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Era lo único que faltaba. De las observaciones dadas a conocer ayer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hechas al Gobierno del Estado con impacto económico pendientes de solventar 2011-2013, del monto observado 2014, del importe de procedimientos resarcitorios, y del monto de denuncias penales relacionadas con la simulación de reintegros, todo por un monto total de 35 mil millones 421 mil pesos, de entrada 21 mil millones 372 mil pesos se tienen que devolver.

De esa suma, sólo 14 mil millones 47 mil pesos están en periodo de solventación. Para ello, el Gobierno del Estado, las diversas Secretarías de Despacho involucradas, sus titulares, tienen 60 días para comprobar en primera instancia, aunque pueden pedir una ampliación de otros 45 días, luego de lo cual si no lo hacen se harán acreedores al fincamiento de responsabilidades que pueden llegar a la instancia penal.

En pocas palabras, la administración estatal y varios funcionarios del Gobierno del Estado, en especial el Fiscal General del Estado, el Secretario de Finanzas y Planeación y diversos secretarios de despacho están en serios problemas, porque resultan los responsables del desvío de recursos o de peculado, el primero por haber absuelto a muchos involucrados en los faltantes de los años 2011, 2012 y 2013.

El 22 de junio del año pasado, en conferencia de prensa, el gobernador Javier Duarte de Ochoa informó que resultado de los procesos de revisión a las cuentas públicas de los años 2009, 2010 y 2011 (no incluía 2013), “así como por las evidencias obtenidas y derivado de la información que se ha puesto al alcance de la Fiscalía General, el titular de dicho órgano autónomo hizo de su conocimiento que las denuncias de hecho han quedado sin materia al comprobarse la correcta aplicación de los fondos federales”, con lo que absolvió a los directamente responsables.

Por lo dado a conocer ayer, ocho meses después, se desprende que la ASF se ha inconformado por esa determinación y ha apelado y por eso reportó que están pendientes de solventar 13 mil millones 456 mil pesos de las cuentas públicas 2011-2013, o sea que para ella están abiertos los casos, aunque ahora, aunque diversos funcionarios hayan sido los directamente responsables del mal uso de los recursos, al haberlos absuelto el Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras él es el único responsable y quien deberá responder, por lo que está metido en más que un serio problema. Ese monto se tiene que devolver o habrá responsabilidad penal, aparte de la administrativa.

El importe de procedimientos resarcitorios por 3 mil millones 148 mil pesos no tiene vuelta de hoja. Se tienen que devolver a fuerza. Eso ya lo había dicho el Contralor General del Estado, Ricardo García Guzmán. Así como también los 4 mil millones 770 mil pesos que simularon que se habían devuelto, en lo que estarían involucrados el ex Secretario de Finanzas Mauricio Audirac Murillo así como el ex Subsecretario de Egresos Carlos Aguirre Morales, entre otros.

De lo dado a conocer ayer, de los 17 estados del país y del Distrito Federal que resultaron con observaciones, Veracruz es el que más tiene.

La acción no puede desasociarse de la visita que el entonces senador Héctor Yunes Landa hizo el 29 de septiembre del año pasado al Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, cuando acusaba al gobernador Javier Duarte de actos de corrupción y de tener encima a la ASF en la revisión de sus cuentas públicas, lo que se negaba, pues se alegaba que se había solventado todo correctamente, según el Fiscal del estado.

En esa fecha, Yunes Landa a través de su cuenta de Twitter informó de su reunión en dicho órgano encargado de supervisar las cuentas públicas de las entidades de Gobierno, subió una fotografía donde se le veía con Portal y entrevistado al término de la reunión, dijo: "Fue una larga plática con el Auditor, le dije que estoy interesado en que se aclare y castigue a quien sea responsable del desvío o mal manejo de recursos federales (en Veracruz)".

Luego se sabría que antes que Héctor ya había estado con el auditor el entonces diputado federal Miguel Ángel Yunes Linares para tratar el mismo tema (les habría dicho a los Yunes que se trataba de “un mal de familia”), y que presionado por ambos legisladores había terminado por aceptar que sí, que sí estaban abiertas las denuncias. Ayer se supo que sí.

