de crear o modificar las unidades administrativas al interior del IVAI. Aunado a ello, le otorga la facultad de establecer coordinaciones en las regiones del Estado que, aunque ya estaban contempladas desde el pasado, ahora, se especifica quién las determina. Otra de las tareas que se le añaden al pleno es la de la emisión de lineamientos en materia de transparencia.

Ahora bien, se suman otras cuestiones para actualizar a la ley a las circunstancias contemporáneas, puesto que se declara que las sesiones del pleno podrán ser realizadas a través de medios electrónicos. De igual manera, hay varias correcciones de redacción que actualizan nombres de dependencias, leyes o direcciones, así como llevan el contenido de esta normativa a ser más incluyente, aunque solo en ciertos casos, ya que, en otros, todavía falta.

Uno de los temas de los que hace gala esta reforma es que destaca el trabajo colaborativo para el cumplimiento de las tareas primordiales. Un ejemplo de esto es la preparación del Proyecto de Presupuesto que, antes, elaboraba la Dirección de Finanzas en solitario, pero que, ahora, tiene que considerar lo que las áreas administrativas expresan. 

Un acierto es la especificación de que quien sea responsable de la Unidad de Transparencia debe tener un perfil para el puesto y, preferentemente, contar con certificaciones. Esto es una oportunidad para la especialización y profesionalización del funcionariado público encargado de atender estas áreas en los sujetos obligados. 

Aunque en el articulado no se señala la forma en que el perfil se va a determinar, en los transitorios se apunta que el órgano garante cuenta con 180 días para expedir los criterios para la certificación del personal de las unidades de transparencia a las que se hace referencia en la reforma. 

Hasta aquí todo bien, no obstante, por supuesto que hay un “pero”, porque instaura que el plazo de cumplimiento de las resoluciones ya no será de cinco días sino de diez, por lo que los sujetos obligados tienen más tiempo para cumplir con lo que el órgano garante resuelve en torno a los recursos de revisión interpuestos por la ciudadanía.

Hablando de esto último, también se aumenta el plazo para la resolución de estos recursos, el pleno pasó de tener 20 a 40 días hábiles. Aunque la Ley General en la materia dice que el plazo no podrá exceder de 40 días, esto no significa que se deba poner este tiempo, en especial, en entidades como la nuestra en donde, antes, se determinaba un plazo menor.

Han manifestado que la reforma va a agilizar los procesos en lo que refiere a la transparencia y acceso a la información, sin embargo, pese a que tiene sus puntos buenos, es un hecho innegable que el aumento de los plazos no es la vía para agilizar esto. 

Como declaró la comisionada presidenta del IVAI, estos cambios facilitarán una operación más eficiente porque hay que aceptar que la mayoría de ellos, armonizan la labor administrativa. Además, incluso uno de los agregados determina que se debe privilegiar la resolución del conflicto por encima de los formalismos procedimentales, claro, un total acierto.

Mi labor de investigación me ha hecho usuaria frecuente de la PNT y he notado que es una carrera de paciencia y persistencia porque ¡Cómo tardan!, ¡cómo niegan los datos! El caso es que la espera para obtener información pública siempre ha sido larga y, ahora, le suman más tiempo. 

De por sí, en muchas ocasiones, tengo que dejar fuera ciertos datos, puesto que la respuesta no llega en el plazo para entregar un artículo y mire que comienzo con meses de antelación considerando los tiempos oficiales.

Así que suelo recibir respuestas muchos meses después de la solicitud, ya que en lo que piden prórroga, en lo que entregan incompleto, en lo que niegan información, en lo que me requieren que aclare a qué me refiero, en lo que hago el recurso de revisión y en lo que el IVAI resuelve y, luego, en lo que el sujeto obligado acata ¡Se nos fue la vida!