​El pasado jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el acuerdo publicado por el poder ejecutivo federal en noviembre de 2021. Por medio de este, se determinó que los proyectos y obras de infraestructura del gobierno federal se consideraban de seguridad nacional y de interés público. La decisión de la corte se dio porque este acuerdo transgredía el derecho de acceso a la información de la ciudadanía, así como también, sobrepasaba las facultades del INAI para salvaguardar dicho derecho.

El sector académico y las organizaciones de la sociedad civil ya estaban festejando la decisión de la SCJN, pese a que todavía quedaba pendiente para el lunes 22 de mayo que se decidiera los efectos de la invalidez del acuerdo. No obstante, el júbilo duró poco, puesto que el presidente, la noche de ese jueves, publicó otro “decretazo” similar.

El senador Monreal defiende que no se trata del mismo acuerdo, sin embargo, lo único que cambia de fondo entre el anterior y este es que el nuevo proclama de seguridad nacional, de forma específica, ciertos megaproyectos que han sido estandarte de la 4T y, en específico, de López Obrador. En el decreto anterior se hablaba de todas las megaobras del gobierno federal en distintos sectores, en cambio, el de ahora enumera los siguientes: 1) el Tren Maya, 2) el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y 3) los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum. 

Todo parece indicar que, el presidente ya vislumbraba que la SCJN le daría revés por completo al primer “decretazo” y ya estaba preparado con un nuevo acuerdo que pudiera contrarrestar la decisión de la corte. Además, no hay que olvidar que AMLO se ha dedicado a criticar al poder judicial y, sobre todo, a los ministros que le son adversos a su movimiento, en especial, a la presidente del colegiado, Norma Piña.

De hecho, uno de los favoritos de Obrador, Cuitláhuac García, encabezó este sábado una manifestación en contra de la SCJN a las afueras de sus instalaciones. Lo anterior, porque García piensa, como AMLO, que la corte está llena de corrupción y que sirve a los intereses de los conservadores. Esto, por no beneficiar las últimas decisiones del presidente, a pesar de que este cuenta con tres alfiles al interior de la SCJN, quienes de manera evidente y descarada respaldan de forma ciega al titular del ejecutivo.

Andrés Manuel López Obrador ha dicho que el argumento de que él y su gobierno quieren ocultar la información de las megaobras, es un invento de los “fifís” y conservadores corruptos porque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observa lo relacionado con este tipo de proyectos. Una cuestión que pasa por alto el presidente es que una cosa es que la ASF fiscalice la cuenta pública y otra muy distinta es que podamos conocer la información de estas obras y, mucho menos, implica que rinda cuenta de ellas.

Lo anterior lo digo porque, al declarar que estas insignias de la 4T son consideradas de seguridad nacional, se permitiría que toda la información relacionada con ellas fuera clasificada como reservada. Y, en consecuencia, no tendríamos acceso a ella por determinado tiempo. Puesto que existe este tipo de consideración tanto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

En LFTAIP se especifica que toda la información que generan o poseen los sujetos obligados en el ámbito federal es pública. Sin embargo, también afirma que se puede clasificar como reservada o confidencial por razones de interés público y de seguridad nacional. En ese sentido, esta clasificación podrá durar hasta por cinco años e, incluso, podría extenderse ese periodo hasta por otros cinco años si así lo resuelve el Comité de Transparencia del sujeto obligado. De hecho, en la LGTAIP también se determina que la información podría clasificarse, de forma excepcional, como reservada por razones de interés público y de seguridad nacional.

No es que el acuerdo del presidente por sí mismo niegue el acceso a la información. Lo que sucede es que podría darles un argumento a las diferentes dependencias gubernamentales de la federación para que, al momento de que llegue una solicitud referente a estas megaobras, puedan iniciar un proceso de reserva de esta información. Con ello, nos quedaríamos sin conocer poco o nada de estos proyectos.

Así, AMLO hace una inteligente jugada para seguir fomentando la opacidad de su gobierno, para continuar con su negativa a rendir cuentas, para reafirmar su aversión a la transparencia y al derecho de acceso a la información y, sobre todo, para permitir que la corrupción de la 4T no sea evidenciada. Ahora, sabemos cuáles obras le interesa blindar de forma específica para dar rienda suelta a los negocios de sus familiares y allegados. Aunque, esto era un secreto a voces.