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Da qué pensar la nota que subió ayer por la tarde a su portal el diario Reforma, en la que da a conocer que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a un juez girar una orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar, exdirigente del Partido Verde Ecologista de México y actual subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Digo que da qué pensar porque uno quisiera que fuera realidad, una práctica diaria, la manida frase de los gobernantes de que la ley es pareja, de que el que la hace la paga y de que se va a aplicar se trate de quién se trate.

¿La PGR contra un alto funcionario de la Segob? Que se sepa, la Procuradora Arely Gómez González no tiene aspiraciones presidenciales, esto es, ni para decir que le acaba de dar palo al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de cuya Secretaría depende Escobar, para tratar de invalidarlo como un fuerte aspirante a la Presidencia de la República en 2018 para que le deje el camino libre a ella.

Pero lo que hizo la Procuradora, sin cuyo conocimiento y aval no se toma una decisión como la de la Fepade ayer, fue irse hasta más arriba, tocar al propio presidente Enrique Peña Nieto, pues fue él quien nombró al ahora indiciado funcionario a pesar de la ola de protestas que generó su llegada al cargo por su historial delictivo electoral, además de que no tenía ninguna experiencia en la prevención de la delincuencia, lo que motivó que acusaran a Peña de pagar con ello un favor electoral: el de apoyar a ganar al PRI en las pasadas elecciones.

Este pájaro de cuenta ascendido a funcionario de la Segob por el sistema de gobierno tan podrido a causa de la corrupción, la impunidad y la flagrante violación a la ley, es el mismo que en el año 2009 fue detenido en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con un millón de pesos en efectivo en una bolsa, pero además quien como dirigente encabezó la más reciente campaña electoral de su partido, la más multada en la historia del país.

La nota de Reforma de ayer dice que luego de seis meses de investigación, la Fepade concluyó que el polémico personaje transgredió la ley electoral al haber celebrado como representante del PVEM, durante la última precampaña electoral, un contrato con una empresa para la elaboración y entrega indebida de 10 mil tarjetas Premia Platino.

Se argumentó que la conducta ilícita estriba en que está prohibido que partidos, candidatos o equipos de campaña entreguen cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, en especie o efectivo, por representar un “indicio de presión” al elector para obtener su voto.

Lo que extraña es por qué si desde mayo estaba sujeto a investigación de la PGR a través de la Fepade, el Presidente lo nombró en septiembre pasado siendo un presunto delincuente electoral, y sobre todo lo llevó a un área tan sensible como la de Prevención (del delito) y Participación Ciudadana de la Segob.

Fue tal el rechazo que hubo que el pasado 29 de octubre, cincuenta días después del nombramiento de Escobar, que organizaciones civiles se manifestaron frente a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob) para protestar.

El mismo diario Reforma publicó entonces que  asociaciones como la Alianza por los Derechos de la Mujer en el Estado de México, Mexicana de Comunicación para la Igualdad, Católicas por el Derecho a Decidir y la Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide) reclamaron que el líder del Partido Verde fuera nombrado en el cargo a pesar de su historial delictivo electoral y su nula experiencia en la prevención a la delincuencia.

“El país está de luto y no sólo porque se acerca el Día de Muertos (era la víspera), sino también por el asesinato de la política de prevención por parte del Presidente Enrique Peña Nieto y de su Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quienes pusieron en manos de un delincuente electoral la prevención del delito”, afirmaron las asociaciones en un comunicado que leyó entonces Iván Gómez Elizondo, de Incide.

La averiguación previa de la Fepade, número 618/2015, deriva de una denuncia de hechos presentada el 13 de marzo de 2015 por el PAN, a la que se sumó una denuncia interpuesta el 9 de abril por el PRD.

Lo interesante ahora es que la PGR ha decidido actuar en su contra, algo que se debe reconocer y aplaudir, lo que, por el contrario, asesta un duro golpe a Peña Nieto, que seguramente se verá envuelto de nuevo en otro escándalo, lo que, por lo demás, nos alienta y nos hace soñar en un país de la legalidad, de aplicación estricta de la ley aun así se trate en contra de un alto funcionario y aunque esté apadrinado por el propio Presidente de la República. Pero se vale soñar.

En el nivel local, recién acabamos de tener también una acción inusual, que a todas luces es saludable, que se debe asimilar desde el poder con la mayor madurez y que incluso se debe alentar y promover: la de la corrección del subalterno al propio gobernante, algo que debiera ser la normalidad, pues eso fortalece a la institución de Gobierno y propicia la credibilidad y la confianza ciudadanas.

Fue público que durante su comparecencia ante la Legislatura con motivo del V Informe de Gobierno, el Contralor General del Estado, Ricardo García Guzmán, así haya sido indirectamente mostró desacuerdo con una afirmación que había hecho el propio gobernador Javier Duarte de Ochoa respecto a unas denuncias en la Secretaría de Salud, pues mientras por un lado se dijo que no existían, por el otro se afirmó que sí.

El Gobernador recibe información de sus colaboradores en los que se supone que confía y pudo haber ocurrido que no le informaron bien o de plano lo engañaron, por lo que confiado en ello emitió un juicio, pero el Contralor es el encargado directo de la fiscalización y seguramente detectó el equívoco y, como era su deber, corrigió poniendo con ello a salvo la imagen del Gobierno al que sirve.

No estamos acostumbrados a este tipo de cosas, pero es buena señal. El buen colaborador está no para aplaudirle todo a su jefe así esté totalmente equivocado sino para decirle que no, para corregirlo, con lo que lo ayuda a gobernar bien pero también lo salva de consecuencias que muchas veces pesan y marcan negativamente para siempre, además de que lo pone a salvo de críticas y descalificaciones.

Mucha demanda para el informe de Pepe

Según se sabe, el interés de simpatizantes del senador José Francisco “Pepe” Yunes Zorrilla por asistir a su informe de actividades que rendirá el domingo en Boca del Río empieza a rebasar la capacidad de organización, por lo que en el cuartel general de Pepe se preparan a fondo para estar lo mejor organizados posible, pero también para lograr, hasta donde el cupo lo permita, que todos puedan tener acceso. Se percibe ya como una cargada o una minibufalada.

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