Lo que reclamó la diputada local panista Cinthya Amaranto Lobato Calderón la noche del miércoles pasado y que se hizo público el jueves gracias a un audio que se filtró a las redes sociales no fue más que destapar y exponer lo que es un verdadero lodazal, una inmundicia de corrupción en la que chapotean todos los diputados, de todos los partidos, hombres y mujeres, a menos que demuestren lo contrario y que ha desatado una feroz campaña de descalificación en su contra tanto en algunos medios (que lamentablemente se han prestado) como en las redes sociales.

La actual legislatura con mayoría panista y morenista heredó de la anterior priista un acuerdo no escrito que les permite el manejo de millones de pesos, de dinero de los veracruzanos, sin control alguno, sin que alguien los fiscalice y sin que den un informe público de ello, menos que lo transparenten.

Ese acuerdo consiste en que aparte de su “dieta” (su sueldo), 140 mil pesos mensuales, 70 quincenales, a cada uno se le otorgan 40 mil pesos mensuales para gastos de ellos, a comprobar (es lo único que comprueban), que les reponen mes a mes. Pero aparte, a cada bancada se le otorgan 100 mil pesos más por diputado, que muchas veces quedan al manejo discrecional del coordinador.

¿En qué se los gasta cada diputado si se supone que para eso les dan 40 mil mensuales aparte?, ¿a qué se destina ese dinero?, ¿se lo embolsan? La opacidad la encubren con el pretexto de que es para “trabajo legislativo”. ¿Cuál si no se ve o se sabe que hayan hecho algo que valga la pena?

Si son 50 los diputados, entonces estos “representantes populares” se llevan en conjunto 5 millones de pesos mensuales, de los cuales un millón 900 mil pesos son para los panistas y un millón 100 mil pesos para los morenistas, o sea, sólo entre esas dos bancadas 3 millones, lo cual resulta ofensivo cuando millones de veracruzanos sobreviven en la pobreza o en la pobreza extrema, cuando se dice que no hay dinero y por eso despidió a miles de trabajadores del Gobierno del Estado y a otros les rebajaron su sueldo que apenas y les alcanza para sobrevivir.

Si fuera dinero de su bolsa ni me ocuparía del tema, pero resulta que  todo ese dinero sale de lo que pagamos los veracruzanos en impuestos y servicios e indigna que se derroche hasta en borracheras y mujeres, como lo denunció la diputada Lobato Calderón.

Decepciona que quienes pregonaron en la campaña de 2016 que actuarían con transparencia y honestidad, quienes se rasgaban y se rasgan las vestiduras de actuar conforme a la ley, quienes se proclaman el cambio  que tanto esperábamos los veracruzanos hayan resultado iguales de corruptos que los priistas a los que tanto criticaban. Bien decía el honorable sacerdote e historiador de la Iglesia católica en Veracruz, Celestino Barradas, todos son lo mismo. No fue más que un quítate tú para que entre yo. 

Pero no se podía esperar otra cosa de una legislatura con mayoría panista que nunca se preocupó por hacer efectiva la investigación que ofreció para saber dónde quedaron los 75 millones de pesos que aparentemente en forma inexplicable desapareció la anterior con mayoría priista, y los blanquiazules no lo hicieron porque ahora se sabe que también estaban metidos en el ajo o que pactaron una negociación para hacerse de la vista gorda.

En “Prosa aprisa” del pasado 28 de diciembre comenté que en noviembre fuentes del Congreso local me habían comentado que el último día en funciones de la anterior legislatura, extrañamente de la Secretaría de Finanzas se habían depositado 140 millones de pesos a la caja de la legislatura saliente, cuando ya no había motivo.

“Me han corregido la cifra –dije entonces–. Me dicen que en realidad fueron sólo 75 millones de pesos y que sirvieron para apoyar con un pago extraordinario a los diputados salientes, entre quienes se repartieron 50 millones, y los 25 restantes fueron para los coordinadores de las bancadas así como para los miembros de la Comisión Permanente”.

Apunté que ese dinero habría entrado y salido de la cuenta de la Tesorería del Congreso, cuyo titular era entonces el contador Serafín Hernández Sagaón, operación que le habría valido que en agradecimiento por las atenciones a su padre Juan Nicolás Callejas Arroyo, entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, su hijo Juan Nicolás Callejas Roldán, ahora líder de la bancada priista, hubiera negociado para que lo dejaran como Director de Recursos Humanos de la nueva legislatura, donde cobró hasta que por el escándalo tuvo que dejar el cargo.

