Seguramente los 212 alcaldes veracruzanos no saben si reír o llorar. Y es que van a pagar justos por pecadores.

 

El motivo de la risa podría ser que su mandato durará cuatro años, a diferencia de sus antecesores que gobernaron sólo durante un trienio.

 

El motivo del llanto, saber que el Gobierno federal les amarró las manos y le puso candados a los recursos del famoso Ramo 033, que se destinaban para obras materiales en sus municipios.

 

Las administraciones municipales pasadas todavía pudieron destinar esos recursos para pavimentar calles, construir guarniciones y banquetas, caminos vecinales, canchas deportivas, etcétera.

 

Con eso cumplían en parte, o en buena parte, con sus compromisos hechos a los electores en campaña, pero por lo ocurrido cabría pensar que muchos se pasaron de la raya y aprovecharon también para echar el gato a retozar, y ya están las consecuencias.

 

Como resultado de ello, este año se legisló a nivel federal para reducir el porcentaje a sólo el 15 por ciento para ese tipo de obras, conocidas en términos técnicos como proyectos indirectos asociados a los proyectos de contribución directa.

De esa forma, ahora, el resto, al menos el 60 por ciento de los recursos deben destinarse a proyectos de incidencia directa y el 15 por ciento restante a proyectos especiales o complementarios.

 

Traducido en cristiano: en total, de acuerdo a una nueva normatividad federal, el 85 por ciento de los recursos del Ramo 033 o Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, como también son conocidos, deberán destinarse única y exclusivamente para la introducción de agua potable, drenaje y electrificación, y para nada más.

 

¿Qué se pretextó para tal medida? Que Veracruz, junto con Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Michoacán, Hidalgo y San Luis Potosí, es uno de los estados con mayor nivel de rezago social, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

 

Esto es, que no obstante que desde 1998 existe el Ramo 033, no se ve que disminuya la pobreza, no obstante lo cuantioso de los recursos, aunque sí se sabe que muchos ahora ex alcaldes salieron convertidos en nuevos millonarios.

 

Pero lo que llama la atención es que de los ocho estados mencionados, a tres les impusieron más candados: Oaxaca, Chiapas y Veracruz, a los que se agregó Tabasco (acaso por el desastre que constituyó el gobierno de Andrés Granier, hoy en prisión).

 

Y de estos cuatro, sólo para Veracruz aplica el cerrojo que limita a 15 por ciento los recursos que deberán destinarse para obras materiales.

 

Con un agregado más: quién sabe por qué, también sólo para Veracruz el Gobierno federal decidió que el ejercicio de los recursos de ese 15 por ciento, su aplicación, sea fiscalizado por cinco entes: el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), el Congreso del estado, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Anteriormente sólo lo hacían el Orfis y el Congreso.

 

Todo esto lo aprobaron los diputados federales, por lo que el 14 de febrero pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se emitieron los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

 

Ante lo que parece una injusta medida para Veracruz, pero en especial para los alcaldes del estado, lo que se sabe es que se buscó de inmediato echar abajo tal disposición, lo que aparentemente se había logrado.

 

En su momento, vino personal de la Sedesol federal y en reunión con los alcaldes se ofreció, se aseguró que al menos el porcentaje se ampliaría de 15 a 30 por ciento, y fue con base en ello que los presidentes municipales armaron su programa de obras para este año.

 

Para el efecto, los munícipes tenían que haber presentado ese programa el pasado 15 de marzo, aunque no lo hicieron porque querían tener la seguridad de la ampliación del porcentaje, que, se les aseguró, quedaría autorizado para el 30 de marzo.

 

Pero llegó esa fecha y no hubo tal autorización, pues se sabe que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, cuando se enteró lo que habían venido a ofrecer y habían comprometido los enviados de la Sedesol, ordenó que por ningún motivo se diera marcha atrás en lo que ya se había acordado.

 

De tal forma que ahora los presidentes municipales están fuera de la normatividad pues tenían que haber presentado su programa de obras el 15 de marzo, aunque se sabe que el de Xalapa fue el único que cumplió.

 

Pero todavía hay un pero más. Será un Comité de Proyectos Especiales, de carácter federal, que todavía no se integra, el que revise y dé el visto bueno a las obras programadas, o sea, un candado sobre otro candado.

 

Tal y como están las cosas, ahora sí, literalmente, se puede afirmar que en Veracruz, en los municipios, con respecto al Ramo 033, lo del agua ¡sí se irá al agua!

La pregunta es por qué tanta rudeza contra Veracruz por parte de la Federación. Lo cierto es que van a pagar justos por pecadores, pues si los anteriores alcaldes de fueron al agua, los actuales no son los culpables.

 

Por lo pronto, algo que todavía no trasciende ni hace escándalo, es que al menos 22 alcaldes del sur de Veracruz, en especial de la zona de Uxpanapa y de la Sierra de Soteapan se pasaron por el arco del triunfo la disposición y al grito de háganle como quieran ya empezaron a construir caminos, poniéndose al margen del ordenamiento federal y exponiéndose a sanciones que quién sabe de qué tamaño serán.

 

Todo lo aquí apuntado explica por qué el pasado 11 de marzo el Congreso del Estado aprobó que los ayuntamientos puedan contratar o gestionar créditos con el Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras), autorización que se dio bajo el pretexto de apoyar a los municipios que reciben menos recursos “y puedan realizar obras de alto impacto que en muchos casos requieren de inversiones multianuales”.

 

Así que si usted se encuentra con algún alcalde que conozca todo cariacontecido, ya ni le pregunte. Gobernará cuatro años, sí, pero con las manotas amarradas.

 

Lo bueno es que ahora sí quienes viven en colonias marginadas podrán contar, al fin, con agua potable, drenaje y electrificación. Lo malo (para los alcaldes) es que, salvo la electrificación,  ¡esas obras no se ven!, porque van bajo tierra.

 

¿Todos estos candados tendrán que ver en parte con el escándalo en puerta por el daño patrimonial detectado por el Orfis y que amenaza convertirse en un escándalo político-penal?