Me puso a pensar, y cuanta razón tiene, Carlos Elizondo Mayer-Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, en su artículo de ayer en el diario Excelsior, “Nuestros gobernadores y Trump”.​

“Ladrones y malos administradores dejan a su paso una estela de corrupción, saqueos, destrucción, endeudamiento, servicios públicos colapsados, inseguridad… ¿Cómo podría Trump hacerle más daño a los veracruzanos que Duarte?”.

¡Chin! Pues sí. ¿Qué se le puede objetar a este investigador del CIDE, egresado de El Colegio de México y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford?

Pero da razones, argumenta. Leamos:

“Los malos gobiernos locales expulsan a sus habitantes a otras entidades o a Estados Unidos, parte de la razón por la cual se fue acumulando en ese país un sentimiento antimexicano tan fuerte. Sus raterías, conocidas por todo el mundo, confirman la mala fama de México. No sólo desprestigian a la clase política, sino a nosotros por tolerarlos”. ¡Sopas!

Ante la preocupación de los gobernadores del país por el efecto Trump, dice este académico que si quieren enfrentar al troglodita norteamericano lo que tienen que hacer es gobernar bien, no robar, y pensar en el mediano plazo. 

Podrían empezar –prosigue– por dejar de trasladarse en aviones privados. “Borge en Quintana Roo, con su millón y medio de habitantes, usaba el servicio de aviones y helicópteros privados como si fueran taxis para toda su familia. Los gobiernos de la mayoría de los países europeos no gastan en el transporte aéreo de su jefe de gobierno lo que erogó el de Quintana Roo. Si quieren mandar una señal real de solidaridad, que usen vuelos comerciales”. 

Recuerda Elizondo Mayer-Serra que en lo que va de esta administración, la Auditoría Superior de la Federación ha presentado 160 denuncias ante la PGR por presuntas desviaciones de recursos, de las cuales “53 son del Veracruz de Duarte. Nada hizo la PGR”.

Concluye su interesante texto: “Mientras esperamos a ver qué hace realmente el gobierno de Trump, lo que el gobierno de México puede hacer no es declarar la unidad nacional y dar un número telefónico de apoyo a los migrantes. Debe acordar cambios de fondo en la forma en que se usan los recursos públicos para construir mejores instituciones que le den a quienes viven en México menos razones para emigrar y a quienes regresen, una mejor acogida. Esto sí sería una verdadera muestra de unidad nacional”.

Hasta ahora, Donald Trump es sólo una amenaza. En cambio, Javier Duarte ha sido una terrible realidad. Devastó a Veracruz. Duarte, pues, en efecto y hasta ahora, resultó peor que Trump. ¿Por qué entonces el Presidente no acude en nuestro auxilio y sí mueve y remueve todo lo que puede para hacer frente al gringo?

Aparece el Contralor y actúa

“¿Y dónde está el Contralor?”, titulé y pregunté en “Prosa aprisa” del 24 de octubre pasado sobre el silencio que hasta entonces había guardado Ricardo García Guzmán ante las acusaciones contra funcionarios y exfuncionarios duartistas, miembros del gobierno del que él forma parte.

Preguntaba si actuaría como lo hizo en el gobierno de Miguel Alemán Velasco cuando penalizó a más de 700 empleados, algunos de ellos de primer nivel como Sabás Huesca Rebolledo, entonces titular de Comunicación Social; Keyla Franco Guerrero, de la Secretaria del Medio Ambiente; y Salomón Orta Vargas, del Instituto de Desarrollo Regional (Idere).

“Los días corren y el panuquense hasta ahora no ha dicho nada. Por sus antecedentes en el cargo, creería yo que antes de que concluya la presente administración mostrará que no es tapadera ni cómplice de nadie. Eso creo. Espero no equivocarme por la salud pública de Veracruz”.

Pues ha aparecido y ha actuado. Ya inhabilitó a Antonio Tarek Abdala Saad, logró que vincularan a proceso a Gabriel Deantes Ramos y ha denunciado a dos excontralores: Iván López Fernández y Mauricio Martín Audirac Murillo, a quienes acusa de haber certificado y dadas por concluidas obras que no se hicieron o que no tenían proyectos, de lo que en otra columna me ocuparé con más detalles.

