​La impunidad en México ha alcanzado niveles alarmantes, y el estado de Veracruz es uno de los escenarios más desoladores de esta crisis. Los datos no mienten: en un país donde el 77 por ciento de la población cree que el esclarecimiento de delitos depende de presiones políticas o mediáticas, y donde solo uno de cada diez homicidios dolosos es resuelto, es evidente que la justicia está lejos de ser accesible para todos.

Veracruz destaca de manera trágica en este panorama. Entre 2019 y 2023, se registraron 346 feminicidios en la entidad, lo que lo sitúa como el tercer estado con mayor número de casos a nivel nacional. Sin embargo, el índice de impunidad es abrumador: del total de feminicidios, ningún caso fue vinculado a proceso en la etapa inicial, lo que resulta en un índice de impunidad del 100 por ciento en esta fase crítica. Y aunque se emitieron 38 sentencias por feminicidio, solo 37 fueron condenatorias. 

Es decir, la gran mayoría de estos crímenes sigue sin castigo, un reflejo devastador de la ineficacia del sistema judicial.

El problema no se limita a los feminicidios. La trata de personas es otro delito con índices de impunidad aterradores en Veracruz. De los 32 casos reportados en los últimos cuatro años, apenas cuatro fueron vinculados a proceso, y solo una sentencia fue emitida. Esto significa que el 96.88 por ciento de los casos de trata en el estado quedan impunes.

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Más alarmante aún es la violencia homicida que afecta a los menores en Veracruz. Desde 2016 hasta 2023, 156 niños murieron y 129 resultaron heridos por armas de fuego. A pesar de la gravedad de estos crímenes, el sistema judicial solo ha logrado emitir dos sentencias condenatorias. La impunidad en estos casos es del 99 por ciento, una cifra que no solo indigna, sino que desmoraliza.

Esta falta de acción efectiva por parte de las autoridades no solo perpetúa la violencia, sino que también socava la confianza pública en las instituciones. Según el estudio de Impunidad Cero, la mayoría de los mexicanos cree que la cárcel es la única respuesta para combatir el crimen, pero este enfoque punitivista y militarista no ha logrado frenar la ola de impunidad. Por el contrario, parece que la justicia retributiva predomina sobre otras formas de justicia, como la reparación del daño, que apenas comienza a ganar aceptación.

La crisis de impunidad en Veracruz es un reflejo de un problema estructural que afecta a todo México. La falta de resolución de casos, la ineficacia de las instituciones judiciales, y la percepción de que el poder político puede manipular la justicia, son factores que contribuyen a la desesperanza de la población. A pesar del respaldo considerable que tiene el partido en el poder, casi la mitad de los mexicanos cree que la impunidad se ha mantenido o ha empeorado en los últimos años.

Atender las causas de la impunidad pasa por fortalecer las instituciones de seguridad pública de corte civil, construir capacidades de procuración de justicia y optar por la prevención en lugar de la represión. Si no se toman medidas urgentes y significativas, la violencia y la impunidad seguirán siendo una plaga que devora a Veracruz y a todo México. La sociedad no puede permitirse seguir siendo rehén de un sistema que no ofrece garantías de justicia.