No soy jurista ni especialista en derecho, pero como periodista y como ciudadano, como veracruzano, como jefe de familia, no puedo dejar de reconocer y saludar la determinación del gobierno de Javier Duarte de Ochoa no solo de apoyar la celebración en Xalapa del Foro Internacional de Seguridad con Legalidad 2012, que se inició el martes y que concluyó ayer, evento internacional de gran trascendencia que se realizó con el patrocinio también de la Universidad Nacional Autónoma de México, sino que al término haya anunciado que debido a la respuesta positiva que tuvo, Veracruz será sede de una segunda edición.

Que especialistas del país y del extranjero hayan venido a reflexionar, a debatir sobre la seguridad desde la práctica política del mundo de los derechos humanos y su defensa es de la mayor trascendencia porque de pronto Veracruz, como muchos otros estados del país, cayó en la espiral de la violencia a causa de la delincuencia organizada y, lógicamente, ha habido respuesta del Estado a tal exceso del tamaño del problema, con riesgo, siempre, de afectar los derechos de la población civil e incluso de los propios involucrados, acaso llegando al extremo no sólo de sufrir el atropello físico y hasta la muerte que provoca la violencia indiscriminada, sino hasta con el riesgo de ir a un derecho penal autoritario, semejante al llamado Derecho Penal del Enemigo que propone el penalista alemán Günther Jakobs, una de las máximas figuras del derecho mundial (entiende que cabe distinguir penalmente entre personas y enemigos; las normas que propone sancionan la conducta y la peligrosidad del sujeto aun antes que cometa un ilícito y habilita un riesgosísimo camino pues aquella persona catalogada como potencialmente peligrosa pierde su calidad absoluta de persona y a pasa a ser un enemigo, casi un animal peligroso que hay que combatir antes que cause daño, pues afirma que el derecho penal cumple una función desagradable pero necesaria y el delincuente en cierta forma se despersonaliza o es despersonalizado para aplicarle el rigor de la ley).

Ayer, previamente a la clausura, Duarte de Ochoa apuntó algo muy cierto: que el análisis y la propuesta ciudadana son indispensables en las políticas públicas y necesarios para superar los retos del país, pues la opinión de la sociedad y la experiencia de los especialistas permiten que las instituciones respondan de manera integral a los desafíos, lo que sería la aceptación de una garantía para no vulnerar derechos de nadie atendiendo el reclamo ciudadano, pero también lo que recomiendan los que, en el terreno legal, saben del tema.

Los temas analizados: "Seguridad y estado de derecho", "El fenómeno de la corrupción como hilo conductor del crimen y la acción del Estado, frente al mismo",  "Medios de comunicación tradicionales y modernos", "El papel de los medios de comunicación y las redes sociales como parte de la respuesta del Estado a la criminalidad" y "Libertad de expresión y legalidad", nos involucran directamente, atañen a quienes escribimos en calidad de periodistas, pues no solo estamos sujetos a los peligros de la delincuencia sino de las propias autoridades con el riesgo de ir hasta prisión en un caso similar como el de los tuiteros de Veracruz el año pasado, por un exceso de celo en el cumplimiento del garantizar la tranquilidad de la vida pública del estado.

Por eso es bueno que desde el poder, desde el Gobierno, se alienten este tipo de foros, esclarecedores, que ayuden a reflexionar y a concientizar para no caer en ningún exceso que afectos derechos fundamentales, tal vez el más fundamental, el derecho humano.

Duarte apuntó que la legalidad solamente es posible en un ambiente donde se regeneren valores como la honestidad y el respeto en el seno familiar y de ahí que resulté indispensable que la sociedad se involucre.

 

El apuntamiento es válido. Que se involucre la sociedad pero también que se actúe desde adentro del Gobierno mismo para acabar con la corrupción, con la impunidad, con vicios tanto de los procuradores como de los impartidores de justicia; que el ciudadano sepa que tiene funcionarios probos en los que puede confiar; que tenga respuestas a sus demandas.

En la inauguración del Foro, el Gobernador apuntó lo estimulante que veía que el evento fuera nutrido y resaltó lo deseable de que tuviera la efectividad y el impacto que se buscó en hacer conciencia en la sociedad de que el crecimiento y el desarrollo de una sociedad solo son posibles en la seguridad con legalidad. No debe dejarse escapar este propósito, los ciudadanos no debemos de dejar de tomarle la palabra al titular del Ejecutivo y hacer conciencia, o reforzarla, de la necesidad de que la vida diaria de Veracruz, la que nos atañe así como a nuestras familias, transcurra, se desarrolle con el respeto a nuestros derechos, y que no permitamos ni dejemos que se nos atropelle bajo cualquier pretexto incluyendo el de la seguridad.

Los trabajos del foro tuvieron repercusión nacional e internacional y aún dentro de la preocupante situación que vivimos por la inseguridad, no deja de ser positivo, eso creo, que en contrapartida a las notas periodísticas diarias que hablan de las víctimas humanas a causa de la delincuencia organizada, de la violencia que se vive en el estado, también se den muestras de que en Veracruz todavía es posible la convivencia armónica, la celebración de eventos de nivel internacional, la recepción y la seguridad de personalidades, la reflexión, la discusión, la exposición de ideas y razonamientos en una mesa de trabajo, que sea posible el lenguaje de la civilidad y no solo el de las balas y el de la sangre.

Toda proporción guardada, este Foro, a mi juicio, en el terreno jurídico, tiene toda la importancia y repercusión que en el terreno cultural, literario, tuvo el Hay Festival que también dio de qué hablar, para bien, de Veracruz y por eso es de celebrarse que se haya establecido ya el compromiso de volverlo a acoger para una segunda ocasión.

 

Ahora sí, tiene que reconocerse también, alienta que hayan asistido a algunas conferencias o mesas de trabajo funcionarios del Gobierno del Estado, en especial los directamente involucrados en las áreas de seguridad, procuración e impartición de justicia, porque algo se les ha de pegar.