Preocupante la agresión ayer en Orizaba en contra de la compañera periodista Guadalupe Fuentes Barco, ahora también candidata de Morena a la alcaldía de esa ciudad, a quien balearon su casa. Mi más enérgica condena y mi exigencia a las autoridades para que garanticen su integridad así como la de su familia. Compañera mía de muchos días de reporteo juntos por su zona, a Lupita, como cariñosamente le decimos, le expreso mi solidaridad y le envío mi más fuerte abrazo.

Qué duda cabe. Cuán sano para la vida pública del Estado es el contrapeso entre los Poderes, en especial entre el Ejecutivo y el Legislativo.

El equilibrio de Poderes fortalece la democracia, la auténtica democracia, que aunque todavía no en el nivel deseable que todos quisiéramos tiene ya asomos en Veracruz.

Que los veracruzanos representados en el Congreso local a través de diputados responsables cuestionen al Gobernador con razones, con argumentos, no con gritos ni descalificaciones, es bastante alentador.

Llama la atención algo que en las sociedades altamente desarrolladas, democráticas, es algo común: no permitir que se imponga sólo la voluntad de un  gobernante, cuestionándole sus decisiones y pidiéndole que rinda cuentas.

En México ahora mismo tenemos un espejo gigante en el cual nos podemos ver: Estados Unidos, donde lo mismo en el Congreso que entre miembros de la judicatura han venido frenando las decisiones del presidente Trump, porque no están de acuerdo con ellas, porque las consideran lesivas.

En Veracruz, primero el Grupo Legislativo Mixto “Juntos por Veracruz” (PRI-PVEM-AVE-Panal), con argumentos se opuso a la restructuración de la deuda pública que pretendía el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. En su posicionamiento hablaron de incongruencia y opacidad, y lo sustentaron.

Ahora, ayer, fue el Grupo Legislativo de Morena el que también salió, con razones y argumentos legales, a denunciar que no hay propuestas de ajustes a la Ley de  Ingresos y al Presupuesto de Egresos de este año.

Ello ocurrió antes de que la Diputación Permanente de la LXIV Legislatura diera entrada y remitiera a la Comisión Permanente de  Hacienda del Estado el documento que presentó el titular del Poder Ejecutivo, en el que informa sobre el “ajuste a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2017”.

En ese documento, el Gobernador informa de la aplicación de la Ley de Ingresos y Presupuesto 2017 al cual –cita su escrito- se realizarán los ajustes que sean necesarios durante el año.

La diputación de Morena, a través de su coordinador, Amado Cruz Malpica, dijo que no hay tales propuestas de ajustes y que todo se redujo a la remisión de un Power Point de la política económica del Estado.

La postura de los Mixtos

El 16 de marzo, al oponerse a que se aprobara la petición del Gobernador, los diputados “mixtos”, por voz de su coordinador Fernando Kuri, dijeron que el dictamen no respondía al discurso del gobernante de que sin la reestructuración Veracruz no tenía viabilidad y que la crisis económica y financiera se agudizaría.

“Se ha dicho de forma reiterada que la reestructuración era fundamental para atender el déficit que el gobierno tiene, el cual, según lo declarado por el Gobernador… ascendería a 25 mil millones de pesos para abril de 2017 si esta soberanía no le aprobaba la iniciativa enviada”.

Denunciaron entonces que el desconocimiento general del Congreso de los asuntos financieros  de Veracruz había sido generado por la opacidad de la Secretaría de Finanzas y Planeación, “que a cuenta gotas ha hecho llegar información a modo,  de tal manera que las cosas parezcan más graves de lo que son”. 

Pusieron como ejemplo el dictamen de la iniciativa que, dijeron, no incluía ni montos a liberar, ni tasas por costos operacionales, ni información fundamental que era necesaria para tomar una decisión y que en un anterior proyecto se incluía. 

“Hoy vemos que la Comisión Dictaminadora le corrigió la iniciativa al gobernador y ahora tenemos un documento para ser aprobado muy diferente al que se publicó el 24 de enero pasado en la Gaceta Legislativa, tanto que se incluyen 4 mil millones más de deuda,                                                 que no estaban considerados en la iniciativa original”.

Dijeron que en el primer proyecto de dictamen que se circuló para el análisis y consulta de los diputados se hablaba en los considerandos de “una liberación total de recursos en la presente administración por 3 mil 724 millones de pesos”, pero que ya no aparecía en el nuevo que les estaban presentando, “lo que hace suponer se quiere esconder la información sobre cuánto dinero se liberará con la reestructuración para su uso discrecional”.

Alegaron que ello implicaba que en 2017 habría una liberación promedio de 1,862 millones de pesos, y otro monto similar para 2018. “Pero no todo queda ahí. En el proyecto inicial se establecía que este monto serviría para cubrir el déficit de las finanzas estatales,  ahora sólo se refiere a mantener la sustentabilidad de las finanzas públicas, ¿es decir, ya no existe el déficit?”

