​El 28 de noviembre de 2016, a punto del cambio de administración, el entonces Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, anunció en conferencia de prensa su decisión de renunciar al cargo con carácter de irrevocable.

Dijo que había decidido hacerlo para no ser factor de división ni encono, “por el contrario, lo que Veracruz necesita, hoy más que nunca, es unidad”.

Comentó ante los representantes de los medios que buscaba dejar el camino libre a la nueva Legislatura y al nuevo gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, para garantizar la procuración de justicia.

Había sido nombrado en el cargo el 30 de enero de 2015 y debía permanecer al frente de la Fiscalía por nueve años, esto es, hasta 2024. Su renuncia surtió efecto a partir del 1 de diciembre, al entrar la nueva administración.

Esa fue la formalidad. 

Para nadie fue un secreto que había sido forzado a dimitir por el gobernador entrante a cambio de que no se actuara en su contra por presuntos ilícitos como fiscal del gobierno de Duarte y para que se pudiera ir tranquilo. Hoy está en prisión porque no se le respetó el acuerdo tomado.

Luis Ángel entendió que no iba a “poder contra el mundo”, que seguramente iba a vivir un infierno con el gobierno yunista y que su permanencia en el cargo significaba días convulsos para la vida pública de Veracruz. En realidad fue una renuncia por motivos políticos.

El caso está fresco porque sucedió apenas hace 25 meses y de alguna manera marcó la ruta a seguir en casos como el suyo.

Por eso extraña que a quien le tomó protesta y dejó como su sucesor, Jorge Winckler Ortiz, que vive hoy un caso muy parecido al suyo, se aferra a irse cuando el propio gobernador Cuitláhuac García lo acusa de conductas ilícitas e incluso desde que era candidato anunció que pediría que se le sometiera a juicio político para quitarlo del cargo.

El abogado de origen oaxaqueño reitera que no se va, que recurrirá a todas las instancias legales hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que lo dejen permanecer en el cargo los siete años que le restan para cumplir el periodo para el que fue designado.

Su situación, a diferencia de la de Bravo Contreras, se ve más complicada porque no solo tiene al nuevo gobierno del Estado encima sino al propio gobierno federal con el presidente Andrés Manuel López Obrador al frente, por lo que se ve difícil que pudiera ganar una controversia pues aunque se diga que no, cuenta mucho el factor político a la hora de resolver.

¿Por qué, pues, se aferra Winckler y no se va y está expuesto ya al desgaste mediático y al escándalo que significará el juicio sumario legislativo al que todo indica que se le someterá?

Un caso que saltó ayer a la opinión pública y que amenaza convertirse en un escándalo político y legal puede ser la respuesta.

A temprana hora el portal SDP Noticias “subió” una nota del reportero Víctor Hugo Arteaga informando que el exGobernador Miguel Ángel Yunes Linares y el propio Fiscal recuperaron una propiedad del exSecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, con dinero público.

No soy lego en Derecho, pero lo que entiendo es que contrario a lo que estuvo pregonando, no fue cierto que el gobierno que se acaba de ir haya “recuperado” un inmueble en Estados Unidos adquirido presuntamente con recursos sustraídos ilícitamente durante la administración de Duarte, sino que compró el crédito y lo pagó con recursos de los veracruzanos para que el entonces gobernador Yunes lo presentara como un logro de su cacería contra los exduartistas, y Bermúdez declarara en contra de Duarte.

El reportero dijo que SDP tenía documentos en su poder que probaban que el ahora exgobernador había ordenado la transferencia de al menos 220 mil dólares, unos 4 millones 400 mil pesos al tipo de cambio entonces. El periodista dio detalles en su nota. 

Más tarde medios locales repercutieron la información, incluso en alcalorpolitico.com se publicó la copia facsimilar de la denuncia que presentó Bermúdez ante la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales que preside la diputada Mónica Robles Barajas pidiendo juicio contra Winckler pero en la que también involucra al exgobernador Yunes, al Fiscal Anticorrupción Marcos Even Torres Zamudio, al exSecretario de Gobierno Rogelio Franco Castán y a otros funcionarios.

Ahí detalla otras propiedades que también entregó, de todas las cuales dijo que fueran adquiridas lícitamente, así como el famoso rancho “La Cartuja” en Naolinco.

¿Qué relación podría tener la renuencia de Winckler a dejar el cargo y a aferrarse a él a piedra y lodo con el caso de la propiedad en Woodlands, Texas?

El Fiscal se resistiría a irse para no soltar los expedientes de ese y otros casos sonados que forzosamente caerían en manos de los gobiernos de Morena, federal y estatal, y entonces se pondrían al descubierto infinidad de irregularidades que podrían ser constitutivas de delitos.

Teniendo al “mundo” en su contra, no se ve imposible que finalmente caiga, y tal vez está consciente de ello, pero quizás piensa que luchando ante tribunales va a retrasar su salida y está dando tiempo a que los implicados, que él debe saber muy bien quienes son, preparen su defensa y se amparen, y retarden una posible aplicación de la ley si es que se prueba que hubo conductas ilícitas.

¿O por qué otra cosa no quiere hacer lo que Luis Ángel Bravo Contreras de presentar su renuncia para no ser factor de división y encono y abonar a la unidad de Veracruz?

Winckler, por sí o porque se lo ordenaron, cometió muchos atropellos en contra de actores políticos o de pacíficos ciudadanos como la detención de ingenieros mecánicos y electricistas de Medellín cuando se disponían a repartir despensas para damnificados de sismos, o cuando citó a comparecer ante la Fiscalía a la investigadora Rosío Córdova por un comentario que había hecho en una conferencia, a unos porque los quiso ligar con una funcionaria del PRI, a la otra por su vinculación con el actual alcalde de Xalapa Hipólito Rodríguez Herrero.

En estricto apego a la legalidad no se sostendría en el cargo si en Veracruz se respetara y se aplicara la justicia.

¿Cuántas cosas, documentos comprometedores que implicarían muchos años de cárcel, no oculta en el edificio del Circuito Presidentes en Xalapa? ¿Acaso está dando tiempo a que huyan y se escondan posibles responsables, o sea, les está facilitando la huída?

El gobernador Cuitláhuac García tuiteó ayer sobre la revelación de la nota periodística: “Lo advertimos, fue un fiasco y show mediático la ‘recuperación de bienes’, ‘denuncias’ e ‘investigaciones’ contra Duarte y sus ex funcionarios, el gobierno anterior pactó con ellos la negociación de propiedades a cambio de su libertad y bajar las penas. Empezará a salir la verdad”.

Por su parte, el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros, confirmó que ya se investiga si el exgobernador Yunes es responsable del señalamiento que le hace Bermúdez, pero destacó que también está involucrado Winckler, ante lo que aseguró que: “Me canso ganso que se va (del cargo)”.

Por la actitud que muestra Winckler, no se cree que lo van a tumbar de un día para otro, así que la prensa tiene nota para rato, y los lectores para entretenerse también.​