​El martes pasado se tuvo una intensa actividad en la Cámara de Diputados, pues se discutió la reforma electoral del titular del ejecutivo. Tras escuchar diversos discursos de cada una de las bancadas, llegó la hora de la abrumadora votación, con lo que, a pesar de tener mayoría, MORENA vio derrumbarse ese proyecto al no alcanzar la mayoría calificada.

Aunque es algo que veía venir el propio presidente y, por ello, tenía preparado su as bajo la manga, ya contaba con lo que se ha llamado el “Plan B”, esto es, un paquete de reformas a leyes secundarias en la materia con el que pudiera apretar el cinturón a las autoridades electorales.

Por un lado, está el anexo A con las iniciativas para reformar las siguientes leyes: 1) Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 2) Ley General de Partidos Políticos y 3) la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. Por otro, el anexo D que reforma tanto la Ley General de Comunicación Social como la de Responsabilidades Administrativas. 

Lo contenido en el anexo D ha sido bautizado en los medios como el “Plan C”, el cual, acompaña al primero que ya se vislumbraba que iba a salir a flote para lograr embestir el voto de la oposición. Así, en aquella sesión maratónica del martes se aprobaron ambos planes y han sido turnados al Senado para su discusión.

Si ya festejaban que la reforma electoral no había pasado, no se puede tener tranquilidad al ver que los proyectos alternativos han salido victoriosos del legislativo. Pese a que no eliminan al INE, traen consigo ajustes que no son para nada mínimos y que, por el contrario, tendrían preocuparnos. La cuestión no es que el INE sea intocable, sino que se debe tocar para mejorarlo, no para asfixiarlo.

Dejando de lado las mañas, los enfrentamientos, los gritos, las interrupciones y las lonas que se desataron en aquella sesión, debemos inquietarnos por lo que dicen los cientos de hojas de estas iniciativas que ya están a nada de hacerse realidad si es que el Senado las aprueba.

Es cierto que hay cosas que indican que se está dando un paso hacia delante, pero hay muchas más que implican un retroceso. Por ejemplo, la inclusión de una traducción a lenguas indígenas de los documentos electorales es un acierto, pero no podemos confiarnos ni engañarnos con los dichos de buenas intenciones.

La reducción estrepitosa que se plantea tanto para el INE como para el Tribunal Electoral es algo grave, ya que, aunque se piense que son muchos organismos que trabajan en esta materia, los cuales, cuentan con un gran número de personal, siempre faltan manos. Es claro que se requiere hacer más eficientes diversos procesos, pero este apretón (casi ahorcamiento) que se les está dando a estas instituciones no va a ayudar.

Algunas personas dicen que se acabarán los privilegios y los grandes salarios de los empleados electorales, no obstante, si creen que solo van a bajarle el sueldo a quienes integran el Consejo General del INE o de los propios OPLE están muy equivocadas. La reforma a estas leyes indica que se revisará todo el tabulador, así que los ingresos de todo el personal bajará. Asimismo, se determina que nadie puede ganar igual o más que su superior jerárquico, entonces toda la base operativa se verá afectada.

Podemos ver a las y los consejeros electorales en la sala de sesiones por horas deliberando o en atención a ciertos procesos, sin embargo, detrás de esta gente hay más individuos que hacen funcionar el engranaje electoral. 

Justo en estos momentos, el personal de estas instituciones se ve rebasado para responder a sus tareas primordiales y, aun así, hace, incluso, de más para lograr llegar a la meta y con la reducción no solo de salarios sino de estructura que se plantea, esto será una locura. 

No hay que pasar por alto que la reforma también dicta que los conflictos laborales por tal recorte se pagarán con los fideicomisos que maneja el INE, sin embargo, lo que sobre se reintegrará a la tesorería federal. 

Otra cuestión alarmante es la definición que se introduce de propaganda gubernamental, pero, sobre todo, de lo que no se considera como tal. Esta excluye a todas aquellas expresiones que realice el funcionariado público, las cuales, estén dentro de los límites de la libertad de expresión. Esto nos deja fronteras algo difusas.

Necesitaríamos muchas hojas para enlistar todo lo que está mal con este paquete de reformas que obedecen a un capricho presidencial para aplanar el terreno rumbo a las próximas elecciones y que, algunos dicen, es un plan con “V” de venganza como cuestiona Ciro Murayama y no un plan B para hacer crecer a la democracia mexicana. 

En la letra la autonomía de las autoridades electorales no se ha tocado, pero en la realidad esto quedaría en duda. Ya veremos que dicen en el Senado, así como ya veremos qué hace Monreal ante la maquinaria guinda de su partido, ¿será la oveja desobediente?