​Todavía continúa la agitación en el país debido a las consecuencias que puede traer consigo el Plan B de la Reforma Electoral propuesta por el presidente de la República y su bloque morenista y de aliados. Desde el extranjero se ha expuesto que es un retroceso democrático, así como han llegado a esta conclusión diversas personas especialistas en el tema. Así, el domingo 26 de febrero la ciudadanía y la oposición salió de nuevo a marchar en contra de este plan antidemocrático.

Había quedado pendiente gran parte del paquete de leyes que comprendían esta reforma debido a que faltaba que se discutiera lo que ha sido llamado “la cláusula de la vida eterna”, cuestión que terminó fuera. Con su discusión en el Senado de la República, ahora sí el Plan B ya quedó sin pendiente y se envió al ejecutivo federal para su publicación.

Esta polémica se ha mezclado con la noticia de que se encontró culpable de diversos cargos a Genaro García Luna en una corte de Estados Unidos. Al conocido “superpolicía” encargado de tareas de seguridad pública en los sexenios de Fox y, principalmente, en el de Felipe Calderón, le han encontrado nexos con grupos del narcotráfico. Con lo que no solo se dice que se enriqueció de forma ilícita, sino que también colaboró a la distribución de diferentes drogas en el país vecino.

Ante esto, AMLO celebró su captura y que ha sido declarado culpable. Ha anunciado este hecho como un logro de su propia administración cuando García Luna está viviendo su proceso en Estados Unidos de Norteamérica y no por obra del morenista. Muchas personas le agradecen al presidente que por fin se haga justicia, pero la cuestión es que nada tiene que ver López Obrador en ello, al menos, por ahora.

El ejecutivo federal y sus allegados se han concentrado en exigir explicaciones a la oposición acerca de su relación con García Luna, en virtud de que trabajó en administraciones panistas, por lo cual, consideran que son cómplices. En especial, durante el periodo de Calderón Hinojosa, cuando se declaró una guerra contra el narcotráfico en México.

Es cierto que, de aquel tiempo en que Genaro estuvo tan involucrado en la seguridad del país, se requiere mayor investigación con múltiples sujetos. Hay que comenzar por las cabezas de ciertas instituciones y, sobre todo, ir con quienes le brindaron la confianza para arribar a tales cúpulas. Así, se tendrá que llegar a la profundidad del asunto, ya que, sin duda, la comisión de semejantes crímenes necesita tejer una red de colaboración (o, mejor dicho, de complicidad).

Ahora bien, ligar esto con la marcha en favor del INE es un extremo, pues desde las huestes morenistas se han encargado de decir que es la #marchadelacorrupción, que Genaro no se toca y Lorenzo no se toca. Cuando, por un lado, es una exageración afirmar que velar por la protección de una institución democrática es para proteger a alguien ligado al narco. Y, por otro, Lorenzo Córdova se encuentra a nada de terminar su periodo en el INE, así que no se está buscando que prevalezcan privilegios de una persona, en especial, cuando ya sale.

Por una parte, desde MORENA se dice que todo lo que se ha construido para intentar proteger al INE se hace con el fin de desviar la atención de lo que implica el caso de García Luna. Por otra, desde la oposición y la sociedad civil se dice que este caso se está empleando para alejar el foco de la apremiante situación que vivimos ante el desmantelamiento del INE.

Si bien los seguidores de AMLO mencionan que no se está matando al INE, como he dicho antes, no se elimina, sin embargo, si se ata de manos con este Plan B. Asimismo, la reforma podrá dejar un INE austero, pero jamás uno más eficiente, ni más especializado y, mucho menos, imparcial. Tendríamos un INE capturado.

Hay que entender que, aunque a la marcha acudan representantes de los diversos partidos políticos o de agrupaciones que, de forma abierta, no comparten las mismas opiniones que quien se sienta en la silla presidencial, esto no implica que es un movimiento para proteger a alguien que está esperando sentencia en otro país.

Coincido con el doctor Gerardo L. Munck quien ha publicado en Twitter que: “Cuando los gobiernos impulsan reformas al proceso electoral para beneficio propio, y sin el apoyo de partidos de la oposición, hay que sospechar de esas reformas. Por eso cuestiono los cambios al #INE. La democracia mexicana debe mejorarse, pero no de esta forma”.

Ahora, solo resta que se llegue hasta el fondo del asunto de García Luna y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inconstitucional este Plan B, después de que el ejecutivo la publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y se hagan llegar los recursos a la SCJN. Por cierto, ¿para cuándo planea el presidente publicar la reforma?