El 22 de mayo publiqué (“Delegados federales: la Sedesol, clave”) que el Gobierno federal comenzaría retomando el control de las delegaciones federales en el estado, con la Sedesol, de acuerdo a fuentes de la Secretaría de Gobernación (Segob).

 

Entonces dije: “no saben si el delegado Marcelo Montiel Montiel permanecerá en el cargo o no, pero en reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se acordó con la titular de la Sedesol, Rosario Robles, que comenzarán por la dependencia a su cargo”.

 

No ha sido así. De hecho comienzan este lunes con el relevo del delegado del ISSSTE, Gonzalo Morgado Huesca, quien entregará los bártulos por la tarde a Renato Alarcón Guevara, quien apenas en marzo pasado se había integrado a la Dirección General de la institución como coordinador general de Giras y Eventos.

 

El cambio no tiene nada de raro. El 16 de mayo pasado comenté (“Osorio Chong resta poder a gobernadores”) que en el actual gobierno la responsabilidad de nombrar a los delegados federales en los estados había recaído en el secretario de Gobernación, “quien modificó la arquitectura política al permitir que los gobernadores del PRI pusieran como delegados a quienes ellos quisieran, en un afán de descentralizar el poder”.

 

Pero resultó que de pronto  había hallado que no era la economía, ni la seguridad lo que estaba provocando la caída de la aprobación del presidente Peña Nieto, sino que el mensaje presidencial no estaba siendo transmitido adecuadamente en el país.

 

Con base en una columna del periodista Raymundo Rivapalacio, dije que el diagnóstico explícito del hidalguense era que compartir el poder no sólo no funcionó, sino que los afectó directamente, pues la subordinación de los delegados a los gobernadores era una de las causas que produjeron la caída en la aprobación presidencial.

 

Asomos de esa recuperación del control ya se habían tenido en el estado, aunque en delegaciones de menor importancia. Así, por ejemplo, el 21 de mayo publiqué (“Llega el primer delegado federal no veracruzano” –además no propuesto por el Gobernador–): “Ayer se informó que para sustituir a Noé Giovanni Pérez Velazco, encargado del despacho tras la renuncia de Inocencio Yañez Vicencio, fue nombrado como nuevo delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en el estado el sinaloense Gilberto Ojeda Camacho”.

 

Eso motivó que se me aclarara que en realidad no era el primero, ya que antes habían nombrado a Gilberto Ramos Sánchez, hidalguense, amigo personal y cercano a Osorio Chong, a quien en noviembre de 2013 nombraron como delegado del Registro Agrario Nacional (RAN). Él era subdirector de Atención a Usuarios del RAN en la Ciudad de México.

 

Ramos Sánchez llegó en lugar de José Luis Santos Ramírez, quien estuvo sólo un mes en el cargo luego de que renunció Rafael Castillo Zugasti para irse al equipo del hoy alcalde de Veracruz Ramón Poo Gil, del que es jefe de asesores. “Advierte que ya lo pusieron de México”, se me puntualizó.

 

El control será gradual, me aseguraron, pero se irá dando. No me pudieron confirmar si los actuales delegados federales en el estado permanecerán o serán cambiados. Pero responderán, me insistieron, sólo a los intereses del centro, dije aquel 22 de mayo.

 

La maquinaria federal ya está en marcha de cara a los comicios federales que tendrán lugar dentro de once meses, contexto dentro del que no puede desestimarse lo que se publicó el viernes pasado en la columna “Trascendió” del diario Milenio:
“:Que gobierno federal y PRI se toman en serio los bajos resultados en las encuestas con miras a las elecciones de 2015 en seis estados con mandatarios priistas.

 

Así que todas las señales que recibe y emite la oficina del presidente nacional tricolor, César Camacho, establecen que los esfuerzos se concentrarán en Jalisco, Coahuila, Michoacán, Veracruz, Chiapas y Chihuahua, y que parte de la estrategia es ligar los logros y avances de la actual administración con el nuevo estilo de gobernar del partido”.

 

La pregunta ahora es, quién sigue.
Morgado Huesca no estaba haciendo mal papel (bajo su administración se reactivó la construcción del hospital de Córdoba, obra ya avanzada, y se reconstruyen y modernizan las clínicas hospitales de Xalapa y Tuxpan, entre otros logros), pero fue designado a propuesta del gobernador Javier Duarte de Ochoa.

 

Renato Alarcón Guevara es político xalapeño. Fue secretario de Adolfo Mota Hernández cuando éste fue presidente del CDE del PRI, últimamente había sido secretario del Ayuntamiento en el trienio pasado de donde brincó a la dirigencia municipal priista y al menos aspiraba a ser síndico o regidor en el actual gobierno municipal, pero acá lo batearon y no tocó ni baranda.

 

Hoy regresa en plan grande. La rueda de la fortuna política, girando.

 

De que tiene méritos para el cargo al que llega, los tiene, aunque indudablemente ha sido determinante su vieja relación amistosa con el actual director general del ISSSTE Sebastián Lerdo de Tejada, de quien hace muchos años ya había sido secretario particular y en marzo pasado lo había incorporado a la institución como coordinador general de Giras y Eventos.

 

 Antes, el actual subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob, Roberto Campa Cifrián, lo había invitado a ocupar la Dirección de Evaluación y Control de la dependencia.

 

El panorama no pinta nada bien para la caballada del Palacio de Gobierno con miras a las candidaturas para 2015. Gobernación (el PRI nacional y la Presidencia) seguramente tomará también el control y palomeará a los que van a ser.

Hoy sale el Código Electoral.

La Legislatura del estado invitó ayer para la décima sesión ordinaria, dentro del segundo periodo de sesiones ordinarias, que tendrá lugar este lunes a partir de las once de  la mañana: el tema, la aprobación del nuevo Código Electoral para el Estado de Veracruz que propuso el gobernador Javier Duarte de Ochoa el pasado 9 de junio.

 

Se llegó a la fecha límite para armonizar el marco legal electoral del estado con la reforma aprobada por el Senado el 4 de diciembre pasado, con la que se termina con el sistema federalizado de elecciones al desaparecer el IFE, eliminar la autonomía de los institutos electorales estatales y facultar al Senado a nombrar a los magistrados electorales estatales, con lo cual se quita facultad a los Congresos locales para elegirlos, lógicamente, a propuesta de los gobernadores.

 

El retraso en esta armonización empantanó la discusión y aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética de Peña Nieto, ya que el PAN puso como condición para participar a que se aprobara en las legislaturas locales la reforma política-electoral.

 

Fue el secretario de Gobernación quien “sugirió” a los Congresos de los estados a realizar dicha aprobación, y ahora habrá que estar atentos hoy para ver si se le hizo alguna modificación al texto original que envió Duarte de Ochoa al Congreso.