​Al menos 43 exalcaldes, pero cuyo número podría extenderse a 64, debieron haber perdido el sueño el martes pasado luego de que Sergio Vázquez Jiménez, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, solicitó a la Contraloría Interna del Poder Legislativo que abra una investigación y sancione administrativa y/o penalmente a los exdiputados de la Comisión Permanente de Vigilancia de la LXIV Legislatura responsables de un presunto acto de corrupción.

Ello llevaría además a anular el Decreto 784 de dicha Comisión mediante el cual absolvieron indebidamente a esos expresidentes municipales del desvío de recursos por un monto de 325 millones 797 mil 801 pesos con 41 centavos.

También debieron haber perdido la tranquilidad los 12 exdiputados miembros de la citada Comisión que seguramente firmaron el documento, conscientes de la irregularidad que cometieron, presuntamente constitutiva de un delito, pensando que nunca se iba a poner en claro el trastupije que cometieron. Hicieron un trabajo muy chambón.

Mediante el citado decreto fueron aprobados los informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables correspondientes al ejercicio fiscal 2017. Sergio Vázquez dijo que se trató de “posibles actos de corrupción”.

Comentó que de acuerdo a información proporcionada en denuncias que se recibieron, la Comisión de Vigilancia recibió documentación “y argumentaciones” para solventar observaciones de daño patrimonial en el ejercicio fiscal 2017 que hizo el Orfis, cuando la fiscalización la debía realizar el Congreso local pero a través del Órgano de Fiscalización Superior.

Argumentó también que la valoración de las pruebas que se hubieran presentado derivado del procedimiento de fiscalización correspondía igualmente al Orfis y no a la Comisión de Vigilancia.

Afirmó que aunado a ello se solventó de daño patrimonial a varios municipios (ayuntamientos) no obstante que no presentaron documentos para saldar las observaciones,  “ya que no hubo documentación entregada tal y como se puede observar en las actas de entrega recepción por el cambio de administración”. 

“Es cuestionable la manera como la Comisión de Vigilancia de la pasada Legislatura de Veracruz validó esta información si los municipios carecen de ella y qué valor procesal les otorgó”.

El 1 de octubre el titular del Orfis Lorenzo Antonio Portilla Vásquez entregó el informe de resultados de la Cuenta Pública 2017. Lo recibieron personalmente los diputados Juan Manuel de Unanue Abascal, Fernando Kuri Kuri, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, presidente, secretario y vocal de la Comisión de Vigilancia, respectivamente, así como la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, María Elisa Manterola Sáinz, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Hernández Hernández.

El organismo reportó entonces un presunto daño patrimonial por 1,102 millones 373 mil 460 pesos con 26 centavos. Escasos veinte días después, sin gran discusión y en menos de una hora, el Congreso aprobó la Cuenta Pública con 35 votos a favor, 12 en contra (de Morena) y una abstención. 

Los diputados rasuraron la cifra y la dejaron ¡en solo 776 millones 575 mil 658 pesos con 85 centavos! O sea, lavaron el desvío de recursos públicos por 325 millones 797 mil 801 pesos con 41 centavos. ¡Uf!

Según el entonces diputado De Unanue Abascal, varios entes fiscalizables entregaron la documentación probatoria del uso de los recursos públicos por lo cual diversos señalamientos fueron solventados. De acuerdo a su dictamen, 21 municipios solventaron parcialmente y 43 solventaron totalmente, o sea 64.

Vale la pena mencionar quienes formaban la Comisión Permanente de Vigilancia en la Legislatura que recién concluyó aparte de De Unanue, de Kuri y de Copete Zapot: Rodrigo García Escalante, Carlos Antonio Morales Guevara, José Manuel Sánchez Martínez, María del Rocío Pérez Pérez (Morena), Judith Pineda Andrade, Juan Manuel del Castillo González, Bingen Rementería Molina, Lourdes García González (Morena), Juan Nicolás Callejas Roldán, María Adela Escamilla Moreno, Marco Antonio Núñez López y Daniela Guadalupe Griego Ceballos (Morena).

Se pudieron haber equivocado en la fiscalización uno, dos, diez, treinta quizá hasta cincuenta auditores expertos del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis), ¿pero los trescientos que tiene el organismo?

Pudieron haber hecho estimaciones equivocadas por, ¿cuánto le gusta?, unos 5, 10, 15, 20, 50 millones de pesos, y eso es mucho, pero ¿por más de 300 millones?

¿Es que acaso un puñado de quince diputados, simples grillos, supo más sobre auditorías financieras-presupuestales, auditorías técnicas a la obra pública, auditorías de legalidad y auditorías sobre el desempeño que los trescientos auditores especializados?

¿Cómo es que en escasos veinte días, los 12 miembros de la Comisión pudieron fiscalizar el trabajo de los fiscalizadores profesionales y establecer que al menos 43 ayuntamientos no desviaron ni un quinto y resultaron unas blanquísimas palomas no obstante que, como dejó en claro Sergio Vázquez Jiménez, no entregaron ninguna documentación?

