​No es un secreto que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, detesta la transparencia, en especial, esto ha quedado documentado a partir de sus ataques al INAI y la forma de conducirse en diversos procesos. Además, es un secreto a voces que, en su afán de, supuestamente, hacer las cosas más simples y directas, suele caer en actos de corrupción y opacidad. 

La polémica de esta semana se centró en los hijos del presidente que si bien no son servidores públicos, como ha aseverado, la esposa de uno de ellos, lo problemático es que su padre sí lo es y ellos, de alguna forma, llegan a intervenir en el actuar gubernamental. Esa facha de “empresarios” sencillos, solo es eso, una mera fachada mal hecha.

Estos últimos días, Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) hicieron público que los amigos del segundo hijo del presidente, Andrés Manuel López Beltrán, han obtenido contratos millonarios del gobierno federal en procesos que se llevaron a cabo, prácticamente, sin competencia.

Lo anterior, en virtud de que los procedimientos a través de los que obtuvieron los proyectos solo registran a otros dos competidores más, los cuales, casualmente, están ligados a las mismas personas y hasta tienen la misma dirección. Entonces, únicamente, se reparten los procesos, a veces gana una empresa y, a veces, otra. 

Quienes están al frente, son dueños o apoderados legales de estas empresas, también son amistades directas o gente cercana de Andy, el hijo de AMLO. Pese a que el descendiente de López Obrador no les otorga los contratos él mismo, pues es muy sospechoso que, teniendo injerencia en los movimientos del gobierno federal, estas personas resulten ganadoras.

Además, no se debe pasar por alto que investigaciones de la prensa han revelado que, al menos, en una de las obras en Tabasco otorgadas a este grupo de amistades ha habido serias irregularidades e inconsistencias. Así como tampoco se puede olvidar que otro de los herederos de AMLO, José Ramón López Beltrán, vivía en la conocida “casa gris”, propiedad de un alto directivo de una compañía con contratos con PEMEX.

El titular del ejecutivo ha salido a decir que todo lo que se ha expuesto de sus hijos son mentiras, ya que ellos no son corruptos. Ha argumentado que puede ser que los contratos existan, pero que sus hijos no están involucrados. Asimismo, se ha justificado diciendo que solo porque es “el primo del amigo de la hermana”, intentando enredar y confundir, cuando las cosas no son así.

Al quedar atrapado en las preguntas, sacó su infalible argumento de siempre: “¿Y Loret de Mola?”. No es novedad que, cada vez que quiere justificar los actos de su gobierno o de sus cercanos, acude a criticar a periodistas, en especial, a Loret de Mola y sus ingresos.

Otra de las cuestiones que se expuso ante la opinión pública, es el nuevo sitio en el que vive José Ramón al que la prensa ha llamado “la nueva casa gris”. Esta es propiedad de la asistente de la directora de La Jornada y que, por coincidencias de la vida, es el medio con más contratos de publicidad del gobierno federal.

Luego de que se diera a conocer esto, la revista Proceso divulgó unas fotos en las que se veía a José Ramón y su familia en un vuelo rumbo a España en una clase que para nada era económica. Ante esto, José Ramón publicó un video en el que se ve en El Ángel en Ciudad de México y criticó a Proceso por mentir, aunque, misteriosamente, exhibió la foto de quien él acusa de compartir las fotos y se ve en el mismo vuelo. 

¿De dónde sacó estas imágenes? ¿Cómo está seguro que fue ella? Nadie sabe. Tal vez, es real que fue visto en un vuelo de ese tipo, pero no es de estos días que, como quiera, exhibe los lujos en los que vive la familia cercana de AMLO y no que su hijo estuviera huyendo después del escándalo. Porque, claro, la austeridad republicana es para el pueblo y no para el presidente y sus allegados. 

Se ha acusado de que los medios acosan a los hijos del presidente y a sus familias, sin embargo, este no es el caso, ya que lo que se hace es exhibir las redes de corrupción que teje AMLO y de las que forman parte sus propios herederos. No hay que olvidar que pueden ser sujetos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas no solo el funcionariado público, sino también los particulares que se encuentren relacionados con la comisión de faltas administrativas graves. 

Para esto sirve el INAI, para garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública que, a su vez, permite evidenciar la corrupción y enterar a la ciudadanía de las decisiones gubernamentales. Ese instituto con el que el presidente quiere acabar porque le estorba para sus negocios. Recuerde, el castigo es obligación de otra institución.