Preguntaron también: “¿Qué no hay urgencia para reestructurar? ¿Ahora se busca posponer la reestructuración total? ¿Será porque los recursos que se han recuperado de la administración de Duarte no se destinan a cubrir el déficit financiero? ¿Acaso se están destinando a otros rubros, como seguir en campaña?”

Dijeron que el Gobierno del Estado si recibiría recursos, que mediante los fideicomisos podrían ser utilizados para “operaciones de inversión” como lo establece la fracción 7 de la cláusula Séptima, ante lo que volvieron a preguntar: “¿Por eso no se atiende la demanda de los presidentes municipales y sólo se les da un plácebo, una promesa de que podría haber recursos para que terminen sus obras de 2016?”

Los argumentos de Morena

Los diputados de Morena informaron ayer que el pasado 30 de marzo, el Gobernador envió un oficio donde informa a la presidenta del Congreso que aplicará la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2017 aprobado el 30 de diciembre pasado a pesar de que refrenda que es deficitario y que no está alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo.

“El gobernador se desentiende de la observancia de la Ley al no presentar las modificaciones a las que lo obligaba el artículo quinto transitorio del decreto del Presupuesto de Egresos 2017, que la mayoría de los diputados aprobaron”, dijeron.

Mencionaron el contenido de dicho artículo transitorio, que señala: “Quinto. El Poder Ejecutivo del Estado, en un plazo que no excederá de noventa días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá presentar ante el H. Congreso del Estado una propuesta de ajustes a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2017, con la finalidad de incorporar en su cuerpo normativo las previsiones que resulten necesarias para cumplir los siguientes propósitos:” (los mencionan a continuación).

Expresaron que no obstante ello, en el oficio que remitió al Congreso, el Gobernador se limitó a señalar que: “Durante el año se harán los ajustes que sean necesarios, mismos que se notificarán puntualmente a esa Soberanía…”.

A juicio de ellos, éso no satisface el mandato de ley que previene que el Gobernador debía presentar propuestas de ajustes a la  Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos 2017, a los decretos aprobados el 30 de diciembre, para que el Congreso las estudiara y en su caso, aprobara.

Por ello, dijeron que el Ejecutivo rompe el principio de división de poder en materia financiera al excluir a la representación popular del conocimiento de los ajustes y limitandola a ser notificada de los ajustes que se realicen. 

Señalaron: “Es inaceptable que con un power point pretenda llevar a cabo una modificación presupuestal que no da cuenta de los objetivos que se ajustan, de las metas y de los indicadores que se modifican, y, sobre todo, de lo que se hará con los recursos asignados. Un presupuesto no es una bolsa de dinero que pueda ejercerse como cada gobernador lo quiera, es producto de un orden constitucional a observar y de un conjunto de leyes reglamentarias”.

Incongruencias

Recordaron que en las presentaciones de los secretarios de despacho ante los diputados, señalaban la posibilidad de reducir más que lo propuesto por el Gobernador, “siendo una sorpresa que es el propio Gobernador quien desalienta esos esfuerzos”. Pusieron ejemplos.

La Oficina del Programa de Gobierno propuso 13.13% de reducción y el Gobernador propone sólo 6.64%; la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 2.99% y el Ejecutivo 0.0%.

Agregaron que en sentido contrario, otras dependencias impugnan las reducciones señalando que sus actividades se verían seriamente afectadas dejando de cumplir actividades ante la falta de presupuesto.

La Fiscalía General señala que el presupuesto aprobado en diciembre fue violatorio a lo establecido en el artículo 67 de la Constitución local, al no otorgarle a esta dependencia el 1.5 del monto total del presupuesto total del Estado.

El Tribunal Electoral del Estado, al tener una asignación en el Presupuesto de Egresos 2017 por un monto de 74,741,574.73 de pesos menor a su solicitud, considera que en el próximo proceso electoral no podría asegurarse plenamente la defensa jurídica de los derechos políticos electorales de los veracruzanos.

El CECyTEV reclama la disminución de 14,207,829 de pesos del ingreso aprobado por el Congreso, por parte de Sefiplan, pues se violenta la cláusula 8ª. del Convenio de Coordinación para la Creación y Apoyo Financiero del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, donde se estipula que su presupuesto debe estar integrado en 50% por lo entregado por la Federación y el restante entregado por el estado en la misma proporción. 

Se denuncia también que por instrucción de la Sefiplan, en oficio signado por Francisco Javier Jiménez Rocha, Subsecretario de Egresos, se establece la reducción arbitraria de 69,568,432 de pesos a institutos educativos de nivel medio superior y superior, lo que representa una disminución pareja de 10% del presupuesto, sin fundamentación presupuestal alguna, sólo como una instrucción administrativa dada a los directores y responsables de la planeación de las dependencias.