Mañana 7 de mayo vence el límite para que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) entregue las notificaciones a un total de 303 servidores y exservidores públicos de 48 entes fiscalizables del resultado de la etapa de presentación de pruebas y alegatos para que solventen un presunto daño patrimonial del ejercicio fiscal del año 2012 por 409 millones 346 mil pesos.

 

De todos los notificables, el más significativo, quien tiene acaparada la atención, es el ex secretario de Comunicaciones (dependencia hoy convertida en Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, SIOP) y actual diputado local por Boca del Río, Raúl Zarrabal Ferat, uno de los primeros en ser notificados el pasado 23 de abril.

 

De acuerdo al Orfis, Zarrabal debía solventar 44 millones 606 mil 779.28 pesos. Al respecto, el 25 de abril, el presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso local, Francisco Garrido Sánchez, declaró que las pruebas presentadas por el ex secretario de despacho no habían sido suficientes, por lo que no había solventado las observaciones.

 

Aunque con una diferencia de casi 400 mil pesos con respecto a la cifra que manejó el Órgano de Fiscalización, recordó que el presunto daño patrimonial fue por 44 millones 214 mil 302.85 pesos, derivado de 17 observaciones, de las cuales no se solventaron 9 que corresponden a un monto de 19 millones 447 mil 660.06 pesos, sólo se saldaron dos por 409 mil 254.72 pesos, y que otras seis estaban sujetas a seguimiento, por un monto de 24 millones 749 mil 854.50 pesos.

 

Aunque una vez que fue notificado el ex funcionario tenía diez días hábiles para interponer el recurso de reconsideración en contra de la resolución que lo implica, término que vence el próximo viernes si se descuentan el jueves 1 y ayer lunes 5, Zarrabal dijo el pasado viernes que todas las observaciones que se detectaron cuando fue titular de la Secretaría de Comunicaciones serán solventadas al cien por ciento.

 

“Se quedaron varias observaciones pendientes y en estos días haremos uso del recurso de consideración (sic) sobre el proceso de fiscalización, ya que tenemos la confianza de que con ello podremos concluir todas las observaciones que se tienen”, aceptó, según una declaración que recogió Javier Salas Hernández, de alcalopolitico.com.

 

Habría que concederle el beneficio de la duda. Pero la duda salta obligadamente: ¿por qué habría de hacerlo ahora y no lo hizo en la fase de audiencias, o sea, en la primera oportunidad, cuando sólo pudo comprobar cerca de 25 millones pesos, supuesto que sabía que con ello se sería llamado a cuentas y se exponía a la sospecha, al señalamiento público?

Tal como se ha presentado el asunto y se ha decidido ventilarlo públicamente, lo que hay que reconocer al Orfis, en la opinión pública flota ya una percepción reflejada muy bien en los encabezados (“Va ORFIS contra Zarrabal”, publicó el Diario de Xalapa el 25 de abril, casi coincidente con el diario Notiver, por citar sólo dos ejemplos) y en las notas periodísticas que se han estado ocupando del caso: hay ya un culpable y lo están cruxificando: el ex secretario Zarrabal Ferat.

 

El ahora diputado local finalmente puede resultar responsable directo por el desvío de todo el monto o de una parte de la cantidad que no se pudo solventar, puede también no ser culpable de algún mal manejo de dinero aunque sí de una falta administrativa por no haber vigilado lo que pasaba en la dependencia a su cargo, o bien ser exonerado en su totalidad, pero eso está por verse.

 

La falta de información sufciente y clara, una falta de explicación detallada del asunto, ha creando un clima de linchamiento mediático contra el ex secretario, en parte sustentada también en la falta de comprobación en la fase de audiencias.

 

En todo caso, el mal manejo informativo que se ha hecho del asunto, no decir desde un principio si es el único obligado a solventar, o si hay otros implicados de la dependencia, lo han dejado como el único responsable.

 

Por eso mismo,  de poder comprobar suficientemente y en forma clara las observaciones, que no deje lugar a dudas,  y de resultar exonerado, se prestará a duda, lo menos, y a señalamientos de encubrimiento oficial, de impunidad, que dejará descontenta a la opinión pública, y bajo sospecha al Orfis, con su imagen dañada irremediablemente y de paso la de la Legislatura, concretamente de la Comisión Permanente de Vigilancia, del Congreso local, claro, a menos que se den a conocer los nombres de los responsables, otros si los hay, y las cantidades de que hayan dispuesto, todo bien documentado, que no deje lugar a dudas, también siempre y cuando a quienes se quiera responsabilizar acepten y se dejen.

 

En días pasados, cuando le comenté esto último  a un fuente autorizada del Congreso local, no quiso aventurar ninguna opinión concluyente, me dijo que prefiere esperar hasta el final, aunque me destacó que ya es un gran avance y un gran logro que, resulte quién resulte culpable, el dinero se tendrá que devolver o reponer, porque de eso no tienen duda que habrá de ocurrir.

 

Eso habrá que verlo. Aunque aceptando que de veras se recupere el dinero, no podrá presumirse de un gran logro si la acción no va acompañada de una denuncia penal y del castigo de los responsables.

 

No se podrá hablar de un gran logro si prevalece la impunidad.

 

Quién sabe si cuando decidieron ventilar el asunto públicamente estuvieron conscientes de que también de por medio se jugaba la credibilidad, a ojos de la sociedad, de las instituciones de vigilancia, de gobierno y legislativas.

 

La congeladora
Según publicó ayer Víctor Murguía en la columna “Sumario Político” del Diario de Xalapa, “de acuerdo con lo trascendido” y  “ante los sondeos previos realizados, trasciende que se ha visto la conveniencia de dejar las cosas como están”, esto con respecto a la iniciativa de Ley de Sociedad de Convivencia que, de acuerdo a la diputada presidenta del Congreso del Estado, Anilú Ingram Vallines, a partir de mañana comenzará (¿o comenzaría?) a ser analizada.

 

La iniciativa la presentó el diputado Cuauhtémoc Pola Estrada, coordinador del grupo legislativo Partido de la Revolución Democrática/Movimiento Ciudadano.

 

No se sabe si de todos modos se analizará el asunto como está previsto y confirmó el presidente de la comisión permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, Ciro Félix Porras, que se haría, o si de plano, desde ya, se enviará el documento a la congeladora.

 

Políticamente, quién sabe por qué se dejó correr tanto el asunto, cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto está urgido de apoyos para sus reformas, el de la Iglesia incluido, pero el clero en cambio pidió el viernes pasado al mexiquense que explique, que les explique los beneficios de sus reformas porque no los ven, a lo que el presidente se comprometió a hacerlo en un plazo de cinco días, esto es, la cúpula religiosa está presionando, y en nada ayudan al jefe político casos como el de la Legislatura local. Falta de pericia política, sin duda.