​En su columna de ayer, “La historia en breve”, que se publica en el diario El Universal, el periodista Ciro Gómez Leyva expresó en voz alta lo que es una exigencia ciudadana, de los veracruzanos: que el Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, renuncie a su cargo si se confirma que dos de “Los Porkys de Costa de Oro” huyeron hacia el extranjero (anoche se me confirmó que sólo lo hizo uno, el que se fue a España). 

Ciro no tiene la fuerza legal para influir en ese propósito, pero sí tiene la fuerza moral para plantear la petición al hacerse eco de sus lectores y de sus radioescuchas (porque también conduce un noticiario radiofónico), porque es más que evidente el retardo en la procuración de justicia, como en el caso de la joven Daphne Fernández, y en el desaseo en el manejo de otros procesos, como en el de la columnista Maryjose Gamboa, que lo único que han provocado es que haya una total desconfianza ciudadana hacia la institución que representa, él incluido, y que haya y esté dañando la imagen del Gobierno del Estado y de su titular Javier Duarte de Ochoa, y ya de refilón del candidato del PRI Héctor Yunes Landa.

En el caso de la joven presuntamente violada por cuatro “mirreyes” de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río –Diego Cruz Alonso, Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales y Gerardo Rodríguez–, cualquiera que sea la resolución de la investigación ministerial, por el retardo de la consignación ante el juez y por toda la serie de equivocadas declaraciones que ha hecho a la prensa sobre el asunto, Bravo Contreras ha acabado por perder toda credibilidad si es que le quedaba alguna y se ha ganado a pulso la desconfianza de los veracruzanos, por lo que ya no tiene nada que hacer al frente de la Fiscalía como no sea dañar más la imagen oficial.

Está más que sabido, por tanta difusión que se ha dado al asunto, que la Fiscalía no investigó oportunamente y en forma expedita, por lo que cuando se venció el término legal para consignar ante el juez no lo hizo, lo que motivó que el padre de la víctima estallara e hiciera público el caso, lo que provocó una resonancia mediática incluso de carácter internacional (y ya ni se diga en las redes sociales) que terminó por manchar más la imagen de Veracruz y de su gobierno cuando ya está de salida y en pleno proceso electoral cuando el descontento popular en contra del PRI, el partido del gobierno y en el gobierno, es muy grande.

Ya, pues, no le sirve a la institución, al contrario, la daña; ya no le sirve a su jefe el gobernador, tanto que incluso cuando él debiera de ser un pararrayos atendiendo y resolviendo con prontitud los más espinosos asuntos que tienen que ver con la procuración de justicia para que no le llegara ningún reclamo ni ningún señalamiento al jefe de las instituciones en Veracruz, es el propio Javier Duarte quien tiene que dar la cara, salir a dar declaraciones y explicaciones lo que a veces lo expone a la crítica innecesariamente.

Si el Fiscal considera como su amigo a Duarte y si le tiene agradecimiento por la oportunidad que le dio de entrar al servicio público, debiera de convencerlo de que le acepte su renuncia con carácter irrevocable para que llegue a la institución en su lugar un jurista de renombre que sea respetado, que le devuelva la confianza ciudadana a la Fiscalía, que tenga credibilidad y que fortalezca la imagen del gobierno duartista en la última etapa cuando más lo necesita, una transición adelantada en esa área porque Héctor Yunes Landa no lo va a sostener en el cargo y menos Miguel Ángel Yunes Linares, quien incluso va a buscar procesarlo legalmente.

Ciro remató así ayer su columna: “En los hechos –por el caso de Daphne– ha habido dilación. Eso es inmoral. Y probablemente ilegal”. El periodista capitalino afirma que la permanencia de Bravo Contreras en el cargo es inaceptable y que tendría que buscar un amparo.  

Pero en el mismo sentido se expresó ayer la presidenta de la asociación “Causa en común”, María Elena Morera, quien dijo que si el fiscal Bravo Contreras no culmina la investigación y no ordena consignar a los jóvenes que violaron a la menor de edad, se tendrá que actuar contra él y destituirle.

De acuerdo a una nota de  Miguel Ángel Gómez Ruiz, del portal alcalorpolitico.com, Morera lamentó que la autoridad haya dejado de actuar de tal forma que los presuntos culpables no sólo se movían con absoluta impunidad sino que también varios ya partieron al extranjero: “Son dos de esos jóvenes que han sido solapados por sus familias como si hubieran hecho una travesura y no es así”.

Dijo que se tendrá que actuar en contra del Fiscal porque a todas luces parece haber solapado a los violadores y porque pareciera que sólo sale a los medios a defenderlos: “Los jóvenes se van del país porque saben lo que hicieron y porque si realmente existiera justicia ya se les habría detenido y los habrían consignado”.

El gobernador Duarte de Ochoa debería deshacerse de todo lastre para que fuera menos pesada la llegada de la nave que conduce a su puerto final. El Fiscal ya es peso muerto que en nada ayuda y que escora la embarcación, y si no se deshacen de él a tiempo puede hasta contribuir en mucho a hundir el barco. Ciro Gómez Leyva y María Elena Morera tienen razón. Duarte, la última palabra.

Por lo pronto, resultó falsa la información que se manejó anoche en algunos portales de la Ciudad de México de que uno de los “Porkys”, Enrique Capitaine Marín, había sido detenido y que la Fiscalía General del Estado ofrecería una conferencia de prensa para confirmarlo.

Según fuentes que consulté cercanas al proceso legal, además hay una confusión ya que está confirmado que este joven permanece en el puerto de Veracruz pues quien viajó a Woodlands, Texas, fue su hermano gemelo Felipe, quien presuntamente no habría participado en los hechos. Lo que sí es cierto es que Diego Cruz Alonso huyó a España.

Martha Montoya mostró tablas

Quedó claro ayer que el objetivo era arrimarle el caballo a Miguel Ángel Yunes Linares, pero el miércoles el vocero del candidato Héctor Yunes Landa, Gustavo Filobello, no pudo o no supo cómo hacerlo, por lo que tuvieron que mandar de emergente a la presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en la entidad, Martha Montoya Barradas.

Ella volvió ayer al tema en otra conferencia de prensa y planteó en forma directa el asunto, la exigencia, el reto: que el candidato del PAN-PRD Miguel Ángel Yunes Linares “explique el origen de 30 millones de pesos que su hijo Omar invirtió en la compra de un edificio, un penthouse y terrenos en la exclusiva zona de Polanco en la Ciudad de México", y que el abanderado blanquiazul dé a conocer también las declaraciones patrimoniales de sus hijos y de su esposa.

Es obvio que estamos en campaña y, por lo tanto, en una batalla electoral y se trata de sacar partido de dónde se pueda: Yunes ya hizo pública su declaración, según la plataforma #3de3, y en su declaración de intereses se menciona la sociedad con su esposa mediante la cual compró la residencia donde vive, así como las empresas en las que participa con sus hijos. Creo que el objetivo se equivoca: en todo caso, el priismo de Veracruz debiera exigir al Sistema de Administración Tributaria (SAT) que investigue al joven empresario y que proceda en su contra si es que encuentra que está fuera de la ley. Lo que sí queda claro es que Miguel Ángel les sigue quitando el sueño pues no se entiende que le estén dedicando tanto tiempo cuando si el PRI estuviera seguro de su fortaleza y de su triunfo lo ignoraría por completo. ¿Golpeteo contra él porque va arriba y hay que tumbarlo a toda costa?