​Indefensos por no poder hacer nada para impedirlo, los veracruzanos iniciamos la semana con la amenaza de que la mayoría priista y sus aliados en la LXIII Legislatura del Estado aprueben lo que ya se conoce como el “blindaje de impunidad”, que permitiría que los responsables de haber saqueado el erario público evadan la acción de la justicia y no reciban castigo, y menos que resarsan a las arcas públicas lo que se llevaron.

Luego de que el PRI y sus aliados perdieron la elección para renovar la gubernatura el pasado 5 de junio y ante la decisión del nuevo gobernador de auditar “todos los rincones del Gobierno del Estado”, el gobierno saliente se apresuró a tratar de encubrirse creando figuras legales con el respectivo nombramiento de funcionarios anticorrupción a conveniencia suya, inamovibles en el cargo por un periodo de años suficientes para que todos los que hayan cometido actos de corrupción se escapen.

El pasado 16 de junio, durante la séptima sesión ordinaria del segundo periodo ordinario de sesiones, el Pleno de la Legislatura aprobó por mayoría el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para recibir propuestas de un nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y ante la renuncia de Fernando Aguilera de Hombre al cargo de comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aprobó también la convocatoria pública para elegir a su sustituto.

En otro tiempo y en otra circunstancia esas figuras no tendrían ningún cuestionamiento, si no es porque de  inmediato se inscribieron para ocupar la titularidad personas totalmente afines al grupo cuestionado en el poder, con clara intención de ser nombrados para evitar que se conozcan todos los ilícitos cometidos y que protejan a los responsables, lo que sería grave para la salud pública del estado.

Presuntamente los diputados locales son representantes populares, esto es, representan la voz de los veracruzanos en la mal llamada máxima tribuna del pueblo veracruzano, pero con su mal actuar los legisladores ni nos representan y menos llevan y hacen escuchar nuestra voz de inconformidad, como debiera ser su obligación, en el Congreso del Estado. 

Si los diputados priistas no piensan en Veracruz sino en sus intereses personales, de grupos y partidistas y aprueban el blindaje de impunidad, no sólo le causarán un grave daño al patrimonio del estado, sino que quedarán marcados de por vida porque la historia no los perdonará y los señalará para siempre como quienes permitieron que un grupo de personas hicieran mal uso de los recursos de todo el pueblo veracruzano, dejaran en crisis al estado, condenaran a varias generaciones de veracruzanos a pagar por lo que otros se robaron y se fueran como si nada, a disfrutar de lo mal habido sin recibir castigo alguno.

Todavía más, al proteger a un grupo y nombrar a funcionarios vinculados al gobierno seriamente cuestionado para hacer valer la impunidad, para que se queden en el cargo por cinco años con carácter de inamovibles, lo único que estarán haciendo será dejar heridas abiertas que tendrá muy presente el electorado en 2017 y 2018 cuando se elija a alcaldes, diputados federales, a gobernador y a Presidente, por lo que volverán a emitir su voto de castigo, no se dude.

Pero parece que nadie repara en ello y están dejando hacer. Si los diputados locales priistas aprueban el blindaje de impunidad lastimarán una vez más a la sociedad veracruzana, que ya despertó y está dispuesta a no dejarse. Me pregunto: si lo hacen, ¿cuando se sienten a la mesa de sus hogares podrán ver de frente, con toda dignidad, a los ojos, a sus hijos, a sus esposos-esposas, a sus familiares más queridos?

Demuestren su amor a Veracruz: Berlín Valenzuela

Precisamente ayer, el doctor Francisco Berlín Valenzuela pegó en su muro de Facebook un artículo en el que expresa que a propósito de las determinaciones que deberá tomar el Congreso del Estado, los diputados deberán pensar muy detenidamente en qué forma van a responder a la confianza que el pueblo les depositó al votarlos en las urnas.

Expresa que es tiempo ya de acabar con las falacias que existen acerca de nuestra endeble democracia e invoca el artículo 17 de la Constitución Política de Veracruz que habla de la división de poderes, pero señala:

“No podemos ignorar que desde el punto de vista pragmático de la realidad política de nuestro Estado, las afirmaciones del mencionado artículo constituyen una verdadera falacia, ya que según hemos visto en las últimas décadas, en las que destacan sobremanera los dos últimos sexenios,  el poder público del estado, ni ha sido popular, ni representativo ni  mucho menos democrático y, si bien el poder está dividido formalmente… nadie lo cree” pues “la ciudadanía… está convencida que de hecho se reúnen dos o más de estos poderes en una sola persona, a saber el gobernador del estado, quien es el que decide qué magistrados deberán integrar el Poder Judicial, quién deberá de presidirlo y qué personas serán postuladas por sus partido o los partidos afines para ocupar las curules del Congreso del Estado”.