Al menos en el caso de los alcaldes implicados que fueron “solventados”, fuentes dignas de todo crédito revelaron a “Prosa aprisa” que según el monto de lo que desviaron y que les fue detectado, pagaron proporcionalmente en efectivo, constante y sonante, entre 10 y 20 por ciento a miembros de la Comisión para que dictaminaran que habían solventado y que quedaban limpios.

Quienes habrían orquestado los acuerdos con los alcaldes que accedieron a mocharse fueron los responsables del área técnica de Fiscalización de la LXIV Legislatura, el secretario de Fiscalización Rafael Herrera Martínez, el director de Auditoria, Carlos Ochoa Lendechi, y la secretaria técnica de la Comisión de Vigilancia, Miriam Echandi Juárez.  

Esta podría ser la explicación al pánico que invadió a los panistas-yunistas cuando se enteraron que los diputados de Morena iban a tomar el Congreso y por eso corrieron a atrincherarse y a resguardar a piedra y lodo archivos y documentos que se cree que tienen toda la negra historia de la supuesta solventación, es decir, todas las irregularidades de los miembros de la Comisión de Vigilancia que les permitieron un gran negocio e irse a unos o acaso a todos multimillonarios.

La pregunta es: ¿Cuántos y quiénes de los mencionados, exceptuando a los de Morena que votaron en contra, están metidos en el ajo? ¿Fue un negocio de solo unos cuantos o le entraron todos, los 12 restantes sin contar a los morenistas? ¿Si fue de pocos, se la pasaron de humo al resto? ¿Salpicaron a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política? ¿Tuvo alcance hasta el Palacio de Gobierno?

Se sabe que algunos de esos diputados ya no están en Xalapa ni en el Estado. Estarían ya escondidos.

Por eso deben padecer insomnio los exalcaldes que ingenuamente se mocharon. No solo les birlaron una buena cantidad sino que si echan abajo el Decreto 784 serán llamados a cuenta y si no solventan les puede esperar Pacho Viejo.

Lo preocupante ahora para los exdiputados que cobraron los moches debe ser que algunos de los exalcaldes timados, o todos, hablen, denuncien públicamente el engaño de que fueron objeto, o en corto den pelos y señales a los nuevos diputados de Morena o al propio gobernador electo Cuitláhuac García y al futuro nuevo Secretario de Gobierno Eric Cisneros y vayan por ellos.

Habrá que ver este jueves qué actitud toma sobre el asunto la nueva bancada mayoritaria de Morena en la primera sesión de trabajo de la recién estrenada LXV Legislatura.

Todo un batidero de corrupción. Y criticaban a Duarte.

El contralor interno, empleado de Sergio Hernández

El contralor interno del Poder Legislativo, quien recibió la denuncia y es el que debe investigar el caso, se llama René Buenrostro Hernández, pero era empleado del expresidente de la Jucopo, Sergio Hernández, quien lo impuso en el cargo.

Entró en funciones apenas el pasado 14 de agosto y dijo entonces que trabajaría apegado a derecho, con ética y profesionalismo, manifestando que la contraloría a su cargo es parte fundamental del engranaje del Sistema Estatal Anticorrupción, que a su vez está enlazado con el Sistema Nacional.

Pero, váyase para atrás, fue otro de los que se atrincheró cuando los morenistas intentaron tomar el Congreso y también se fue sobre archivos y documentos que podrían significarles muchos años de cárcel. 

Yunes renovó pasaporte y huyó… ¡a Teocelo!

Ayer el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares acudió a renovar su pasaporte a la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Xalapa.

Cuando empezaron a circular en las redes sociales  las fotos en donde se le ve con la delegada de la SRE Lorena Piñón, la visita se volvió tema del momento (trending topic).

Que si ya, al estilo Javier Duarte, emprendía la huida antes de terminar su mandato luego de que Morena pidió a la PGR que informe cómo van las investigaciones sobre acusaciones que le han hecho.

Y resultó que sí, que igual que el gordo Duarte, Miguel salió de la delegación derechito rumbo a un helicóptero para salir de volada… ¡rumbo a Teocelo!, donde aterrizó para realizar una visita.

Resulta lógico pensar que si renovó su pasaporte es porque piensa salir del país, pero pienso que si quisiera huir no lo haría mostrándose a la vista de todos.

Pero la chunga estuvo buena, nos sacó del sopor de la rutina y al menos solo así les quitó, aunque fuera por un momento, los reflectores a los morenistas, que ahora están de moda.

Quién es la diputada Dorheny

A propósito, la joven diputada federal de Morena, Dorheny García Cayetano, quien pidió cuentas a la PGR sobre Yunes Linares, está considerada entre las cinco personas más cercanas al gobernador Cuitláhuac García.

Xalapeña, le llevó la agenda e hizo funciones de su secretaria particular antes de irse a San Lázaro; del grupo de jóvenes que traía en la campaña era la mujer más cercana a él.

Luego entonces, el asunto contra el gobernador va en serio.