Supura pus. Por donde se le  punce brota el hedor. 

La metástasis del cáncer de la corrupción invadió prácticamente todo el cuerpo del priismo hecho gobierno en Veracruz.

Si se pensaba que el mal lo padecían sólo los varones, también las mujeres tricolores están invadidas del padecimiento.

Javier Duarte de Ochoa era portador del mal y contagió a muchísimas personas más que, políticamente, ya están deshauciadas. No tienen futuro.

Con el cambio de gobierno se pensaba que el escándalo diario por los actos de corrupción de Duarte terminaría con el último día de su gobierno.

Se ha prolongado y quién sabe por cuanto tiempo más seguirá ocupando los titulares de los medios, de todo tipo, que no se dan tregua sacando a la luz tanta podredumbre.

La entrega-recepción no termina. Hay quejas de muchos que se van porque los tienen entregando hasta la madrugada documento por documento. Los revisan con lupa y con escáner para que no se escape ningún detalle, ningún dato.

La pus de la corrupción aflora en todos los niveles, pues viendo los chiquitos que el más grandote robaba, ellos también se quisieron atascar de lodo. Habrá muchas más denuncias.

Los contralores y los encargados de la recepción se mueven en un verdadero mar de arenas movedizas. Por donde pisan corren el riesgo de hundirse ante tanto fango. 

(En una dependencia educativa que maneja recursos federales, desesperada porque veía que le iban a cortar la ubre y la iban a echar, una administrativa que manejaba recursos, ya de salida se compró dos coches nuevos último modelo y pagó una casa nueva.)

Pero la metástasis brincó del gobierno del Estado a las delegaciones federales, controladas también por el priismo.

El lunes, oootra vez el portal informativo animalpolitico.com reveló un nuevo escandaloso caso de corrupción, ahora en la delegación en el Estado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Ahí, la jefa del departamento administrativo, Shariffe Osman Flores, traficó intereses e influencias a través de una red de empresas constructoras propiedad de familiares suyos a las que asignó contratos millonarios.

La señorita o señora Osman se hizo famosa en Xalapa por un escándalo de su vida privada cuando trabajaba en el Ayuntamiento

En su momento, en algunas columnas políticas se comentó y denunció que estaba metida en actos irregulares junto con familiares suyos, no obstante lo cual salía todos los días en fotos de actividades del Comité Directivo Estatal del PRI.

Pero no contenta con eso, tuvo la intención de aspirar a un cargo de elección popular en Xalapa, y cuando vio que eran nulas sus posibilidades entonces optó por buscar la alcaldía de Emiliano Zapata, municipio conurbado con la capital del Estado.

Sin duda, quería seguir medrando al amparo del poder. No lo logró pero pertenecer a un círculo (¿otra banda?) de chulis, de reinis, de amigochas incrustadas en el poder, la puso donde había.

La investigación de animalpolitico.com revela que a su llegada a la CDI no quiso transparentar su situación patrimonial, lo que ya era una irregularidad, y que llenó de contratos millonarios a sus familiares en forma ilegal.

He notado con atención que el escándalo desatado, que además se documenta, se centra en la figura de Shariffe, acaso por su notoriedad debido al otro escándalo al que hago alusión líneas arriba.

Pero si ella es quien ejecutó los actos, la mayor responsabilidad la tiene la delegada, Irais Maritza Morales Juárez, que era quien firmaba la autorización de los contratos. 

“Animal Político documentó que Irais Maritza Morales y Shariffe Osman tienen una relación de amistad desde años previos a la llegada de ambas a la Comisión indígena en febrero y abril de 2015, respectivamente. Ahora, la delegada da el visto bueno con su firma a contratos que benefician con millones a las empresas de la familia de su amiga, Shariffe Osman”, dice la publicación.

Indudablemente, está involucrada en el negocio pues seguramente recibía una buena comisión o mochada.

Lo que más sorprende e indigna es la inacción de la instancia federal que no obstante la denuncia pública guarda silencio.

El portal informativo dice que buscó a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a nivel federal y delegación estatal, para conocer su opinión ante este posible conflicto de interés, pero que al momento de publicar el reportaje el lunes, no habían ofrecido una respuesta.

