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Arturo Reyes Isidoro

Prosa Aprisa

Caso Comisión de Vigilancia, va

23/11/2018 08:13 a.m.

Me pregunto qué tanta responsabilidad directa tiene el gobernandor Miguel Ángel Yunes Linares en situaciones irregulares, por llamarles de alguna manera, que van quedando al descubierto a punto de entregar la administración.

La pregunta es porque finalmente como titular del Ejecutivo es el responsable general de la conducción del gobierno y se supone que estuvo al tanto de lo que hacían o deshacían personas en las que él confió, que lo harían responsable indirecto de conductas que habrían caído en situaciones ilícitas.

Esas personas serían tanto de la administración estatal como del Poder Legislativo, especialmente de la recién pasada LXIV Legislatura, algunas de las cuales sobreviven en la actual, y que me atrevo a pensar que se fueron por la libre abusando de la confianza de su jefe.

En “Prosa aprisa” del pasado 8 de noviembre, con el título “El gran negocio de la Comisión de Vigilancia”, me ocupé de la solicitud que había hecho dos días antes el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Sergio Vázquez Jiménez, para que la Contraloría Interna del Poder Legislativo abriera una investigación y sancionara administrativa y/o penalmente a los exdiputados de la Comisión Permanente de Vigilancia por presuntos actos de corrupción.

La petición conllevaba la anulación del Decreto 784 de dicha Comisión mediante el cual absolvieron indebidamente a 43 expresidentes municipales, que podrían llevar a 64, del desvío de recursos por un monto de 325 millones 797 mil 801 pesos con 41 centavos (él habla de 327 millones en números cerrados).

Dije entonces textualmente: “Al menos, en el caso de los alcaldes implicados que fueron ‘solventados’, fuentes dignas de todo crédito revelaron a ‘Prosa aprisa’ que según el monto de lo que desviaron y que les fue detectado, pagaron proporcionalmente en efectivo, constante y sonante, entre 10 y 20 por ciento a miembros de la Comisión para que dictaminaran que habían solventado y que quedaban limpios”.


Mencioné entonces a funcionarios del área técnica de Fiscalización de la LXIV Legislatura que habrían operado, mencionando entre ellos al director de Auditoría Carlos Ochoa Lendechi.

En la columna del pasado miércoles (“Huele a gato encerrado”) apunté que: “Quizá previendo el problema que se venía, el 7 de noviembre el propio titular del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, se deslindó de cualquier situación o irregularidad que se pudiera generar luego de que había entregado los informes de resultados de fiscalización a las Cuentas Públicas del ejercicio 2017”. Creo que se lavó a tiempo las manos porque todo indica que se viene un tsunami sobre el caso.

La petición de Sergio Vázquez tuvo eco y le dieron entrada en la actual Legislatura, ya bajo el control de Morena.

Ayer, el presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura, José Manuel Pozos Castro fue entrevistado sobre el caso y actuó en forma correcta declarando que no se puede afirmar que haya irregularidades en la Cuenta Pública 2017 porque decirlo “es responsabilidad de la Comisión que está analizando esto”, es decir, no lo afirmó pero tampoco lo negó y dejó abierta la respuesta al órgano responsable.

Ese órgano responsable en primeras instancia es la Contraloría Interna, no alguna comisión, que está a cargo de René Buenrostro Hernández, impuesto por el diputado panista y expresidente de la Junta de Coordinación Política Sergio Hernández, de quien era empleado.

Ya se verá con qué sale, pero lo que se sabe en fuentes de Morena es que la investigación irá a fondo pues al parecer alguien o algunos de los exalcaldes que habrían entregados moches ya empezaron a “cantar” y el círculo de responsables se cerraría de los quince diputados de la Comisión de Vigilancia pasada a solo tres teniendo como operador al señor Ochoa Lendechi.

Los informantes habrían revelado que este los contactó y los llevó a cerrar los tratos a un edificio de la avenida Orizaba, atrás de un laboratorio de análisis clínicos. También detectaron que cuando el escándalo estalló, Ochoa Lendechi se desapareció.

Si se llega a probar el ilícito, me atrevo a pensar que el gobernador Yunes Linares no habría estado enterado; que los responsables, si los hay, habrían hecho todo por su cuenta sin informarle de nada. Pero si se confirma, de todos modos el escándalo le pegará a su administración cuando está a punto de concluir su gestión. Le habrían fallado las personas en las que confió y lo estarían comprometiendo.

