​Luego de cinco días de estar sometida a una intensa lluvia de críticas y hasta de insultos groseros en su contra (en los que no estoy de acuerdo) tanto en las redes sociales como en los medios de prácticamente todo el país, la gobernadora Rocío Nahle trató ayer martes de detener la ofensiva con una declaración a Joaquín López Dóriga, aunque tardará mucho tiempo en resanar el daño que sufrió en su persona y en su imagen como política, si es que lo logra del todo.

Tras su inoportuna, indebida y desafortunada declaración (para ella) de que la profesora Irma Hernández Cruz, secuestrada el 18 de julio por un comando armado con fusiles de alto poder que la exhibió en un video hincada y maniatada, había muerto a causa de un infarto tras ser “violentada”, según “los forenses”, lo que desató el tsunami de descalificativos en su contra, ayer dijo ya que se trató de un homicidio doloso y aclaró que ella nunca acusó a los medios de ser “miserables”.

Pero qué necesidad de todo el escándalo, que escaló hasta medios del extranjero. Sin duda se precipitó cuando hizo su espontánea declaración inicial a XEU Noticias, porque nadie le había preguntado ni le estaba preguntando sobre la causa científica de la muerte de la malograda taxista. “Fue violentada. Nos están indicando los forenses que, a raíz de la violencia, le dio un infarto”, soltó de su ronco pecho, sin pensar en las consecuencias, además porque salvo mi compañero columnista Filiberto Vargas Rodríguez, nadie más hizo notar que también cometió un delito.

Fili apuntó en su columna “Punto de Vista” el domingo que el informe forense forma parte de la carpeta de investigación lo que obliga, por ley, a mantener en secreto lo que ahí se incluya, al menos hasta que dicho material sea presentado en un juicio. Recordó que el

Código Penal para Veracruz contempla, en el artículo 178, de seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cien días de salario “a quien –sin anuencia del legitimado para concederla y con perjuicio de tercero– revele un secreto o una información reservada que ha conocido o recibido con advertencia de que tiene ese carácter y, por ende, debe quedar para su guarda exclusivamente o para revelarlo o entregarlo a una persona determinada”, y que el artículo 179 agrega que si quien comete el delito de “develación de secretos” es servidor público, “se le destituirá e inhabilitará, además, de seis meses a tres años”.

Ese plural que usó también: “Nos están indicando los forenses”, la mete en problemas, aunque seguramente nadie la va a cuestionar, porque los forenses no tenían por qué haberle informado nada ya que se supone que no son sus empleados sino servidores de una institución autónoma como se supone que es la Fiscalía General del Estado y que es únicamente a su titular, en el caso, a Verónica Hernández Giadáns, a quien debieron haber informado del resultado de la necropsia. Esa falta a las formas se prolongó cuando el lunes 28 llevó a su conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno al forense responsable, cual un empleado suyo más, para que la justificara con su testimonio. Si bien es sabido que no guardan las formas y que la Fiscalía funciona como una dependencia más del Gobierno, extrañó que en lugar del forense no haya llamado mejor a la fiscal a que la acompañara y fuera ella la que diera el informe que se podía dar, lo que mostró o que no le tiene confianza o que no la quiere cerca de ella.

Sorprende que ocho meses después la gobernadora no aprenda a ser cauta y se meta en problemas, como se metió también cuando sin que nadie le preguntara y sin que el Gobierno estuviera preparado ya con estudios realistas y profesionales que la sustentaran, anunció nuevas tarifas de taxis o el cambio de placas de vehículos para el próximo año, lo que llevó a marchas, plantones y bloqueos en siete ciudades que los obligaron a dar marcha atrás, en el caso de las tarifas de taxi, y paró ya de manos a los propietarios de autotransportes quienes desde medio año antes se preparan ya para realizar protestas, en el caso de las placas.

Las preguntas insistentes son: ¿Es que nadie la orienta, la documenta, la asesora, le informa, la prepara para sus declaraciones? ¿O es que, como se comenta en forma insistente, ella no le hace caso a nadie porque cree que lo sabe todo? Me tocó ver a gobernadores, a partir de Rafael Hernández Ochoa, que madrugaban con sus más cercanos colaboradores y sus equipos de prensa para revisar los temas del día, las respuestas que se iban a dar y quién las iba a dar, pero nunca lo hacía el gobernador para salvaguardarlo de una posible metida de pata. Cuando Raúl Peimbert estuvo al frente de Comunicación Social en el gobierno de Miguel Alemán, por ejemplo, esperaba en su oficina desde las seis de la mañana a que abrieran los noticieros para empezar a responder, aclarar o precisar informaciones, lo mismo que hacía Fidel Herrera Beltrán, quien tan pronto escuchaba algo que consideraba que no estaba correcto levantaba al funcionario que fuera y lo enviaba a Veracruz, de ya, para que entrara en vivo en el noticiero de Telever y diera la versión oficial.

Son estilos y el de la gobernadora es yo, solo yo y nadie más que yo, lo que hace ver al resto de la administración ausente, un estilo que, lo que se ve, no se juzga, la mete en problema tras problema y que en apenas ocho meses le ha causado ya un terrible desgaste político y en su imagen como si estuviera ya en su cuarto o quinto año de gobierno, y todo indica que no habrá cambio de estrategia, si es que hay alguna estrategia. ¿Es que adentro nadie dimensiona la gravedad del daño que les causa? ¿Es que no actúan para corregir por falta de experiencia? ¿Es que no se dan cuenta? ¿O es que, como también se comenta afuera, les gana la soberbia?

Y el colmo, está sola, la han dejado sola. Desde que inició el golpeteo nadie, ni el dirigente de su partido (¿dónde anda Ramírez Zepeta?), ni sus colaboradores, ni los presidentes municipales en funciones y electos de Morena, ni los diputados locales y federales, así como los senadores guinda, han salido a tratar de hacer una defensa a su favor en todos los foros posibles, y sus aliados, los periodistas del Bienestar, de la 4T, tampoco han estado a la altura de sus críticos. 

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