​El priismo veracruzano, por lo que se advierte, todavía no reacciona, tal vez porque no le acaba de caer el veinte de que prácticamente ya no está en el poder, que lo perdió el pasado 5 de junio y que tiene no sólo que ser oposición –ya lo comenté con anterioridad–, sino aprender a serla.

Por lo que se nota, están esperando a que llegue el 1 de diciembre, cuando constitucionalmente el PAN asuma la gubernatura, para ver qué van a hacer.

Ayer se cumplió un mes de que perdieron la elección y la gubernatura y no se sabe que hayan hecho un intento serio para empezar a recoger los escombros de lo que quedó para intentar construir, pieza a pieza, la base de nuevo y luego su edificio. Hace un mes que están en la lona y no reaccionan. Se ve que los dejó bien groggy el panismo.

Está decidida ya la salida del actual presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), porque así lo han determinado en la Ciudad de México, pero el priismo local no se ve que pretenda hacer valer su derecho a poner a quien considere la mejor opción, de acuerdo al nuevo escenario que tienen y a la nueva realidad que empiezan a vivir.

Está más que claro el rechazo que tienen de la mayoría del electorado veracruzano –un tercio votó por la derecha-izquierda y otro por la izquierda radical– y no se ponen las pilas para ponerse en acción e intentar recobrar su confianza y apoyo.

Hoy, quién lo duda, el escenario lo domina ya, en su totalidad, el Gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, quien prácticamente sienta la agenda pública política diaria y está jalando todos los reflectores mediáticos, mientras que el PAN como partido empieza a crecer y a fortalecerse.

Y el PRI, en lugar de empezar a ser oposición, y oposición responsable, a tratar de quitarle banderas a su opositor ideológico –quiero pensar que nunca más los políticos veracruzanos se verán como enemigos a muerte por un pleito personal ranchero–, a disputarle espacios, a granjearse la simpatía de los veracruzanos, no cambia y continúa con su misma práctica de sumisión al gobernador y de espaldas al pueblo.

Lo que está pasando en la LXIII Legislatura es el mejor ejemplo de lo que digo. Sin escuchar el clamor popular –de activistas sociales, de empresarios, de maestros, de jubilados y pensionados, de productores del campo, de formadores de opinión, de académicos, etc.– todavía la mayoría de sus diputados intentan aprobar iniciativas, propuestas del Ejecutivo que atentan contra los intereses de Veracruz. O sea, todavía no aprenden la lección de la elección.

¿Quién asume el liderazgo del PRI en Veracruz no habiendo ya gobernador priista –decir en este momento que Javier Duarte lo es resulta un sinsentido– y toma la batuta y empieza a dirigir la orquesta? ¿Quién, además, con autoridad, con credibilidad y aceptación ciudadana? ¿Quién con principios, con valores, con ética, con congruencia, con una conducta intachable para que empiece a predicar con el ejemplo?

El PRI, por ahora, se ve muerto o de plano lo está, o en todo caso el que todavía aletea lo hace para acabarlo de enterrar en el Congreso del Estado.

En cambio, cosa de ver cómo se mueve ya el panismo, ahora con mucha más seguridad sabiéndose ya casi en el Palacio de Gobierno, que con un solo ¡buuu! pone a temblar a lo que queda del Gobierno del Estado priista, otrora omnipotente, vertical, autoritario, que rayó alguna vez casi en la dictadura perfecta que dijera Vargas Llosa. 

Hace una semana, el miércoles 29 de junio, un pequeño grupo de alcaldes panistas –ocho en total– encabezados por el de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, presentó una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del gobierno de Javier Duarte de Ochoa por el presunto desvío de 39 millones de pesos.

Se trataba de un recurso que el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda había enviado ya etiquetado desde el mes de enero para ser entregado a los municipios para que ejecutaran proyectos de obras públicas, dinero que indebidamente retuvo la Secretaría de Finanzas y que sólo entregó, 24 horas después, ante la denuncia en la PGR.

Ese recurso lo jineteó el Gobierno del Estado y ahora los alcaldes quieren que les paguen también los intereses que generó, lo que no está mal, y por esa razón no retiraron la denuncia; pero era recurso que aplicado pudo haber generado muchas fuentes de empleo, beneficios, pues, para muchas familias veracruzanas, lo que seguramente ahora se logrará.