La preocupación de los Yunes era (es) porque cualquiera que llegue al Gobierno del Estado sufrirá las consecuencias ya que de no devolverse el dinero se les descontará de las participaciones federales que les correspondan al gobierno que encabecen, con lo que los limitarán más de lo que ya estarán por la deuda y los compromisos pendientes de pago que van a heredar.

La noticia no podía llegar en el peor momento, cuando la administración pública estatal enfrenta una seria crisis de recursos, tiene muchos reclamos de adeudos pendientes y prácticamente está paralizada por no contar con lo más elemental para trabajar, además de que hay inconformidad social por el clima de impunidad que prevalece con respecto a muchos funcionarios señalados y a los que a toda costa se trata de proteger.

Hasta anoche no había una reacción oficial a las observaciones que se hacen, por lo que habrá que esperar este jueves para saber qué se dice al respecto. 

La situación hacia adentro del Gobierno es muy complicada. Corre la versión de que algunos secretarios de despacho ya no quieren estar, que han presentado sus renuncias pero que no se las han aceptado. Lo que ellos dicen es que no quieren cargar con muertos ajenos.

Para colmo, ayer se anunció una noticia que debió haber caído como balde de agua fría en la administración estatal, fuente de financiamiento –es un decir– lo mismo de programas oficiales que de su partido (porque estamos en plena época electoral): La Secretaría de Hacienda anunció un recorte al gasto público por 132.3 mil millones de pesos para este mismo año, equivalentes a 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto.

Se dijo que la mayor parte del recorte ocurrirá en Pemex, donde el ajuste será por 100 mil millones de pesos, explicó el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, lo que lleva a pensar que impactará en los estados petroleros, como Veracruz, donde ya de por sí ha habido fuerte recorte de trabajadores de la industria, lo mismo en la región de Poza Rica que en la zona sur del estado, lo que hizo perder al PRI en la pasada elección federal los distritos de Coatzacoalcos y Poza Rica a manos de Morena.

Además, se informó que el ajuste al gasto de las dependencias del Gobierno Federal se concentra en el gasto corriente representando el 60 por ciento del total y aunque por las modificaciones al gasto no habrá un mayor número de despidos de personal del Gobierno federal, de todos modos unos 15 mil burócratas perderán su empleo, tal y como se había anunciado desde el año pasado.

Blindarán programas sociales

Este jueves, la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado y el Organismo Público Local Electoral (OPLE) firmarán un convenio de colaboración para establecer las bases, mecanismos y acciones con el fin de prevenir, proteger y vigilar que la operación de los Programas Sociales de la Secretaría no sean utilizados con fines distintos a su objetivo.

La firma se realizará a las nueve de la mañana en la Sala de Juntas de la Sedesol. Participarán el secretario de Desarrollo Social, Alfredo Ferrari Saavedra, y el consejero presidente del Consejo General del OPLE, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

La idea, según se maneja, es que los programas sociales no sean desviados para apoyar a candidatos o partido político alguno durante el proceso electoral en curso.  Para ello, el personal de la Sedesol recibirá capacitación con el fin de evitar que por desconocimiento incurran en conductas que puedan malinterpretarse como delitos electorales.

A propósito de programas sociales, estuvo ayer en el puerto de Veracruz el director general de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, para encabezar la inauguración de un punto de venta del Programa de Abasto Social de leche a cargo de su dependencia, que beneficiará a por lo menos 265 familias de la colonia Las Caballerizas del puerto jarocho.

Con la representación del gobernador Javier Duarte asistió el titular de la Sedesol estatal, Alfredo Ferrari Saavedra, e intervino también la nueva federal de la Sedesol, Anilú Ingram Vallines. Ramírez Puga dijo que de acuerdo con el Instituto de Salud Pública, la leche que distribuyen los centros de abasto ha logrado que los niños mexicanos tengan mejor crecimiento y aseguró que Veracruz tiene todo el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto para abrir las lecherías que sean necesarias.

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