​Cuánta similitud con el pasado reciente.

En la renovación para la gubernatura de 2010, Fidel Herrera Beltrán buscó un sucesor a modo para que le cuidara la espalda a su salida.

Javier Duarte cumplió con creces. Absorbió sin chistar la deuda que le heredaban, de 21 mil millones de pesos, y la cargó a su cuenta. Con ello limpió la administración que le antecedía… y se echó la soga al cuello.

En el cambio de gobierno de 2016, Duarte trató de imponer a toda costa como candidato a Alberto Silva Ramos para que lo relevara y lo ayudara a salir limpio. Le falló la jugada y las consecuencias las paga ahora en prisión.

Para la sucesión gubernamental de 2018, Miguel Ángel Yunes Linares logró imponer a su hijo del mismo nombre como candidato para que lo sucediera y lo cubriera por todo el gasto que estaba haciendo para coronar con éxito la empresa de ambos. Igual, falló y las consecuencias están por venir.

Antes de irse, Duarte blindó a sus más cercanos, que habían manejado y desviado recursos para sus fines personales, dotándolos de fuero. En el camino, para salvarse de la cárcel, algunos terminaron traicionándolo testimoniando en su contra.

¿A la actual y joven senadora Indira Rosales San Román la blindó el gobernador imponiéndola como candidata y haciéndola senadora para dotarla de fuero ante el millonario desvío de recursos que se hizo en la Sedesol estatal cuando ella fue la titular, de acuerdo con lo que acaba de poner al descubierto públicamente el ORFIS?

No es la única señalada por el dedo de la fiscalización, pero es el pez más gordo. La revelación del resultado de las auditorías de la Cuenta Pública 2017 marca el inicio del camino al Gólgota de varios yunistas, por el calvario que van a vivir cuando los gobiernos de Morena (el estatal y el federal) comiencen a aplicar la ley para tratar de resarcir los daños causados al patrimonio estatal y a castigar a los responsables.

En el caso de la senadora, es cierto, tiene fuero, pero eso nada le garantiza que no se le llame a rendir cuentas ya que puede ser sometida a juicio político para quitarle la inmunidad por parte de la aplanadora que tiene en el Congreso federal el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, enemigo declarado del gobernador saliente quien es protector de la ya implicada.

Con tal de evitar cualquier juicio, llegado el momento, ¿cantaría Indira también para salvar el pellejo y hundir a su jefe? ¿Se convertirá en la émula femenina de Antonio Tarek Abdalá?

La actual administración panista, saliente, finalmente confirmó la tesis del priista Salvador Manzur y la siguió al pie de la letra: los programas sociales son oro molido. Y había que aprovecharlos. ¿No qué no?

Ante el panismo, informe del ORFIS pega al yunismo

Tan solo en el primer año del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) de Veracruz detectó un presunto desvío de recursos por más de 338 millones de pesos.

Habrá que esperar el reporte del segundo año correspondiente al ejercicio 2018, año de precampañas, campañas políticas y elección, en el que presume que se dispararon las anomalías y que el monto desviado será superior, con creces.

Si se reconfirma el daño patrimonial, la administración que tanto ha criticado a la de Javier Duarte por actos de corrupción quedará sin ninguna autoridad moral para seguir haciendo reclamos y vistiéndose con el manto de la transparencia y la honestidad.

De entrada, el actual gobierno está ya en entredicho, en el peor momento cuando está en puerta la salida y a días de que se inicie la entrega-recepción al nuevo gobierno, que seguramente endurecerá sus medidas de recepción en aras de que no le den gato por liebre.

A reserva de comentar con amplitud el caso de la Secretaría de Desarrollo Social estatal, que merece una consideración aparte, el señalamiento del ORFIS no puede desligarse, de ninguna manera, del escenario político panista de cara al futuro inmediato y mediato.

No resulta cosa menor que al extitular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y hoy senador, Julen Rementería del Puerto, se le reconoció limpio pues se informó que no se le encontró daño patrimonial a su gestión y que las obras de su periodo se ejecutaron o están con avances significativos, sin presentar precios inflados o deficiencias en su construcción.

Llama la atención que incluso se dijo que no se pudo comprobar que hubiera entregado contratos a empresas fantasma y que todo estuvo en orden en el otorgamiento de contratos al dirigente estatal del PAN José Mancha, aunque se dejó abierto que ante la posibilidad de que pudiera haber inconsistencias se continúe investigando.

Julen, pues, está limpio, según el ORFIS, aval que habrá de gravitar a su favor dentro de las filas de su partido y que lo fortalece en su carrera para poder ser el candidato del PAN a la gubernatura en 2018, capital que puede incrementar si hace un buen papel en la Cámara alta del Congreso de la Unión a favor de los veracruzanos.

Algo que me llamó la atención en su caso es la experiencia que ha adquirido como político, pues se anticipó bien para hacer una contención de probables daños a su imagen con un buen manejo de prensa, ya que incluso antes de que el ORFIS diera a conocer su dictamen ya se estaba publicando que su gestión estaba limpia.

Me dejó la idea de que él sí sabe el importante papel que juega la prensa y lo determinante que puede ser para el éxito de un proyecto político, aunque habrá que esperar para ver si está convencido de ello.

El hecho de que el ORFIS le otorgue el aval a su trabajo en la administración pública lo pone en mejores condiciones en el carril de arranque rumbo a 2024, en comparación con el candidato perdedor en la pasada elección, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien intentará repetir aunque su suerte está ligada a la de su padre, ahora cuestionado, lo que les puede resultar una losa demasiado pesada  y frenarlos.

Pero Julen no se precipita. A finales de agosto coincidí con él en una reunión y lo advertí muy cauto en cuanto al futuro político. Seguramente primero quería pasar la prueba de la auditoría y luego planear los pasos a seguir. Él ya puede empezar el trote. Sus posibles adversarios están anclados por ahora con un enorme obstáculo de 338 millones de pesos, más lo que se acumule.

Se faja los pantalones Toño Portilla

¡Carajo! En verdad que sorprendió el auditor superior Lorenzo Antonio Portilla Vásquez pues sus detractores esperaban que tratara de encubrir anomalías de la actual administración por agradar a o por temor al gobernador que ya se va.

El hombre le pegó duro a una de las piñatas más grandes de la administración, la de la Sedesol estatal, en donde está implicada la extitular y ahora también senadora Rosales San Román, una de las consentidas de los palacios de gobierno de Xalapa y municipal de Boca del Río.

Ella sería una de las cartas del yunismo azul para proyectarla también con miras a 2024, pero el golpe de Toño Portilla puede haber aniquilado ya su futuro político.

La decisión de Portilla de ir adelante, se trate de quien se trate, es un adelanto de lo que vendrá cuando revise la cuenta pública de 2018, pues si no se tentó el corazón para actuar contra algunos yunistas cuando el jefe todavía está en el poder, qué no va a señalar cuando ya se haya ido y haya un gobierno moreno que exija ir a fondo.

Seguramente se desatará ahora una campaña en su contra para denostarlo y acusarlo de lo peor por no haberse quedado callado.