Ayer me llamó la atención que según un boletín de prensa de la diputada panista Mariana Dunyaska García Rojas, cumplió entregándole información que le había solicitado durante su comparecencia con motivo de la glosa del sexto Informe de Gobierno.

De acuerdo a la legisladora, con base en la documentación que recibió, existe una relación de denuncias penales presentadas por la Contraloría entre el 1 de diciembre de 2015 y el 17 de noviembre pasado, por un daño patrimonial superior a los 50 mil millones de pesos en contra de la Sefiplan, la Dirección General de Aeronáutica (SIOP), así como la propia Contraloría General.

Pero además, confirmó que el Gobierno del Estado generó una deuda pública entre 2010 y 2015 con préstamos bancarios por alrededor de 47 mil 482 millones de pesos, “contratos que fueron firmados por Tomás Ruiz González, Salvador Manzur Díaz, Carlos Aguirre Morales, Mauricio Audirac Murillo y Antonio Gómez Pelegrín”.

La diputada reveló que los convenios bancarios tienen plazos a pagar desde 1, 4, 13, 15, 16, 18, 20 y hasta 25 años, “adquiriendo en el 2010 una deuda por alrededor de 5 mil 500 mdp; en el 2011 de 10 mil 820 mdp; en el 2012 de 18 mil 114 mdp; en el 2013 de 1 mil 995 mdp; y en el 2015 de 11 mil 52 mdp”, siendo el 2014 el único año en el que no se adquirió un préstamo (dio nombres de las instituciones bancarias).

Denunció además “conductas irregulares en Sefiplan” por el otorgamiento de concesiones de transporte público (taxi), “que van desde la exigencia de dinero a particulares hasta la entrega de formatos referenciados para pago. También hizo denuncia por requerir indebidamente al Régimen Estatal de Protección Civil en Salud la transferencia de recursos federales para utilizarlos a un fin distinto al que fueron asignados”.

“Señaló que también existen denuncias contra quienes resulten responsables en la Secretaría de Finanzas por la revisión efectuada al Ejercicio Fiscal 2013 y 2014; asimismo, denuncia por el integrado en el Procedimiento Disciplinario Administrativo No. 93/2015 y su acumulado 94/2015, integrado como consecuencia de la auditoría a Recursos de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal; 170/2015 a recursos federales transferidos a través del Programa Medio Ambiente y Recursos Naturales; así como el No. 171/2015 de la auditoría a recursos provenientes de Fondos Federales ‘Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud’ (FASSA)”.

Igual se presentó una denuncia por negativa a dar información solicitada a la Dirección General de Aeronáutica de la SIOP, “así como por el incremento inusual de patrimonio de un exSecretario de Despacho (Deantes). Del mismo modo una denuncia por la indebida certificación y comprobación de recursos destinados a proyectos de infraestructura (Banobras)”.

Todo lo anterior a sólo seis días para que concluya la actual administración. La pelota, pues, la deja al Fiscal General del Estado, a quien, no se dude, el gobernador entrante, Miguel Ángel Yunes Linares, exigirá que actúe hasta sus últimas consecuencias (ante lo que le espera y habrá de enfrentar, él mismo querrá irse sin necesidad de que echen abajo su nombramiento en la Legislatura).

Por la información que voy captando, a partir del próximo jueves se acabará cualquier complacencia que haya habido hasta ahora. Vienen días difíciles, muy difíciles, para todos los que le metieron la mano al cajón, desde los grandotes hasta los chiquitos. Veracruz seguirá siendo noticia, no se dude.

Oportuno y tranquilizador mensaje

Declaró ayer el gobernador electo Yunes Linares que los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado tienen garantizado su pago de fin de año. “Pueden estar absolutamente seguros”, les envió a decir, de que recibirán a tiempo su salario, sus prestaciones y su aguinaldo, lo que seguramente calmará la inquietud y zozobra que existe entre la empleomanía, que tenía dudas de si se les cumpliría o no.