El lunes 17 de octubre, en su primera visita al Estado, en un desayuno privado con un grupo de 22 columnistas, se le preguntó al dirigente nacional del PRI sobre los casos de los diputados federales de su partido acusados de corrupción; si los iban a expulsar igual que a Duarte.

Su respuesta fue que en el CEN y en la Comisión de Justicia Partidaria no tenían ninguna denuncia y que sólo estaban enterados de las acusaciones por lo que se publica en la prensa; que tampoco la PGR les había hecho alguna notificación.

Fue una forma de solaparlos y de solapar la corrupción porque no obstante que sí hay denuncias y que incluso la Contraloría General del Estado actuó contra uno de ellos, hasta la fecha no se ha actuado contra ninguno, no obstante que el pasado viernes vino al puerto de Veracruz a llenarse la boca diciendo que están combatiendo la corrupción y bla bla bla.

¿Por qué no actúa la CDI? ¿Es que acaso prefiere que sea el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares quien se anote otro tanto siendo él quien vaya ante la PGR a dar vista del caso?

Al menos ayer otra mujer, ésta la secretaria general del CDE del PRI, diputada Regina Vázquez Saut, salió a ocuparse del caso, habló de investigar a sus correligionarias y de la necesidad de su partido de depurarse de tanto y tanta corrupta.

Me pregunto si alguien en su sano juicio en el PRI piensa que con esos argumentos y esas cartas de presentación van a ganar las elecciones municipales de 2017 y las locales y federales en 2018. ¿O alguien apuesta a que sí?

“Quiero limpiar mi nombre o nadie me va a emplear”

Sólo le faltaba su cartelito ofreciendo su mano de obra y diciendo qué sabe hacer, como quienes lo practican afuera de la Catedral de la Ciudad de México, sentados en el piso y con sus herramientas al lado.

Esa era casi la imagen que daba ayer Juan Antonio Nemi Dib, exSecretario de Salud, si no es porque en realidad estaba sentado en una mesa del portal del café de La Parroquia en Xalapa, desempleado, pajareando con quien fue su colaborador Pedro Solís.

Pasaba por ahí cuando me detuvo y aproveché para preguntarle si acaso él había filtrado información al columnista Raymundo Riva Palacio, quien ayer dedicó su columna “Estrictamente personal” a la “Putrefacción de Veracruz”, en la que denuncia y ofrece datos concretos sobre empresas fantasma que criminalmente desviaron recursos del sector salud.

“Yo sólo me defiendo. Quiero demostrar mi inocencia. Necesito limpiar mi nombre porque nadie me va a querer dar trabajo y tengo familia, mi esposa y mis hijos que estudian y no puedo estar sin ningún ingreso”, me respondió.

“La corrupción es un hecho ilegal que no tiene clasificaciones, pero actos ilegales en donde se pone en riesgo la vida de una persona, tiene otras connotaciones. De haberse probado que lo que hicieron y quién o quiénes lo hicieron provocaron muertes de pacientes, una acusación por asesinato habría procedido”, dijo Riva Palacio.

Veo que no soy el único que piensa que se trató de una acción criminal. El pasado 24 de noviembre, en “Prosa aprisa”, con el título “Cuánto daño a tantos en tan poco tiempo”, dije:

“Fue acción indebida, reprensible, un verdadero crimen lo que el gobierno de Javier Duarte hizo −o tal vez mejor dicho, dejó de hacer− con programas y recursos de dos dependencias dedicadas a la asistencia social y a la salud de los veracruzanos más necesitados: el DIF y la Secretaría de Salud.

Si el desvío de recursos dentro del propio gobierno y los actos de corrupción para sustraerlos y destinarlos al provecho personal de algunos, que han colapsado a la administración, son condenables, haber atentado contra niños, ancianos y mujeres embarazadas en pobreza, en situación de miseria, pero incluso hasta de buena parte de la población de clase media baja, raya en lo criminal”.

Rematé: “Sorprende que no obstante todas las evidencias, hasta ahora no haya un solo responsable castigado, detenido, en la cárcel. 

Muchas víctimas de ellos ya están bajo tierra, otras, condenadas a sufrir secuelas por el resto de sus días porque no tuvieron la medicina adecuada y a tiempo o porque no pudieron ser intervenidas quirúrgicamente en forma oportuna por la falta de equipos. ¡Viva el reino de la impunidad!”.