La frase: Si quieres conocer a una persona, dale poder, aplica hoy muy bien a Cuitláhuac García Jiménez.

A lo largo de su sexenio, los veracruzanos hemos visto su total transformación, desde su manera de vestir hasta su modito de andar (lo único que no puede cambiar es su modito de hablar).

Con su comportamiento, es otro que deja muy maltrecha la imagen de la UV en la que estudió y de la que egresó, pues no se muestra racional como el profesor de tiempo completo que presume que es.

A solo unos meses de que termine su responsabilidad al frente del gobierno del estado, ha aflorado de nuevo el dictador que lleva dentro, poniéndose por encima de la ley.

En los primeros minutos del 1 de diciembre de 2018 protestó guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las Leyes que de ambas emanen.

Su compromiso lo hizo al asumir la gubernatura, en una ceremonia protocolaria ante en el pleno de la LXV Legislatura, que se supuso que era la representación del pueblo de Veracruz.

Desconoce una sentencia y niega el voto a presuntos inocentes

Ahora, en forma abierta, le da un golpe más al Estado de derecho: desconoce una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para evitar que quienes están en cárceles del estado pero no han sido sentenciados voten para elegir a la presidenta.

Para fijar el contexto, vale la pena retomar la historia, que no tendría nada de extraordinaria si Cuitláhuac se condujera conforme a la razón y al Derecho, y de manera respetuosa e institucional.

El lunes, el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Josué Cervantes Martínez, informó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no ha firmado un acuerdo para que el instituto implemente un proceso que promueva y garantice el voto, entre el 6 y el 10 de mayo próximos, para la elección presidencial a 4 mil 500 internos.

Resulta que en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 8 de febrero se publicó el acuerdo del Consejo General del INE por el que se aprobaron los “Lineamientos para la conformación de la lista nominal de electores en prisión preventiva para el proceso electoral federal y los procesos electorales locales 2023-2024” y sus anexos.

El acuerdo tuvo como antecedente una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que el 20 de febrero de 2019, al resolver dos juicios ciudadanos (de dos internos de Chiapas, sin ser sentenciados) concluyó que las Personas que se encuentran en Prisión Preventiva que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar, porque se encuentran amparadas bajo la presunción de inocencia.

En una primera respuesta, la SSP respondió el 14 de enero que no tenía certeza jurídica para firmar el acuerdo, lo que mostró la total ignorancia de su equipo jurídico, que desconoce la normatividad vigente (ellos solo conocen la ley del garrote).

Le pide con lenguaje florido; le responde como carretonero

Don Josué, todo una dama en su trato (dicho con el mayor respeto a su persona), se dirigió entonces al comandante, el gobernador, con la mayor delicadeza, con lenguaje florido: “Yo aprovecharía este espacio para que, en pleno respeto a la investidura del señor gobernador, de manera cordial, amable, atenta, respetuosa, hacerle un llamado para que instruya a SSP a que concluya este análisis jurídico y tener una respuesta positiva”.

Con su lenguaje muy peculiar, el gobernador le respondió: “Es muy mañoso. Yo lo recibí varias veces y no cumple, no tiene palabra y por eso no nos vamos a arriesgar, se me hace muy extraño que quiera vulnerar la seguridad de las prisiones (?). Que diga claramente por qué, de quién defiende el derecho. Lástima que tenga en las manos al INE de Veracruz. ¿Que no hay otro consejero en la Junta Local con más capacidad? Que lo vea él por la vía legal, pero que se quite la máscara y digan si quieren que voten feminicidas, jefes de plaza, que lo diga con toda claridad. Hay un tema de seguridad (?)”.

Lenguaje corriente para su investidura, impropio, irrespetuoso, nada protocolario, ni diplomático, ni institucional, agresivo, ofensivo, propio de un pendenciero de barrio, de un peleador callejero, no de un gobernador.

Engreído y altanero por el poder que lo protege, cree saberlo todo, ser dueño de la verdad, tener siempre la razón, actúa en forma irracional, caprichosa, autoritaria, desconoce las leyes y la legislación vigente por lo que actúa sin apego al derecho. Solo le faltó decir, como su tutor AMLO, que por encima de la ley está su autoridad moral. Como era de esperarse, anunció que su gobierno no firmará el convenio con el INE.

Se erige en juez sin serlo y sentencia

Con otra. El señor, sin serlo ni tener facultades para ello, de nuevo se erige en juez y sentencia como culpables a inocentes, cuando los jueces de los casos todavía no determinan su responsabilidad; viola la presunción de inocencia; se pone por encima de la ley y decide quién es culpable y quién no, sin ninguna prueba.

Es obvio que Josué actuó con la mayor responsabilidad e institucionalidad. La petición del acuerdo no fue personal sino en cumplimiento a una disposición legal. Con toda la prudencia posible, como aconseja en estos casos la cordura, dio por zanjado el asunto. “Habiendo expuesto la temática en su momento, respeto la alta investidura del señor gobernador y ya no haré más pronunciamientos”, dijo a la reportera Claudia Montero del portal alcalorpolitico.com (si ya hay un loco, que no haya dos, debió haberse dicho).

Según Cuitláhuac, que voten quienes están recluidos aunque no estén sentenciados, esto es, aunque un juez no ha determinado con pruebas concluyentes que es culpable de un ilícito, es querer vulnerar la seguridad de las prisiones. La única seguridad que amenazan es la del triunfo de Rocío Nahle, pues todas, o casi todas esas personas, seguramente votarán en contra de Morena y sus candidatos porque son inocentes, les inventaron delitos, a muchos los encarcelaron por ser opositores y a otros para evitar que llegaran a candidaturas en las que iban a ganar.

No razona que se pone fuera de la ley y que le da elementos a la oposición para que impugne el triunfo de Rocío si llega a ganar.

Otro testimonio que lo exhibe

El 10 de marzo de 2016, acompañando su texto con una fotografía, Cuitláhuac García Jiménez publicó lo siguiente en su muro de Facebook:

“Soy maestro de tiempo completo de la Universidad Veracruzana (UV). Siempre he luchado por defenderla y por impulsar la educación superior de excelencia desde las aulas hasta la calle. Como diputado de morena me opuse a aprobar un recorte a este rubro (cosa que no hicieron los de otros partidos). Atenderé al llamado de la Rectora (Sara Ladrón de Guevara) de no dar pretexto a que otros actores políticos usen con doble cara la lucha que hoy universitarios y sociedad hacen por defender la UV, porque dichos personajes (los otros candidatos) en su momento de legisladores no la defendieron. Los universitarios saben perfectamente que el día de hoy estaré, como antes y en los días que siguen, con ellos de corazón donde quiera que me encuentre ¡Viva la educación superior gratuita, laica y de calidad! ¡viva la Universidad Veracruzana!

(La foto es de hace más de 8 años cuando defendíamos a la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica - UV zona Xalapa)”.

En 2023, el mismo que en 2016, siendo diputado federal, presumía que se había opuesto a un recorte a la UV, ya como gobernador le disminuyó mil millones de pesos, del 4 por ciento que le correspondían, pues en lugar de entregarle 4 mil 64 millones 350 mil pesos, le dio solo 3 mil 64 millones 402 mil pesos; para el actual ejercicio le asignó solo 2 mil 554 millones 989 mil pesos.