​Recibir su base laboral, ser trabajador de planta, es la aspiración de casi todos quienes llegan a la administración pública estatal.

En apariencia, desde hace muchos años no hay bases, según se maneja en el lenguaje burocrático estatal.

En realidad eso no es cierto. Sí las ha habido pero, como siempre, se han otorgado a discreción, según a quienes se las han entregado para que las reparta.

Lógicamente, los beneficiados han sido el chofer que todo encubre a su jefe, el auxiliar canchanchán bueno para todo, el familiar de la “amiguita”, la secretaria cómplice. Los incondicionales, pues.

La injusticia en la entrega de lo que debe ser un estímulo al buen desempeño ha privado siempre en el Gobierno del Estado.

En efecto, personas con muchos años de trabajo y con todos los méritos –que sí las hay– han sido relegadas para beneficiar a muchos, en la mayoría de las veces, que no se lo merecen.

Hasta donde yo me quedé, tenía sus ventajas y no ser trabajador de base. Es cierto, ganaban estabilidad laboral pero estaban en desventaja en el monto del sueldo. Hasta donde supe, el sueldo del trabajador de base estaba o está sujeto a un tabulador, muy limitado.

Al que siempre se le ha pagado más es al que se le conoce como de confianza, pues su compensación –así se le llama a su salario– siempre ha sido mayor que lo que se les da a los de base.

La base sirve muchas veces para que al trabajador no lo corran aunque su desempeño sea de lo peor o su conducta indeseable (los hay y muchos, me consta). Lo defiende su sindicato (muchas veces sólo para eso sirve, para defender a verdaderos parásitos).

Sirve también para que descanse el Día de la Secretaria o lo hagan desfilar el Día del Trabajo, o que participe en la rifa de electrodomésticos el Día del Empleado, y para que tenga asegurado su aguinaldo, muy poco porque es proporcional a lo que gana.

A mi paso por el gobierno observé cómo, en la mayoría de los casos, la base en lugar de motivar para ser mejores, se convertía en un seguro para caer en el conformismo sabiendo que el sueldo estaba seguro.

Muchas veces es un obstáculo para los buenos resultados porque aunque alguien quiera llevar a gente que sí quiera, sepa y trabaje de verdad, no puede desplazar a alguien de algún espacio porque es de base, es “su” base.

Y, claro, en muchos casos la base ha servido también para estar a salvo del atropello o la arbitrariedad del jefe, quien no puede correr a alguien aunque sea un buen trabajador y porque no se someta a sus caprichos.

Pero, en fin, la base es la base. Y cuando se trata de un buen trabajador, entonces cuando se otorga es un verdadero acto de justicia, humanitario si se quiere.

Dentro de todo este paquete de iniciativas tan cuestionado que le dio por enviar a Javier Duarte para su aprobación a la Legislatura del Estado, creo que, a mi juicio, la de la basificación era la única que verdaderamente valía la pena porque tenía un verdadero sentido social.

El pasado 13 de enero en “Prosa aprisa” recordé cómo el gobernador Rafael Murillo Vidal en forma generosa y agradecida recompensó a muchos trabajadores de su administración, en muchos casos con bases, en especial a los que habían servido más cerca de él, cuando estaba por finalizar su sexenio, aunque también Rafael Hernández Ochoa, Agustín Acosta Lagunes y Dante Delgado Rannauro lo hicieron, incluso este último autorizó un bono en efectivo a todos los empleados.

En esa corriente se puede haber inscrito la decisión de Duarte de basificar a los trabajadores si no fuera porque a inicios de este año ordenó despedir a muchos trabajadores de diversas secretarías, empezando por la de Salud, en un porcentaje que no se esperaba menor al 15 por ciento de todo el personal, según la información que se me filtró, aunque en realidad los recortes de personal comenzaron prácticamente desde que inició su gestión, y la constante en los últimos tres años de su gobierno fue castigar a los trabajadores de confianza descontándoles su sueldo con  cualquier pretexto o no pagándoles completo su aguinaldo, por ejemplo.

O sea, nunca pensó en basificar, en otorgar seguridad laboral, y hay miles y miles de trabajadores que pueden dar testimonio de lo que aquí publico, porque están en el desempleo y sufriendo las consecuencias con sus familias.

Hasta que ganó la gubernatura Miguel Ángel Yunes Linares y había que complicarle su llegada y su desempeño en el gobierno (indirectamente, en todo caso, los beneficiados tendrían que agradecer al panista porque gracias a él los han basificado, sólo por fastidiar al otro). 