Comenté que Serafín, según la fuente, andaba muy preocupado porque esos 75 millones eran del presupuesto de 2016 y no daban los números para cumplir con los compromisos de fin de año como pagos, prestaciones y aguinaldos de diciembre. 

En realidad Serafín sólo había sido el operador porque hubo un documento autorizando la anomalía firmado por los entonces coordinadores de las bancadas Juan Nicolás Callejas Arroyo, del PRI y de la Junta de Coordinación Política; Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, del PAN (hoy flamante secretario de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado; Jesús Alberto Velázquez Flores, del PRD (hoy destapador de Miguel Ángel Yunes Linares como precandidato presidencial); Juan Eduardo Robles Castellanos, del PVEM; y Jaqueline García Hernández, del Panal.

El 4 de enero, en una conferencia de prensa para fijar su postura ante el aumento al precio de las gasolinas, el gobernador Yunes Linares confirmó que había autorizado un incremento de 75 millones de pesos a la nueva Legislatura para que pudiera hacer frente a los compromisos de fin de año ya que cuando entraron en funciones los nuevos legisladores se dieron cuenta que el presupuesto anual ya había sido aplicado en su totalidad por quienes los antecedieron.

Coincidentemente, en esa misma fecha el actual presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Hernández Hernández, informó que esa misma semana se contrataría al despacho que se encargaría de auditar ese sobreejercicio de 75 millones de pesos que había dejado la LXIII Legislatura y que se podrían fincar responsabilidades a funcionarios y exfuncionarios del Congreso local. 

Sobre el asunto, el 3 de enero pasado la presidenta de la Cámara de Diputados, María Elisa Manterola Sáinz, declaró: “La Legislatura anterior tuvo este subejercicio (de 75 millones), apenas se pidió cuentas, la ampliación fue el pasado jueves, entonces tiene que haber una investigación y además profunda para saber por qué tomaron un dinero que era para cerrar el ciclo del Congreso local”. Detalló que era para pagar a empleados, aguinaldos y para gastos del mes.

En los dos casos todo quedó en puro bla bla y nunca se hizo algo.

Lo que extraña ahora también es que los diputados de Morena han guardado silencio cuando supuestamente ellos son los representantes en la Tierra del castillo de la pureza, son la transparencia andando y no aceptan dinero y menos prácticas propias de la “mafia del poder”. ¿Por qué nadie salió a pedir que se investigue el señalamiento de la diputada Cinthya Lobato contra el diputado Sergio Hernández y su amanuense “Chico” Fuentes? Porque “son lo mismo” –dixit el padre Celestino Barradas.

Cosa de recordar que otra diputada local, Eva Cadena, presentó el 31 de mayo ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) una denuncia de hechos por el presunto uso de recursos del Congreso local para beneficiar las giras de Andrés Manuel López Obrador y financiar campañas de los candidatos de ese partido.

“Los recursos públicos del Congreso, en especial los bonos que deben servir para contratar estudios, para contratar expertos en los diversos temas que se manejan en las comisiones legislativas, en el caso específico de Morena, esos recursos que recibe el coordinador de la fracción parlamentaria, el diputado Amado Cruz, tengo conocimiento pleno de que se destinan a financiar actividades políticas y a las giras de su dirigente nacional por instrucciones de la diputada Rocío Nahle”, declaró.

Como prueba presentó documentos sobre las nóminas de personas que aparecían como consultores de Morena y que eran candidatos a las presidencias municipales.

No. No se trata de Cinthya contra Sergio. Se trata de toda una cloaca, de un lodazal, de una inmundicia, del desvío de recursos públicos, del mal uso del dinero de los veracruzanos. Si algo se le debe agradecer a la diputada Lobato Calderón es que haya dado pie a que se conozca todo este estercolero (no hay que olvidar que el propio Fiscal del Estado Jorge Winckler declaró el pasado 3 de mayo en rueda de prensa que “todos los diputados son una bola de corruptos y me dan vergüenza”).

La hipocrecía de panistas y morenos salta a la vista, pues supuestamente se pelean cuando se cobijan bajo el mismo manto de la corrupción.