A ojos de los miles de sus representados, los panistas se crecieron. Quedaron como verdaderos defensores de los intereses de sus pueblos, de sus vecinos, y éstos seguramente se los sabrán no sólo reconocer sino hasta agradecer.

¿Y los alcaldes priistas? ¿Por qué guardan silencio y no reclaman el dinero que les corresponde? ¿Por qué permiten que se atropellen los derechos de sus representados? ¿Por qué frenan, así, obras y servicios de beneficio colectivo para sus municipios? ¿Por qué adoptan una actitud de complicidad con el Ejecutivo y le dan la espalda al pueblo? ¿Qué no se dan cuenta que ahora más que nunca tienen que ganarse al electorado si quieren retener las alcaldías que presiden el próximo año? ¿Por qué no empiezan a ser oposición ya, oposición responsable aunque sea contra otra autoridad de su mismo partido pero que está dañando a sus pueblos?

Por lo pronto, este jueves vuelven de nuevo a las propuestas de Javier Duarte. Si las aprueban se convertirán, en automático, en los mejores y más grandes promotores e impulsores del panismo en Veracruz y le darán la mejor bandera, la de la inconformidad social, para que repita su triunfo en las urnas en 2017.

El tiempo da la razón a Méndez de la Luz

“Estamos ante un hecho histórico y relevante para la vida de México. Una reforma educativa de fondo no se puede legislar en cuarenta y ocho horas como se hizo en el Congreso federal. Se habría ganado mucho en materia de gobernabilidad si se hubieran realizado foros escuchando las voces de los maestros, académicos, padres de familia, estudiantes y a todos los actores que participan en el proceso educativo”. 

Esto lo dijo, el 7 de enero de 2013, el entonces diputado local Armando Méndez de la Luz para, a nombre de su partido Movimiento Ciudadano, oponerse a la aprobación por parte del Congreso local de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. 

Expresó también el ahora ex candidato al Gobierno del Estado: “Hubiera sido extraordinario para ventilar la vida democrática de México, realizar foros a lo largo y ancho del país. Pero, desafortunadamente, no se consultó a la gente, en una materia tan importante para el desarrollo de los pueblos, como lo es la educación”.

Y advirtió: “Quienes aprueben la Minuta que contiene las reformas que hoy se nos ponen a nuestra consideración no tienen la mínima idea del grave problema social que se va a provocar en el gremio magisterial”.

Hoy ya vemos lo que está pasando en Oaxaca, Chiapas y Michoacán, con saldo de muertos, vehículos incendiados, carreteras bloqueadas, desabasto de alimentos, choques entre policías y manifestantes, saqueo y cierre de comercios, movimiento que se ha extendido a otros estados, a causa de dicha reforma, que incluso ha motivado ya la protesta de organismos internacionales que piden al Gobierno Federal dialogar y no reprimir a los maestros inconformes.

Y en el mismo sentido en el que Méndez de la Luz, el pasado 23 de junio, los obispos de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) consideraron necesario discutir con todos los involucrados el proyecto educativo “ya que no puede ser propuesta de unos cuantos por lo que es indispensable crear alianzas y encontrar sinergias con distintos sectores de la sociedad”. 

A través de un mensaje, los prelados que integran la comisión consideraron que el proyecto educativo y la reforma educativa deben estar “a la altura de las necesidades de la emergencia educativa que vive nuestro país”, y destacaron la necesidad de promover la cultura del diálogo como una forma privilegiada para la reconstrucción del tejido social.

“Es necesario sentarse a discutir con todos los involucrados el tipo de proyecto educativo y la reforma correspondiente a la altura de las necesidades de la emergencia educativa que vive nuestro país, no puede ser propuesta de unos cuantos, es indispensable crear alianzas, tejer redes y despertar sinergias entre familia, escuela, educadores, empresarios, gobernantes, medios de comunicación e Iglesias, colocando siempre a la persona humana y su dignidad como el fundamento y destino de toda política y acción educativa”, expresaron.

El tiempo y los hechos han dado la razón a Armando, quien también hubiera sido un buen gobernador del estado.