Hombre que sabe lo que hace y dice con respecto a finanzas y economía, el secretario de Finanzas y Planeación Tomás “Mano de Piedra” Ruiz González lo planteó con toda claridad: la tarea de gobernar implica a veces tomar medidas que no son las más populares en el corto plazo, pero que son necesarias, porque el populismo lo único que provoca es que a la larga la sociedad lo pague. Eso lo afirmó el primer día del año en Orizaba, donde a la pregunta de los reporteros: ¿Qué responde a los empresarios que están inconformes con los cambios al 2 por ciento a la nómina?, fue tajante y contundente: “Todo el peso de la ley para los empresarios que no cumplan con el pago de sus impuestos”. “Dijo que la instrucción que tiene de parte del mandatario estatal es que se apliquen todas las políticas que sean necesarias para garantizar que las familias veracruzanas observen mejorías en su nivel de vida. «Esta tareas de gobierno requieren a veces tomar medidas que no son populares en el corto plazo pero que van a sentar las bases para que realmente los veracruzanos prosperen»”, publicó la corresponsal de www.alcalorpolitico.com, Miryam Rodríguez Hernández. En otras palabras, lo que dijo el titular de finanzas del estado es lo mismo que planteó el ilustre ideólogo tuxpeño, Jesús Reyes Heroles, quien decía que el que quiere quedar bien con todos termina por no quedar bien con nadie, lo que de paso se aplicaría o encajaría muy bien en la persona de la presidenta municipal de Xalapa, Elizabeth Morales García, quien quiere quedar bien con Dios y con el Diablo pretendiendo condonar pagos a menesterosos pero también a empresarios, ganándose la reprobación de la mayoría de sus representados. La contundencia de las palabras de Ruiz González marcan el gran contraste entre la administración pública estatal y la municipal xalapeña, pues mientras que la primera hará pagar el impuesto por tenencia vehicular a quienes más dinero tienen, los que se pueden comprar una unidad de más de 230 mil pesos, la segunda –si es que la ley del ramo, el cabildo y la población se lo permiten– pretende condonar graciosamente un millonario adeudo por falta de pago del servicio de agua potable a cinco mil empresarios, según dijo la propia alcaldesa. Es decir, el gobierno estatal está en plan robinhoodesco, de quitar a los ricos para dar a los pobres, y el municipal, todo lo contrario. En diciembre, mientras los veracruzanos estaban de vacaciones (decir que disfrutaban o gozaban de vacaciones para muchos es hasta ofensivo por lo raquítico de sus ingresos), el Congreso local aprobaba medidas del ejecutivo del estado –“ajustes”, se ha dado en llamar– tendientes, sin duda alguna, a lograr la recuperación económica del estado luego de que la presidenta de la Comisión de Hacienda de la actual legislatura, la diputada Karime Aguilera Guzmán, ex titular de Espacios Educativos de la pasada administración, daba a conocer que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) había admitido que el gobierno inmediato anterior dejó una deuda por 25 mil millones de pesos, según una nota de la colega y amiga Regina Martínez, corresponsal de Proceso, de fecha 23 de diciembre. Así, a la par que la legislatura local aprobó el 27 de diciembre el subsidio del cien por ciento para el impuesto sobre tenencia vehicular con el propósito de beneficiar a las personas físicas propietarias de un automóvil cuyo valor no supere los 230 mil pesos y que se encuentren al corriente en sus pagos, aprobó ese mismo día también diversas reformas al Código Financiero y a las Leyes del Poder Ejecutivo y de Salud, que establecen el cambio de denominación del Impuesto Sobre Nóminas a Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, con el cual se amplía la base tributaria, que el pago de este gravamen será mediante contador público autorizado y también contempló la ampliación de la base del Impuesto Adicional para el Fomento a la Educación, se planteó un ajuste a las tarifas por concepto de derecho de control vehicular (engomado) y se creó el Registro Estatal de Personas Morales, Prestadoras de Servicios Médicos, Guarderías y Velatorios. Más allá de que una vez que pase la luna de la miel de los empresarios con la nueva administración o viceversa y que los hombres del billete peguen el grito en el cielo cuando sientan el apretón por las nuevas disposiciones, lo que no se puede negar es que atrás de toda esta reingeniería financiera o “ajustes”, como es la palabra de moda (está prohibido entre los funcionarios hablar de alzas, incrementos o nuevas tarifas), está el secretario Tomás Ruiz, quien seguramente con base en su experiencia acudió a todos los recursos posibles para allegar dinero fresco a la administración a fin de hacer frente a la crítica situación financiera y económica en que recibió el gobierno. Inteligente y político como se ve que es, por otro lado, el titular de la Sefiplan, con la fuerza de la dependencia que representa, tan pronto tuvo la oportunidad que le dieron los medios, no se anduvo por las ramas para lanzar su advertencia de que se aplicará todo el peso de la ley a los empresarios que no cumplan con sus nuevas obligaciones fiscales, y al dar la cara asumió la responsabilidad y sus consecuencias sin mencionar para nada al propio titular del ejecutivo el gobernador Javier Duarte. Mano firme, segura, pesada, de piedra, de hierro, sin contemplaciones ni titubeos, del secretario de Finanzas de la administración estatal, mientras que en el municipio a los empresarios incumplidos con el fisco los tratan con chiquiadores, guantes de seda, paracaídas, colchones acojinados y paños calientes. Digo que tan pronto pase la luna de miel los empresarios, cuando estudien a fondo las reformas financieras y de obligaciones fiscales, júrelo, van a brincar, pero no cabe duda que Tomás Ruiz González pensó en todo: se anticipó con un amortiguador, pues el 22 de diciembre anunció, según un comunicado oficial, que: “En aras de cumplir a cabalidad con las obligaciones adquiridas por la pasada administración, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa implementará un Programa de Reconocimiento de Adeudos que concluirá el próximo mes de abril.” En conferencia de prensa explicó que el mecanismo consiste en conocer los adeudos registrados en cada una de las dependencias y que forman parte del llamado Pasivo Circulante. “La instrucción del gobernador, explicó Ruiz González, es cubrir los adeudos, siempre y cuando se trate de compromisos realmente devengados, es decir, que los bienes, servicios u obras que hayan dado lugar a la deuda se hayan adquirido en tiempo y forma, de conformidad con los instrumentos jurídicos celebrados y en observancia de la normatividad correspondiente.” La zanahoria por delante, ¿no?