“En esta perspectiva, deseo hacer ver a los señores diputados del Congreso del Estado, que sobreponiéndose a las presiones que seguramente van a ser ejercidas sobre ellos, antepongan sus intereses personales o corporativos, demostrando su amor a Veracruz” y les pide que con independencia nombren al fiscal anticorrupción.

El jueves se decide quién irá a la CTM estatal

El próximo jueves, en la sede nacional de la CTM, el dirigente nacional de esa central obrera, Carlos Aceves del Olmo, encabezará un homenaje póstumo a quien fuera dirigente estatal, Enrique Ramos Rodríguez, quien falleció el pasado 19 de junio.

Para ese efecto han sido convocados a la Ciudad de México los secretarios generales de las federaciones regionales (28 o 30) así como los integrantes del comité estatal, y se da por hecho que terminando el acto oficial habrá una encerrona con Aceves del Olmo y ahí se definirá quién será el nuevo dirigente en Veracruz y el procedimiento para elegirlo formalmente.

Si el PRI quiere cobrar fuerza para intentar el rescate de la gubernatura en el menor tiempo posible, el elegido deberá ser el líder regional de Coatzacoalcos y virtual nuevo diputado local (plurinominal) Carlos Vasconcelos Guevara, político totalmente afin al senador José Francisco Yunes Zorrilla, con todos los méritos para ocupar el cargo pues es un dirigente obrero muy activo en su región además de que ha sabido cultivar relaciones con los demás líderes regionales, quienes en corto, en su mayoría, ya le han expresado su apoyo.

Así, el tricolor tendría dos puntales, uno el líder de la CNC en el estado, Juan Carlos Molina Palacios, el otro sería Vasconcelos Guevara al frente de la CTM, y se tendría que reactivar de tiempo completo Erika Ayala Ríos como secretaria general de la CNOP, para integrar una santísima trinidad política que pueda revivir a su partido, a partir del próximo 1 de diciembre ya sin la gubernatura.

Carlos Vasconcelos, además, es buen operador con representantes de los medios, o tiene buenos operadores que lo ayudan con esa tarea, lo que completa su expediente para un nuevo liderazgo.

Se infartó al saber que la iban a auditar; murió

A principio de mes, el féretro con los restos de la mujer fue llevado, para el homenaje de rigor, a la dependencia en la que trabajaba: la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) del Gobierno del Estado.

Propio de toda burocracia y de una dependencia muy grande, con cientos de trabajadores, el cuchicheo era inevitable. Su muerte la atribuían a que no resistió el impacto de saber que la iban a auditar pues le habían detectado un faltante de seis millones de pesos.

Relativamente joven, de poco más de 40 años, la mujer era responsable de un área administrativa de la SIOP donde se manejaban recursos. La tarde cuando recibió la notificación, un jueves, acababa de comer ahí en su propia oficina. De inmediato se puso mal, se sintió mal y así continuó viernes, sábado y domingo, y el lunes cuando fue con el médico su muerte sobrevino repentinamente. El diagnóstico: le dio un infarto.

Que se sepa, es la primera víctima mortal producto de la tensión que viven decenas, cientos de funcionarios administrativos del Gobierno del Estado a quienes ante el triunfo del candidato del PAN-PRD a la gubernatura del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, los está auditando el propio Gobierno del Estado para entregar la administración lo más limpia que se pueda ante la amenaza del nuevo gobernador de meter a la cárcel a todo aquel que haya robado dinero del erario público. 

La amenaza para los que todavía están es más que preocupante. Y es que abrazaron una consigna: si los grandotes roban, nosotros por qué no. Y todos le metieron mano al cajón o se las ingeniaron para extorsionar de acuerdo a su cargo.

La situación al interior del gobierno es verdaderamente alarmante, casi se podría afirmar que hay un estado de psicosis porque, me decía un amigo que ha sido administrador, contralor, auditor, es decir, que es todo un experto, cuando llegue el nuevo gobierno y audite “en todos los rincones” de la administración estatal, por donde quiera que rasquen van a encontrar serias anomalías con el manejo de los recursos públicos, de tal forma que pocos se salvarán de alguna sanción o castigo, además de que tendrán que devolver lo que se llevaron si no quieren ir a prisión. ¿Cuántos más se habrán de infartar?​