​Hace un par de días el medio El país difundió un reportaje que explica cómo diversos personajes de la vida pública han contratado a la empresa europea Eliminalia para borrar del mundo del internet cualquier cuestión que les sea incómoda. En la lista de los evidenciados figuran el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte; el excandidato del PAN, Miguel Ángel Colorado Cessa y Miguel Ángel Mancera, con su vínculo con Seguritech, entre otros.

En el sitio web de Eliminalia se señala que se encarga de eliminar datos en Internet con lo que se garantiza el derecho al olvido. Además, se especifica que tienen oficinas en 14 países, que su servicio es confidencial y discreto. ¿Cómo funciona?

De manera general, hacen un rastreo de lo que se encuentre difundido en la red, esto es, cualquier tipo de dato con connotaciones tanto negativas como positivas. Luego, proceden a eliminar o sepultar lo solicitado en la oscuridad del algoritmo de distintos sitios a través de diversos métodos. 

En específico, esta empresa, de acuerdo con su página, ofrece los siguientes servicios: 1) borrar tu nombre de Internet; 2) eliminar el rastro en los medios de comunicación; 3) borrar tu nombre de los boletines oficiales del gobierno o, en su caso, encriptarlo para que no se tenga acceso a ellos; 4) quitar todo vestigio de tu nombre en cualquier red social y 5) borrar cualquier archivo multimedia. 

Lo anterior, lo hacen alegando garantizar el derecho al olvido que las personas tenemos, pero ¿Qué significa? El profesor Antonio Fernández Fernández explica, en su columna Antinomias en La Razón, que consiste en que los individuos pueden pedir que se elimine información divulgada en Internet, pero que, con el paso del tiempo, ya no es trascendente o vulnera la protección de datos personales.

En esa misma columna, Fernández rememora que el primer caso en el que se expuso este derecho sucedió en 2014 en la Unión Europea, con lo cual, se marcó un precedente sobre el tema. En ese mismo sentido, en nuestro país también se conoció un caso en el que fue demandado Google, sin embargo, este derecho no ha sido bien delimitado en México y su concepto y alcances siguen en construcción.

La discusión radica en que, en muchas ocasiones, este derecho podría chocar con los límites de la libertad de expresión, así como también con el derecho a la información y con el de acceso a la información pública. En especial, cuando se trata del actuar de quienes gobiernan en la época de su respectiva gestión o de los recursos que estos personajes usaron y la forma en que lo hicieron.

El País reporta que Javier Duarte empleó los servicios de Eliminalia para borrar información de YouTube y de los sitios de Internet de diversos medios de comunicación como, por ejemplo, Sin Embargo, Publimetro y Vanguardia. De acuerdo con El País, la empresa cobró más de 30 000 dólares, pero a la firma Operación y conservación de carreteras por medio del empresario Jaime Antonio Porras Fernández, quien es compañero de negocios y amistad de Duarte.

¿Qué se buscó eliminar? Los titulares relacionados con las propiedades del exgobernador en el extranjero y algunas ventas por cantidades ridículas a sus familiares. A todas luces, esta información se conecta con el caso de Duarte sobre desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito. Cuestión que es más que sabida. ¿Esto será suficiente para que el pueblo veracruzano olvide el sexenio de Duarte?

Ahora bien, la cuestión gira en torno a las siguientes interrogantes: ¿Los delincuentes de este calibre deben tener la posibilidad de que se elimine la información sobre sus delitos, la cual, es verificada y publicada por los medios de comunicación? ¿Cómo se tendría que aplicar el derecho al olvido? 

Tal parece que solo tienen acceso a este derecho quienes poseen el dinero para cubrir sus fechorías. Pues quienes, en verdad, deberían contar con este derecho tienen que aguantar que se puedan ver cosas que violan su privacidad o que les revictimizan. Estoy hablando de las víctimas que enfrentan imágenes o dichos en la Internet que, lejos de hacerles justicia, solo lucran con sus desgracias.

Se requiere explorar, analizar y determinar los límites del derecho al olvido de manera efectiva y, sobre todo, las vías por las cuales se puede acceder a él, así como también, es vital reflexionar en torno a quiénes deberían tener este derecho y en qué condiciones. En ese mismo sentido, la pregunta queda abierta ¿Basta con purgar una condena en prisión para borrar toda huella de los motivos de esta? 

Es una realidad que muchas personas inocentes están en las cárceles mexicanas y que son estigmatizadas y su reinserción en la sociedad se convierte en un camino tortuoso cuando salen. Es esta gente la que tampoco tiene derecho al olvido, pero los delincuentes de cuello blanco, mientras tengan el capital para pagar, siempre podrán borrar su maldad del Internet. No obstante, espero que ese dinero no sea suficiente para hacer olvidar al imaginario colectivo.