Porque lo publicó el Diario de Xalapa, le doy crédito.
En la columna “El glosario del momento” escribió ayer René del Valle: “Contrario a la especie que ha circulado en los últimos días sobre un posible regreso a la escena pública de Gabriel Deantes y Édgar Spinoso, lo cierto es que la especie es falsa.

 

 No habrá tal regreso en lo que resta de esta administración”.

 

No es ningún secreto el acceso de los compañeros del Diario a la fuente del Palacio de Gobierno, por lo que cuando ese medio confirmó el pasado 18 de marzo la versión que desde la noche anterior había empezado a circular en las redes sociales de que Deantes y Spinoso habían sido cesados, nadie lo dudó.

 

Es más, impactaron los términos que se utilizaron en la nota dando cuenta del cese: “De acuerdo a lo trascendido en fuentes bien enteradas, ambos funcionarios defraudaron la confianza del gobernador Javier Duarte de Ochoa, de ahí que haya sido ordenada su destitución”.

 

Otros dos párrafos fueron calificados de “fuertes”, para significar que algo grave había ocurrido: “Incluso se sabe que fue ordenada una investigación sobre los bienes de Spinoso y Deantes, quienes al principio de esta administración fungieron como subsecretario de Administración y Finanzas y oficial mayor de la SEV, respectivamente, y luego fueron cambiados de puesto en un enroque”.

 

“Al empezar a trascender esta orden, de inmediato fue interpretada como un golpe en el escritorio por parte del mandatario estatal y un mensaje para los demás colaboradores, un fuerte llamado de atención a todos los funcionarios para que sujeten su conducta a lo establecido en la ley”.

 

En su momento publiqué que la noche del 17 de marzo Édgar fue llamado a Palacio de Gobierno. Llegó como oficial mayor de la SEV y cuando salió lo hizo ya en calidad de ex. Deantes había desaparecido desde la tarde.

 

Esa misma noche, los colaboradores de este último en la Sefiplan se negaban a creer la versión y la negaban vía WhatsApp a quienes les preguntaban, y no fue hasta cerca de las dos de la mañana del 18, cuando el Diario subió su portada a Internet, que tuvieron que aceptarlo.

 

Por la información que soterradamente va trascendiendo, se podría decir que no sólo no habrá tal regreso en lo que resta de esta administración estatal, sino en, al menos, lo que resta del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

 

Incluso en fuentes de la Ciudad de México no descartan alguna acción por parte de la Procuraduría General de la República, que implicaría no sólo a los dos mencionados, sino también a otros funcionarios, e incluso a socios y familiares de todos ellos. Por eso extraña que la secretaria de Deantes en Finanzas ya regresó muy oronda y comenta en el interior del edificio que su jefe volverá de nuevo en cualquier momento.

 

A menos, claro está, puede ser posible, que los cesados sepan, estén muy seguros que están limpios, que no tienen nada que temer porque no hay nada de qué se les pueda señalar o acusar y que saldrán limpios de cualquier investigación, e incluso que se les reivindicará públicamente.

 

En medio de esto, llama la atención que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) inició ayer miércoles el proceso de notificación de los resultados de las audiencias de pruebas y alegatos para solventar las observaciones de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012.

Ayer, el diario Notiver recordó que en marzo pasado, los diputados locales aprobaron el dictamen con proyecto de decreto del informe de resultados de las cuentas públicas del ejercicio 2012 de los entes fiscalizables del estado, en el cual quedó asentado un presunto daño patrimonial por 409 millones 346 mil 68 pesos con 2 centavos, y que a partir de ayer serían citados ex funcionarios públicos y servidores públicos en activo para informarles sobre el resultado de la solventación de las observaciones que hicieron, y que quienes no las hubieran hecho o no devolvieran los faltantes serían denunciados penalmente.

 

Resultaron con observaciones siete entidades del Poder Ejecutivo, dos fideicomisos, 38 ayuntamientos y una entidad paramunicipal, entre ellas la ex Secretaría de Comunicaciones (44 millones 606 mil 779 pesos), el Instituto de Espacios Educativos ((2 millones 665 mil 125 pesos), los Tecnológicos Álamo Temapache, Cosamaloapan, Pánuco y San Andrés Tuxtla, la Oficina Operadora de Agua de Ciudad Mendoza (104 millones 812 pesos), el Fideicomiso del Puente sobre el Río Coatzacoalcos (225 millones 717 mil 543 pesos) y el Fideicomiso del Túnel Sumergido del Río Coatzacoalcos (7 millones 431 mil pesos).

 

Una nota de Javier Salas Hernández, del portal informativo alcalorpolitico.com, completa la información diciendo que son más de 250 los exfuncionarios y funcionarios notificados, quienes tienen diez días hábiles para interponer un recurso de reconsideración en contra de la resolución respectiva, de no estar de acuerdo, o con 15 días hábiles para interponer juicio contencioso administrativo ante el tribunal respectivo.

Dice también que hay presunto daño patrimonial en la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Alvarado (Sarita era la alcaldesa) por un millón 137 mil 284 pesos, y de 125 millones 607 mil 215 pesos por parte de 38 ayuntamientos, de los cuales 24 son del PAN, 10 del PRI y 4 del PRD.

 

Habrá que estar pendientes sobre la información que sobre todos estos casos ofreció publicar en su página web el Orfis, lo cual servirá para despejar dudas y contribuirá a la transparencia que tanto demanda la ciudadanía y que todo indica que el Gobierno del Estado está dispuesto a fortalecer.

 

Por otra parte, sin citar fuente, el periodista de los Tuxtlas, Víctor Iván Calderón Flores, publicó el martes que sobre el caso de la ex secretaría de Comunicaciones, hoy de Infraestructura y Obras Públicas, hace un mes comparecieron ante el Orfis los siguientes ex funcionarios: Raúl Zarrabal Ferat, ex Secretario; Jorge Bernardo González Lozano, ex director de Infraestructura  Complementaria (tenía a su cargo la obra del túnel sumergido); Agustín Mollinedo, ex director de Carreteras Estatales y actual presidente municipal de Atoyac; Francisco Arciga Ponce, ex director de Caminos Rurales; Carlos Nolasco, jefe del Departamento de Licitaciones;  Ignacio Altamirano Cantell, jefe de la Unidad Administrativa; un ingeniero de apellidos Escobar Morales, administrador de la obra del túnel sumergido; y Leopoldo Lara, ex director jurídico.

Sobre el túnel, el titular de la SIOP, Gerardo Buganza Salmerón, ha dicho que está listo para comparecer en el Congreso e informar sobre el caso. No se duda que vaya a anunciar más denuncias penales.

 

Habrá que esperar el resultado final. El Gobierno tiene la gran oportunidad para recuperar credibilidad y confianza ciudadanas si actúa en caso de que no se solvente o se reintegre lo sustraído, o lo que se haya desviado. Un parto de los montes sería decepcionante para el ciudadano, pero peor para la imagen de la administración. Pero no hay que adelantar vísperas.