Al término de la sesión de ayer –la XIX ordinaria del primer periodo de sesiones ordinarias correspondiente al primer año de ejercicio–, la ocasión era para haber abierto una botella de champán y celebrar.

Si bien la austeridad se impone por la crisis económica, la ocasión lo ameritaba porque se acababa de tener una sesión que pasará a la historia política de Veracruz.

Fue la primera ocasión, ¿en 87 años?, que por mayoría se rechazó una iniciativa del gobernador del Estado. Fue la que propuso Miguel Ángel Yunes Linares para reducir 236 regidurías en 95 municipios de la entidad.

La propuesta la había hecho el mandatario panista con el argumento de que se generaría un ahorro de 137 millones de pesos, tan necesarios para hacer frente a tantos compromisos económicos que heredó la administración de Javier Duarte, quien de paso saqueó el erario. 

La iniciativa no alcanzó los 34 votos que necesitaba para ser aprobada, y el hecho permite varias lecturas.

Por un lado, se confirmó el respeto que había ofrecido el Gobernador Yunes a la autonomía del Poder Legislativo, que esta vez actuó con verdadera independencia y responsabilidad, como es su deber y como debe ser la normalidad.

Por el otro, se acabó, por fin, el servilismo que caracterizó a las diputaciones de mayoría priista ante el gobernador en turno de ese partido, que no eran más que instrumentos para aprobar hasta las peores aberraciones sólo por  interés o capricho de quien era su verdadero patrón, aun cuando se atentara contra el interés de los veracruzanos, que supuestamente representaban.

Se acabó también el maiceo a los diputados de oposición y hasta a los del mismo partido para que votaran a favor o en contra, según conviniera a y les ordenara el gobernador en turno, quien les pagaba una extra de al menos seis dígitos.

Esto último se convirtió en una práctica habitual, vergonzosa por corrupta, porque aparte los sobornados cobraban jugosas dietas (sueldos) y otras prestaciones y recibían regalos como concesiones de placas de taxis (Duarte le ordenaba a Bermúdez que las fuera a ofrecer), patentes o fiats de notarios, contratos de obras o de prestación de servicios, permisos para hacer negocios, etc., por lo que la habían convertido en una verdadera industria de corrupción.

Se avanza en el fortalecimiento de la democracia en Veracruz y se abre una nueva etapa en la vida política y legislativa del Estado, que no debe tener vuelta al pasado. 

Yo anoche esperaba que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares celebrara públicamente lo sucedido, pues finalmente es mérito de su gobierno y reflejo de la apertura que ha llegado con su administración, así como de la madurez política con que gobierna el Estado.

No faltarán sus detractores que lo verán como un revés político en su contra, lo cual en parte es cierto, pero en contrapartida, eso creo, pesa más la salud de la vida democrática de Veracruz, y lo ocurrido ayer por primera vez en la historia del Estado es la normalidad en las sociedades desarrolladas y democráticas del mundo, que son los espejos en los que nos debemos mirar.

Además, no deja de ser interesante que la oposición a la iniciativa no fue por oposición sistemática, como ocurría también en el pasado inmediato, sino porque, según dijo el diputado Fernando Kuri Kuri, que representa a un grupo plural en el Congreso, encontraron inconsistencias y errores, pero dejó en claro que no se oponen a la reducción de ediles.

Otro diputado, Manuel Francisco Martínez Martínez, argumentó que la medida era inconstitucional ya que de acuerdo al artículo 105 de la Constitución Política, se establece que las leyes electorales, federales y locales, deberán aprobarse y publicarse cuando menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral. 

Dijo que la carta magna establece que durante el proceso no podrá haber modificaciones legales fundamentales, por ello, el cambio a la legislación local se debió haber aprobado a más tardar el pasado 10 de agosto del 2016, pues el 10 de noviembre de ese año comenzó el proceso local electoral. 

Aparte de las anteriores consideraciones, por otro lado, el rechazo a la iniciativa evidenció falta de cabildeo o de negociación de la bancada panista, que no pudo sacar adelante la propuesta del gobernador de su partido (una noche anterior, mientras las bancadas de la oposición se quedaban hasta altas horas de la noche a revisar con lupa el dictamen y todos los ángulos legales, los panistas se fueron temprano a dormir confiados en que la mayoría votaría a favor, y que les dan palo).

El hecho ahí queda para la historia y los veracruzanos debemos saludar este avance democrático que seguramente en el futuro inmediato, mediato y a largo plazo nos pondrá a salvo de que volvamos a padecer a otro Javier Duarte, a quien por vergonzoso servilismo y vasallaje los diputados de su partido y de oposición, con sus honrosas excepciones (como la de Ricardo Ahued Bardahuil), le aprobaron todas sus ocurrencias que sumieron al Estado en una crisis económica y social que llevará pagar a varias generaciones de veracruzanos, a nuestros hijos y a nuestros nietos.

Confirma Narro hallazgo de medicamento caduco

El jueves pasado, en “Prosa aprisa” consideré una investigación oportuna y necesaria la que anunció el Secretario de Salud del Gobierno federal, José Narro Robles, para poner en claro el caso de las quimioterapias falsas que presuntamente recibieron niños del Estado.

Mediante tres mensajes que divulgó un día anterior por la tarde a través de su cuenta de Twitter, dijo que sobre la denuncia del caso había enviado personal especializado para iniciar la investigación correspondiente.

Agregó que había instruido a personal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a que investigara a profundidad, con base técnica y científica, las posibles irregularidades sanitarias.

Informó que la dependencia a su cargo haría una investigación a fondo en el ámbito de sus atribuciones, que contribuyera a esclarecer los hechos.

Por su parte, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares había dicho en conferencia que había solicitado el apoyo y la intervención de la dependencia federal para esclarecer el presunto uso de medicamentos oncológicos apócrifos.

Si bien sigue pendiente el resultado de la investigación sobre el caso de los medicamentos oncológicos, ayer el doctor Narro ya ofreció un primer resultado sobre el trabajo que realizan sus muchachos en Veracruz y se confirma lo peor: "Encontramos desorden en el sistema de almacenamiento, 11 toneladas de medicamentos caducados y 47 mil pruebas sin registro sanitario". 

Las pruebas son de VIH, que no se sabe si fueron utilizadas o no. Al no tener registro sanitario, no debieron haber sido compradas. O sea, se confirma el caso de corrupción.

Es importante la información del exrector de la UNAM porque es una autoridad independiente y ajena a los intereses del Estado, es un mexicano con una gran autoridad moral y, por si faltara algo, es consejero político nacional del PRI, como para que nadie diga que actúa a favor de un gobierno panista, como lo es el de Veracruz.

Pero en este caso, al final lo del dinero pasa a segundo término porque lo más grave y criminal es haber dejado perder medicinas que hubieran aliviado padecimientos o salvado vidas de veracruzanos en situación de pobreza, que son los que recurren a los hospitales públicos. 

Indigna también que se haya jugado con vidas humanas con el uso de pruebas sin registro.

¿Por qué no se distribuyó ese medicamento si los hospitales estaban reclamando y quejándose que no tenían y muchos todavía no tienen? ¿Es que acaso el medicamento lo compraron ya caducado y a precio de saldo pero les sirvió para disfrazar un cuantioso fraude, mostrándolo y dando apariencia de legalidad, pero que sólo servía para facturar millones y millones de pesos que se robaron?

Los autores no tienen perdón de Dios ni de la sociedad. Ojalá y haya castigo sin piedad, como no la tuvo esta pandilla de criminales y rateros que ahora se rasga las vestiduras y alega inocencia y habla hasta de ética y moral. 

​