El pasado 31 de enero en la columna “Templo Mayor” del diario Reforma se comentó que la baja del petróleo llevó al gobierno de Enrique Peña Nieto a una encrucijada con dos caminos: el malo y el peor.
“Por un lado estaba la opción de recortar el gasto público a sabiendas de que la medida impactaría al crecimiento económico.

Dicho y hecho, el anuncio de ayer tuvo efectos inmediatos: Moody’s estimó un raquítico crecimiento del 2.5 por ciento… si bien nos va.

Una noticia pésima para el país que llegará a la mitad del sexenio con muy poco o nada que presumir en la materia.

El otro camino que le quedaba a la Secretaría de Hacienda de Luis Videgaray era aumentar el déficit y financiar el faltante con –¡gulp!– deuda.

Nada más que el endeudamiento únicamente traslada el golpe al crecimiento para el futuro y pone en riesgo la estabilidad económica.

A fin de cuentas, habrá que aplaudir la responsabilidad fiscal del gobierno”.
Un día antes, el 30 de enero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  había  anunciado un recorte en el gasto para este año de 124 mil 300 millones de pesos, equivalente a 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

De esa suma, las Secretarías de Estado harán un recorte de 52 mil millones de pesos, el cual 65 por ciento será en gasto corriente y el resto en inversión. Los ajustes se dieron en un contexto de volatilidad económica internacional y la caída del precio del petróleo.

El secretario del ramo, Luis Videgaray, descartó que los ajustes lleven a un aumento en los impuestos o a la contratación de más deuda. "Los ajustes al gastos público los haremos reduciendo el gasto del Gobierno; no incrementaremos los impuestos, no vamos a crear nuevos impuestos y por supuesto no habremos de contratar mayor deuda pública", dijo.

Para el diario Reforma, el Gobierno Federal actuó con responsabilidad. En mi modesto punto de vista, yo pienso lo mismo.

A eso que anunció Videgaray los economistas le llaman un “Plan de Choque”. Me llama la atención la forma en que ante la volátil situación económica por la baja en los precios del crudo la administración federal optó por un camino opuesto, por ejemplo, al que ha seguido el Gobierno del Estado: no aumentar el déficit y financiar el faltante con deuda.

El jueves 23 de diciembre de 2010, 23 días después de que había dejado el gobierno Fidel Herrera Beltrán, la brillante reportera de Proceso, Regina Martínez (q.e.p.d.), publicó que la entonces presidenta de la comisión de Hacienda del Estado del Congreso local, Karime Aguilera Guzmán, había informado que la Secretaría de Finanzas y Planeación había admitido que el gobierno de Fidel Herrera Beltrán había dejado una deuda de 25 mil millones de pesos.

“Ante el análisis del anteproyecto de ley de ingresos y presupuesto de egresos del 2011, cuyo dictamen continúa siendo debatido por diputados de todos los grupos legislativos antes de su aprobación, señaló que existe un ‘especial interés’ por la reestructuración de la propuesta original y el tema de la deuda ‘será una cuestión que la Sefiplan tendrá que resolver’”.

Esa declaración le valió a Karime una severísima reprimenda y le prohibieron que volviera a hablar sobre el tema.
Un día antes, el 22 de diciembre de 2010, el entonces secretario de Finanzas y Planeación, Tomás Ruiz González, había declarado que se liquidarían todos los adeudos contraídos por el gobierno del estado saliente, para lo cual se había implementado el “Programa de Reconocimiento de Adeudo” que debía concluir con la liquidación de los compromisos “en las próximas semanas”.

Explicó que se pagarían todos y cada uno de los adeudos siempre y cuando se tratara de compromisos devengados y se encontraran dentro de la normatividad correspondiente, aclarando que “como una práctica común en los tres niveles de gobierno, en las dependencias y entidades, al cierre de los ejercicios presupuestales, absorben los compromisos pendientes de pago que debidamente hayan sido contabilizados y registrados, a través del reconocimiento de adeudos a proveedores y prestadores de servicios”, como lo estaba haciendo el nuevo gobierno estatal entonces.

Casi un mes después de esa declaración, como lo ha hecho ahora el Gobierno Federal, el gobernador entrante Javier Duarte de Ochoa anunció también un “Plan de Choque” que incluía el reconocimiento de los adeudos con proveedores y prestadores de servicio registrados en cada una de las dependencias, adeudos que entonces llamaron “Pasivo Circulante”.

Fue el 27 de enero de 2011, a menos de dos meses de que había tomado posesión, cuando Duarte, tras exponer las circunstancias complejas por las que atravesaban las finanzas del gobierno del estado, presentó el Programa de Reducción al Gasto Público, que ordenaba medidas de ajuste del 25 por ciento de su gasto corriente a las dependencias.
Acompañado de los integrantes de su gabinete, en un evento realizado en la Sala de Banderas de Palacio de Gobierno, explicó que el programa implicaba una reducción en el gasto corriente de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo de 6 mil millones de pesos, cuya meta estaba destinada a tener finanzas sólidas para el desarrollo económico y social de la entidad.

“La finanzas del Gobierno del Estado atraviesan por una circunstancia compleja que obliga a hacer ajustes para cumplir con las tareas que el pueblo demanda y este esfuerzo requiere destinar mayores recursos públicos a obras de infraestructura y acciones orientadas a fortalecer la economía en esas zonas afectadas”, dijo entonces.
En aquella ocasión, dio la palabra al secretario Tomás Ruiz González, quien detalló las estrictas medidas de austeridad, disciplina y transparencia que se ordenaban.

El funcionario empezó por revelar que Veracruz había sufrido una baja en calificación de su riesgo crediticio desde 2009 y que las agencias calificadoras habían destacado el deterioro de la estructura presupuestal debido principalmente a las crecientes erogaciones del gasto corriente y al incremento sustancial de la deuda del corto plazo, lo que limitaba fuertemente la liquidez del gobierno.

Informó que los Secretarios tendrían que remitir a la Sefiplan, a más tardar el 15 de febrero de ese año, una propuesta de ajuste al gasto que representara una reducción del gasto corriente del 25 por ciento.
Tomás logró cuadrar bien todo, sentó las bases para reordenar y fortalecer las finanzas estatales iniciando un programa que incluyó la reestructuración de la deuda pública que ya alcanzaba para entonces los 30 mil millones de pesos, hasta que se enteró  que todo su trabajo había sido echado por la borda y que sin consultarle ni informarle se disponía de los recursos comprometidos para pagar la deuda, por lo que prefirió irse en marzo de 2013. El resto de la historia la sabemos todos los veracruzanos: hoy la deuda oficialmente aceptada ronda los 40 mil millones de pesos aunque los críticos dicen que es el doble o más y para nadie es un secreto la crítica situación que viven las arcas públicas.

Hoy también son totalmente opuestas las políticas económicas y financieras del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado. Cabe pensar que si la administración federal decidió apretarse el cinturón y no endeudarse, entonces no habrá ninguna consideración para la forma en que se han manejado las finanzas del estado, cuando todavía en diciembre pasado la Legislatura autorizó otro  endeudamiento por 5 mil millones de pesos más. Los veracruzanos estamos pagando y vamos a seguir pagando las consecuencias.