Y van contra Winckler

El tema anterior estará ocupando la atención en la Legislatura en los próximos días, lo que se empatará con la solicitud de juicio político al todavía Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz.

Por la información que se tiene, todo indica que el juicio político procederá, y que después de ese caso vendrá también una acción para enjuiciar al Fiscal Anticorrupción del actual gobierno, Marcos Even Torres Zamudio. 

Entrega-recepción… y auditorías

Se va acercando la fecha final fijada para la entrega-recepción y ya se prepara para entrar en acción un ejército de auditores.

A estas alturas no hay ninguna duda de que existen muchas irregularidades y los auditores han sido instruidos de revisar todo y a fondo y no dejar pasar ninguna irregularidad.

El domingo, las nuevas funcionarias

Fijó el domingo el inminente nuevo gobernador constitucional Cuitláhuac García para dar a conocer los nombres de cinco mujeres que se integrarán a su equipo de trabajo. 

El martes manejé nombres de las probables: a la Oficialía Mayor de la SEV iría Ariadna Aguilar Amaya, a la Secretaría de Medio Ambiente Rocío Pérez Pérez, a la Secretaría de Protección Civil Guadalupe Osorno Maldonado, a la Contraloría General del Estado  Leslie Garibo Puga y al DIF-Estatal Ana Miriam Ferráez Centeno.

De todos modos, a veces surgen imprevistos y el gobernante en turno decide hacer cambios de última hora. La circunstancia siempre existe y ha existido. Por eso las cito como probables. Ya sabremos el domingo.

Montano se dio por aludido

En la columna de ayer expresé en un párrafo: “Con el Tío (Fidel Herrera), las de Elízabeth Morales García y de Silvio Lagos Galindo, del PRI, por Xalapa, y con Miguel Ángel (Yunes Linares) la de su sobrino Eduardo ‘Tato” Vega Yunes, del PAN, también por la capital del Estado, aunque la perdieron en tribunales, en su momento se manejó que porque el hoy gobernador la había negociado para favorecer a uno de sus hijos en Boca del Río”.

Hablaba yo de la trayectoria política de Francisco Garrido Sánchez y de diputaciones que habría ganado como coordinador de campaña.

Aunque nunca me ocupé de él ni lo mencioné por su nombre, el todavía delegado de Gobernación en el Estado, Alejandro Montano Guzmán, me escribió lo siguiente:

“Estimado Arturo

Te volvieron a engañar.  Queriendo ayudar a tu amigo. Lo dañas más escribiendo mentiras 

La Aleccion del Distrito 8 Federal en 2012.  Xalapa Rural

La gane por casi 3,000 votos de Diferencia al Tato

Las tres instancias Electorales me ratificaron el triunfo 

Después de abrir casi el 100% de las casillas 

Fue en verdad difícil ver ganado la eleccion.  Cuando había un acuerdo político 

Sin embargo gracias al apoyo de la gente del distrito GANE en todas las mesas que fueron a buscar revertir el triunfo 

Siempre he pensado en tu buena fe.  Lo que no se vale es escribir sin consultar la información oficial e histórica con otras fuentes 

Los que quisieron hacer daño y ganarla a la mala fueron ellos no Yo

Y los documentos están ahí

Fue tan exagerada su ambición q fue por sus desesperados esfuerzos de torcer la eleccion.  El último distrito q dieron a conocer el resultados 

Así q me los (impublicable) casilla por casilla 

Y en gratitud.  Hojala lo cheques 

Soy el Diputado Federal q mas gestión a hecho en muchos años en su distrito.  Cada fin de semana fui a cada localidad 

Gracias q ello

Ganó un Candidato q no era de la zona sino del distrito de Perote. Viviendo en Coatepec 

Hojala y aclares el tema pues en verdad afecto en tu credibilidad el engaño”.

Le dije que le publicaría su texto. Está en todo su derecho de réplica. Escribí que Garrido y “Tato” perdieron la elección en tribunales, lo que Montano confirma, y mencioné una versión que se manejó como la causa, pero nunca afirmé que él no hubiera ganado. Está servido.


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