Confieso que tenía ganas de creer en la buena intención de Duarte, pero su iniciativa no es del todo clara, según consulté ayer mismo en la Gazeta Legislativa número 141 el decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil y de la Ley Número 584 del Servicio Público de Carrera en la administración pública centralizada.

Y es que por más que busqué no se precisa el número de beneficiados –el Gobierno del Estado dice que sólo son siete mil, el gobernador electo que 24 mil–, tampoco se especifica que se trata de trabajadores con 15 años o más de servicios, y tampoco se dan detalles del dictamen “y opinión de las áreas técnicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, relativas al proceso de formalización realizado en los últimos cinco años, para normalizar la situación laboral de los trabajadores al servicio del Estado”, que sirvió para la aprobación.

O sea, la burra no era arisca pero la hicieron a palos. Así, mientras no se publiquen documentos que demuestren que es falso que la basificación de los trabajadores aumentará la nómina del gobierno del estado, que se incrementará el presupuesto para sueldos y salarios, “ya que estos siete mil trabajadores están actualmente cobrando y no representa ningún costo adicional brindarles la seguridad laboral por la que tanto han luchado”, como se dijo en un boletín de prensa el miércoles, la duda persistirá y tendrá que otorgársele el beneficio de la duda a lo que denuncia Yunes Linares. 

Éste ha reiterado que se trata de la basificación de 24 mil trabajadores cuyas consecuencias califica de “catastróficas” porque asegura que la nómina del gobierno estatal se  incrementará en mil 500 millones de pesos anuales, y que de esos 24 mil, 15 mil son “aviadores”, y que todo se trata de maniobras para ponerle “bombas” que le estallen al tomar posesión y le generen problemas sociales delicados. 

Insisto: que se beneficie a los trabajadores (a cualquier trabajador) es bueno. Me da gusto por los “siete mil” –según el Gobierno del Estado– beneficiados que ayer debieron haber celebrado y dormido a pierna suelta y con sonoros ronquidos junto con todas sus familias, sabiendo que ya tienen seguridad laboral.

Si son los 24 mil que dice el nuevo gobernador y si en efecto le revientan el presupuesto con el que va a operar en 2017, además porque haya sido una decisión arbitraria, los tribunales a los que acuda le han de dar la razón. Es de celebrarse que haya otras instancias superiores en los que acabe de dirimirse el diferendo y que le den la razón a quien la tenga. 

Digo que qué bueno que haya otros tribunales porque siempre será deseable el uso de la ley para formular un reclamo a caer en la violencia… verbal como lo hizo el propio gobernador electo Yunes Linares el miércoles cuando faltando al respeto y consideración del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Nicolás Callejas Arroyo, lo descalificó en forma personal sin haber motivo y no obstante que un día antes como representante del Poder Legislativo le había corrido la cortesía y lo había recibido en el Palacio Legislativo y hasta lo había abrazado en forma amistosa.

En muchos temas he estado de acuerdo con el ahora gobernador panista y en este espacio he dejado testimonio de ello (me siguen achacando mucha cercanía con él cuando en realidad sólo existe una amistad de muchos años), pero me vuelve la preocupación por el asomo de aquel Yunes de los años noventa del siglo pasado que se caracterizó por su intolerancia y su agresividad. 

Si insultó apenas como gobernador electo a un diputado con la representatividad de otro poder, ¿qué puede esperar un veracruzano común como yo con mi línea editorial de análisis crítico cuando ya sea gobernador constitucional y esté en la plenitud del pinche poder?

El respeto, por encima de todo el respeto, máxime si se trata de los representantes de dos poderes (uno que llega, el otro que ya está) de cuyo equilibrio depende el destino de todo un pueblo.

Galardonan a dos magistrados

Primero fue el miércoles cuando el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Alberto Sosa Hernández, recibió un reconocimiento, y, ahora este viernes recibirá una distinción el magistrado Leonardo Cruz Casas, presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El miércoles, en el salón del pleno del Palacio de Justicia, el Colegio del Foro de Licenciados, Especialistas, Maestros y Doctores en Derecho del Estado de Veracruz A.C., a través de su presidente Vicente Octavio Pozos Marín reconoció al magistrado Sosa Hernández “por su destacada trayectoria en la impartición de justicia con respeto y compromiso con los derechos humanos”. 

Hoy en el puerto de Veracruz, el Colegio de Abogados de Veracruz, A.C., reconocerá la destacada trayectoria desempeñada en el Poder Judicial del Estado por el magistrado Cruz Casas.

Ambos, sin duda, prestigian al Poder Judicial de Veracruz.